El Gobierno maniobra para controlar el organismo que fiscaliza la labor de los 'lobbies'

La sombra del ciprés es alargada y también lo son los tentáculos del Gobierno de Pedro Sánchez. No bastándole con la colonización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Fiscalía General del Estado, RTVE o, próximamente, el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo prepara una Ley que le permitirá controlar al organismo que fiscalice la actividad de los 'lobbies' en nuestro país. De salir adelante en los términos actuales la 'Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés', el Ministerio de Hacienda y Función Pública albergará este poder de control, un paso atrás si lo que se busca es ahondar en la transparencia del sector.

De hecho, no es en absoluto lo habitual a nivel internacional. Tenemos el ejemplo más cercano en el país vecino, Francia, que cuenta con la Alta Autoridad para la Vida Pública para este fin. "Se trata de un organismo independiente, no forma parte de ningún ministerio y tiene recursos, capacidad de inspeccionar, controlar y sancionar económicamente. Además, vela no solo por la actividad de los grupos de interés, sino también por la vida pública", explica a Vozpópuli Jorge Fernández-Rúa, socio director de Cariotipo, consultora de comunicación y asuntos públicos.

En cambio, el Ministerio de María Jesús Montero plantea que sea la Oficina de Conflictos de Interés, dependiente del mismo, quien se encargue de vigilar el cumplimiento del código de conducta que plantea la norma, así como de la gestión del Registro de grupos de interés. "Facilitará el conocimiento por parte de la ciudadanía de la identidad de los citados grupos y de sus representantes, así como de las relaciones de los mismos con las personas con responsabilidad en la gestión de lo público", apunta el Anteproyecto de Ley.

El sector del 'lobby' contempla con suspicacia esta decisión por la falta de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés. "El organismo encargado de velar por esta regulación tiene que ser independiente y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor. Lamentablemente, la Oficina de Conflictos de Interés no cumple con la primera condición (depende del MHFP). Además, no se le dota de recursos específicos para poder desempeñar la nueva función que le asignan. Por otra parte, este organismo debería tener capacidad de inspección, control y sanción; cosa que en la actualidad solo cumple con la tercera, cuya máxima pena es la exclusión del registro durante 3 años", manifiestan desde Cariotipo.

Los partidos políticos, fuera de la norma

Este no es el único defecto que el sector percibe en la norma que prepara el Gobierno. Entre los aspectos que más preocupan se encuentra que la norma se ciñe a la Administración General del Estado, excluyendo del ámbito de aplicación a las comunidades autónomas, al poder legislativo, a los municipios y los partidos políticos. "Especialmente, sorprende esta ausencia cuando todos estos sujetos están incluidos en el artículo segundo de la Ley 19/2013 de transparencia, con la que el Anteproyecto que nos ocupa entra directamente en conflicto", subrayan.

La exclusión de los partidos políticos juega en contra del objetivo de la norma de velar por la transparencia en el sector de los grupos de interés. Las organizaciones, en lugar de comunicarse con la Administración General del Estado, podrían optar por dirigirse directamente a los partidos políticos, que están fuera del objeto de esta regulación, con la consiguiente devaluación de nuestra democracia.

Además, la "ambigüedad" en el redactado actual del Anteproyecto, que "se presta a interpretaciones varias, y de un modo especialmente grave en la definición del Ámbito de Aplicación y de la Actividad influencia", coloca en una situación de inseguridad jurídica, tanto a los grupos de interés como a los titulares de puestos susceptibles de recibir influencia. "Nos encontramos ante un texto arbitrario y discriminatorio, pues excluye a una parte importante de la sociedad civil que trata de influenciar de forma constante en la toma de decisiones pública", sentencia Cariotipo.

Puertas giratorias y Registro de 'lobbies'

Si la norma sale adelante como lo plante el Gobierno se creará un Registro de 'lobbies' solo parcial, pues quedarán fuera todos los que trabajen en los ámbitos autonómicos, municipales o legislativos. Sin embargo, este factor y los mencionados anteriormente no son los que suela esgrimir el Gobierno a la hora de defender su propuesta. El principal elemento al que se agarra el Ejecutivo para la defensa de la norma es que pondrá más dificultades a las puertas giratorias en el sector.

Aplicada con rigor, un alto cargo deberá dejar de realizar actividades en 'lobbies' relacionados con sus competencias hasta dos años después de cesar en el puesto. Alguien como Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, no podría dedicarse ahora mismo a asuntos públicos como lo está haciendo a través de su consultora. Desde MAS Consulting consideran que "es sano para el correcto funcionamiento de la Administración Pública que se regulen las 'puertas giratorias', para evitar conflictos de interés que puedan repercutir negativamente en la reputación de todo el sector de los Asuntos Públicos".

En Cariotipo, sin embargo, no lo ven de la misma forma: "No se entiende que se plantee como finalidad de la ley la prevención de situación de conflictos de interés, más si cabe cuando ya existe una legislación a tal efecto (Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado). Si el objeto es regular la relación de los grupos o personas con las personas susceptibles de recibir influencia dentro del AGE, esta debería contemplarse de forma bidireccional y como desarrollo de la Ley de Transparencia".

Por otra parte, consideran que en el redactado actual se penaliza la transparencia, pues no existe incentivo alguno para que los grupos de interés se adhieran al registro del Estado.

Un limbo legal

Los múltiples defectos asociados a la propuesta del Gobierno de Sánchez no son óbice para que el sector, en general, demande una regulación desde hace años, pues España es de los pocos países del entorno europeo en el que este ámbito se encuentra en un limbo legal. La agencia MAS Consulting cree que se empiece a legislar el sector "es un buen punto de partida". "Contar con una buena regulación en esta materia es positivo no solo para los que nos dedicamos a los asuntos públicos, sino para la sociedad en general. El lobby ayuda a mejorar los procesos legislativos, ya que permite que el legislador escuche las posiciones de los diferentes actores de un sector afectado por una ley", concluyen.