Publicado: 24/04/2024 04:45
Actualizado: 24/04/2024 04:53
El Gobierno ha puesto en marcha los trámites administrativos para contratar los servicios de traslado por vías aéreas a inmigrantes que llegaron a España y que serán devueltos a sus países de origen. El procedimiento, gestionada por el Ministerio del Interior, está valorada en más de 16 millones de euros, y contempla los traslados durante 18 meses. Para ello requiere los servicios de aerolíneas privadas, si bien destaca que todos los trayectos se efectuarán bajo las pertinentes medidas de seguridad.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Seguridad, estima el contrato en 14.850.000 euros; una cifra que asciende a 16.335.000 euros si se tienen en cuenta los impuestos.
El pliego de prescripciones técnicas detalla que el objetivo de la licitación es la “contratación de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros, mediante la organización de vuelos específicos no integrados en las líneas regulares o comerciales de pasajeros en general y de los funcionarios policiales encargados de su custodia, entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países, en el marco de la ejecución de actuaciones derivadas de la legislación vigente en materia de extranjería”.
El Ministerio del Interior cita la Ley Orgánica 2/2009 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, destacando que su expulsión del territorio nacional podrá decretarse respecto a aquellas personas que cometan infracciones muy graves o determinadas infracciones graves de las tipificadas en dicha norma, así como de los extranjeros condenados dentro o fuera de España por determinadas conductas dolosas, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y en virtud de resolución motivada.
“La ejecución de las expulsiones forzosas comporta el traslado de los extranjeros afectados desde el punto de estancia en el territorio nacional hasta el puesto de salida por el que deba hacerse efectiva la expulsión o hasta el país de origen de los mismos y deberá realizarse, cualquiera que sea el medio de transporte empleado, con las máximas garantías posibles para la seguridad de los propios expulsados y de los funcionarios policiales encargados de llevar a cabo las expulsiones”, incide la documentación incorporada al documento.
Aumento del precio
El Ministerio del Interior destaca que la gestión de los inmigrantes incursos en procedimientos de expulsión o repatriación “debe armonizarse con la capacidad limitada de los Centros de Internamiento”, lo que en ocasiones determina “la necesidad desde su traslado de unos Centros a otros en régimen de internamiento, o bien a otros puntos del territorio nacional para su acogida por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales mientras se tramita el expediente de expulsión, contando con las preceptivas autorizaciones administrativas o judiciales”.
Así, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska detalla que no sólo se trata de vuelos operados a los países de origen; también se incluirían los traslados en territorio nacional hasta ejecutar la expulsión definitiva. El contrato incluiría todos los vuelos que se desarrollen en un plazo máximo de 18 meses, a contar desde el 1 de octubre de este año.
Interior contempla para la ejecución del contrato la financiación en base a fondos procedentes de la Unión Europea, en particular con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración o con cargo a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX), como ocurre en otros contratos similares anteriores.
El precio ofrecido por Ministerio del Interior supone un incremento de un 30% por cada hora de vuelo y un 15% para los posicionamientos y estancias en tierra respecto a los tres últimos contratos suscritos con aerolíneas para la expulsión de inmigrantes. El aumento corresponde a la “la inesperada subida de precios y costes motivada principalmente por la subida de los carburantes a lo largo del 2021 y 2022”.
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Lo debe pagar openarms, MSF, Cruz roja, la ONU y todos los demás oenejetas que arruinaron al continente con sus políticas des quiciadas negacionistas de la realidad.
No todas las culturas son iguales.
No todas las religiones son pacíficas.
No todas las personas pueden ser incorporadas al mercado laboral de una sociedad post industrial.
No se debe consentir una invasión por más negociados y complejos de culpa que tengan en Bruselas.
Hace falta mucho más que eso: cinco años de residencia legal para acceder a ayudas sociales, como el IMV. Seis meses sin trabajo deportación automática. Cinco años de residencia legal para traer a familiares , y obligación de pagarles seguro médico. Programas de retorno voluntario a sus países. Cambios en la concesión de nacionalidad, siguiendo el ius sanguinis, etc. Y retirada de la nacionalidad y expulsión a los que contravengan la obligación de renunciar a su nacionalidad, para frenar el fraude de ley de los marroquíes.
Si te lo crees es que eres bobo.
Contratos que debe de pagar la UE para todos los países.
El Gobierno gasta millones de euros de los españoles en expulsar a los inmigrantes ilegales. Lo que debería hacer es impedir que entren en España. Hay medios tecnológicos para que la Armada Española al detectar estas embarcaciones ilegales, antes de entrar en nuestras aguas territoriales les corten el paso y les impidan navegar hacia las costas españolas. ¡STOP INMIGRACIÓN ILEGAL, LOS ESPAÑOLES ESTAMOS HASTA LAS NARICES DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL!!!!!