El Gobierno maniobra para ocultar los viajes de los altos cargos de Yolanda Díaz y Magdalena Valerio en Trabajo

Transparencia sigue dando tirones de oreja a Yolanda Díaz. Una vez más, la institución pública se ha opuesto a los argumentos esgrimidos por la Vicepresidencia de la líder de Sumar para no hacer públicos los viajes de sus altos cargos desde que accedió al Gobierno, como figura en una resolución a la que ha accedido Vozpópuli. El Consejo de Transparencia ha obligado a Trabajo a hacer pública esta información desde 2018, en tiempos de Magdalena Valerio. Su estrategia se ha basado en airear una vieja resolución que considera abusiva cualquier solicitud de información que suponga interrumpir el trabajo de estos cargos. Una excusa que no ha colado para Transparencia.

En concreto, se ha solicitado a la Vicepresidencia de Trabajo el listado de todos los viajes realizados por altos cargos del Ministerio desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad. También se pedía al Ejecutivo que indicase el objeto del viaje, el origen, el destino, la fecha de inicio, la fecha de fin y los gastos en que se haya incurrido, ya sean de desplazamiento, alojamiento o manutención, y sean gastos asociados al titular del cargo o a sus acompañantes (miembros de su gabinete, escoltas).

Cabe recordar que la agenda internacional de Díaz ha sido intensa, aprovechando su cargo para visitar al presidente Lula da Silva en Brasil o al Papa Francisco en el Vaticano. El Ministerio de Yolanda Díaz se negó a contar cuánto costó el viaje en Falcón hasta el Vaticano, así como el precio del alojamiento, la comida y el número de integrantes de su séquito. También ocultó los gastos y cargos que le acompañaron en su visita al entonces candidato a la Presidencia de Brasil. En ambos casos, el equipo de la de Sumar se ha enzarzado con Transparencia para no hacer públicos los detalles sobre sus trayectos.

En primera instancia, Trabajo rechazó dar información sobre los viajes de sus altos cargos en los últimos 5 años aduciendo que la solicitud no tenía una finalidad de transparencia: "Una vez analizada la solicitud, se considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que la solicitud no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley".

No interrumpir el trabajo de los altos cargos

La explicación de Trabajo no resultó satisfactoria, y tras una reclamación posterior argumentó mejor su posición. El Gobierno se apoyó en una resolución de Transparencia de 2016 para reseñar que entre las causas de "inadmisión de solicitudes de información que tenga un carácter abusivo" se encuentra aquella que "de ser atendida, requeriría un tratamiento que obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado".

Es decir, que explicar los viajes de los altos cargos supondría un esfuerzo tal que tendrían que paralizar su actual actividad para con los ciudadanos. Una argumentación que no ha convencido en absoluto al Consejo de Transparencia. En un reciente caso, Trabajo optó por una línea de defensa similar para ocultar los gastos en dietas, hoteles y viajes entre 2020 y 2022.

El organismo público recuerda al Gobierno que supuesto esgrimido por Trabajo debe darse en connivencia con otro hecho fundamental: "La ausencia de justificación en la finalidad de transparencia". "Ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal. En consecuencia, no se puede considerar justificado el carácter abusivo de la solicitud", sentencia el CTBG.

Transparencia da la estocada definitiva a Díaz y Valerio, ahora presidenta del Consejo de Estado, cuando apunta que "el listado de los viajes con los gastos abonados a los altos cargos y a sus acompañantes contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, por lo que entronca directamente con la finalidad de transparencia" que defiende la ley.

Por otra parte, el CTBG afea a Trabajo que no haya aportado una sola acreditación que demuestre que proporcionar esta información "pueda paralizar el funcionamiento normal del órgano competente".