El Gobierno reformó los delitos sexuales sin oír el criterio del órgano asesor de Justicia

El Gobierno sacó adelante la polémica ley del 'solo sí es sí' sin estudiar el borrador que el principal órgano asesor del Ministerio de Justicia elaboró durante meses de cara a una posible reforma de los delitos sexuales. Una treintena de juristas de reconocido prestigio trabajaron en el marco de la Comisión General de Codificación para plasmar su criterio sobre este asunto. Pese a los meses de trabajo y a que se llegaron a elaborar varios borradores, finalmente el Ejecutivo desoyó su propuesta.

El criterio de esta comisión era especialmente relevante para abordar los cambios en los delitos de agresión y abuso sexual, no solo por su alto grado de conocimiento del asunto, sino porque se trata del órgano encargado de asesorar al Ministerio de Justicia en materia de redacción de leyes. Pese a ello, el borrador de los expertos nunca llegó a presentarse formalmente y quedó relegado en detrimento del modelo abordado por Podemos.

Esta comisión, creada a mediados del siglo XIX y cuya presidencia ejerce la ministra de Justicia, recibió el encargo en abril de 2018 de analizar los delitos contra la libertad sexual a tenor de la polémica sentencia por el caso de La Manada. El fallo de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó por abuso sexual la violación a una joven en las fiestas de San Fermín de 2016 y las protestas masivas contra este tribunal llevó al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, a encargar su revisión.

El criterio de los expertos

La Sección de Derecho Penal de la Comisión reunió a los juristas expertos en esta materia para abordar la cuestión. Se ordenó al órgano asesor del Ministerio de Justicia que estudiara el antiguo delito de abuso sexual junto con el de agresión sexual y propusiera una reforma del Código Penal en caso de considerarlo pertinente. La complejidad del asunto hizo que se acordaran varias prórrogas y se ampliara el objeto de estudio en aras a integrar en su trabajo las disposiciones del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer.

Los expertos se inclinaron por mantener la diferencia de penas entre abuso y agresión sexual y no incluyeron mención alguna al consentimiento

Fuentes cercanas a la comisión explican a Vozpópuli que se llegaron a trabajar varios borradores si bien, finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez terminó por retirar el encargo. En concreto, el Ministerio de Justicia dirigido entonces por Dolores Delgado hizo decaer el informe de este grupo que, aunque en un principio estuvo integrado únicamente por hombres, pasó a sumar más de una quincena de mujeres (entre vocales natas y adscritas).

En ese periodo el equipo de trabajo abordó la posibilidad de reformar los delitos de abuso sexual (ya desaparecido) y agresión sexual. Al respecto se debatió acerca de mantener la tipicidad separada o, por el contrario, establecer un único delito contra la libertad sexual. La mayoría se planteó optar por esta segunda opción, aunque respetando en todo momento la proporcionalidad de las penas. Es decir, a diferencia de lo que consta en la ley del 'solo sí es sí', los juristas optaban por mantener la divergencia punitiva entre el abuso y la agresión sexual.

Sin alusión al consentimiento

Además, se acordó que las agresiones sexuales con violencia o intimidación conllevaran una pena mayor que aquellas que no, lo que garantizaba proporcionalidad también en las condenas. Con todo, no se consideró necesario incluir mención alguna al consentimiento, a diferencia de lo que ocurre con la ley estrella de Irene Montero. Tras la entrada en vigor de la reforma, el artículo 178 incluye que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Así pues, las modificaciones estudiadas y planteadas por la Comisión General de Codificación no implicaban cambios de calado en lo que a penas se refiere, al entender que el problema que originó la revisión del asunto no era tanto de la redacción de los artículos, como su aplicación por parte de los jueces que condenaron a La Manada. Sin olvidar que, cuando el Tribunal Supremo estudió los recursos les elevó las penas al considerar que no se trató de un abuso, sino de una violación.

Una comisión sin actividad

Pese al nivel de cualificación de los miembros de la Comisión, su trabajo sobre los delitos sexuales quedó relegado en un cajón. El Gobierno apostó por reformar el Código Penal siguiendo el criterio del Ministerio de Igualdad, que ha eliminado el delito de abusos sexuales y ha promovido una rebaja de las penas por agresión. Se trata de un cambio legal cuya consecuencia directa inmediata es la reducción de decenas de condenas de violadores en todo el país. Incluso el abogado de La Manada se plantea acogerse a la reforma que se impulsó, paradójicamente, a raíz de este caso.

Con todo, el criterio de los expertos de este órgano consultivo iba en la línea del plasmado por el CGPJ en la revisión que efectuó del entonces anteproyecto de la ley del 'solo sí es sí'. El órgano de gobierno de jueces, ya advirtió en febrero de 2021, que las rebajas de las penas máximas por agresión sexual (de cinco a cuatro años) o la reducción de las horquillas mínimas cuando concurren agravantes iba a implicar la rebaja de condenas por violación.

Además, también alertó al Gobierno de la inevitable revisión a la baja de las condenas dictadas contra agresores, en directa aplicación de lo que recogido en el Código Penal, según el cual las leyes no tienen retroactividad a menos que beneficien al reo. Se da la circunstancia de que la Comisión General de Codificación trabajó todos estos puntos y su criterio no fue atendido a tenor de las filtraciones que se produjeron del avance de las reuniones.

Las fuentes consultadas explican que, pese a la importancia del órgano, tampoco se ha recabado su criterio en otros momentos clave, como el de la reforma en profundidad que se acometió en 2015 del Código Penal (la cual recogía cambios de calado como, entre muchos otros, la instauración de la prisión permanente revisable). Tanto es así que la Sección de Derecho Penal de este órgano no ha recibido encargo directo alguno ni durante la etapa como ministro de Juan Carlos Campo ni tampoco bajo la actual de Pilar Llop. No obstante, la ministra ha ordenado la constitución de una sección especial dentro de esta comisión para elaborar un texto contra la trata de seres humanos.