El Gobierno ha colocado a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en el punto de mira. Y fuentes consultadas por Vozpópuli sostienen que puede ser la cabeza que entregue Pedro Sánchez al separatismo para calmar el caso del presunto espionaje a líderes del independentismo catalán.
"Recuerda mucho al caso del Jemad (Jefe del Estado Mayor de la Defensa)", dicen estas fuentes recordando la dimisión del general Miguel Ángel Villarroya por vacunarse contra la covid-19 pese a no formar parte de los grupos de inmunización prioritaria. "Se ha dejado que la bola se haga muy grande y es muy difícil que nadie la pueda parar".
Nadie ha conseguido dar una explicación política a lo ocurrido esta semana que no sea la de salvaguardar el acuerdo con ERC y los partidos independentistas. El Gobierno asegura que la infiltración de los teléfonos móviles del presidente y la ministra de Defensa, Margarita Robles, es un "ejercicio de transparencia".
Esteban, entre Casteleiro y Elena Sánchez
El Gobierno insiste en atribuir el ataque al móvil de Sánchez y Robles a un "agente externo" sin identificar. Pero el momento elegido, en plena crisis con el separatismo, no ha sido una casualidad. Según las fuentes consultadas por este diario, hay un estrategia que coloca a la directora del CNI en una posición política imposible. Mientras que Robles, culpada por separatistas e incluso los socios de coalición Unidas Podemos, ha pasado de señalada a víctima.
El problema de Esteban es que tampoco tiene "padrinos políticos". "Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero nunca tuvo el apoyo de nadie de peso ni en el anterior Gobierno del PP ni ahora con el del PSOE", explican otras fuentes a este diario.
Esteban fue mano derecha de Félix Sanz Roldán, pero ni siquiera entonces gozó de la confianza plena de Soraya Sáenz de Santamaría, que ostentaba las competencias del Centro en su vicepresidencia. Tras la moción de censura, Robles apostaba por su jefa de Gabinete Esperanza Casteleiro, ex número dos del CNI, como directora. Mientras que la vieja guardia del PSOE prefería a Elena Sánchez, una funcionaria de inteligencia de larga trayectoria en la casa que se marchó como responsable de seguridad al Banco Santander en marzo del 2018.
Ninguna candidata acabó imponiéndose y ganó la opción intermedia, la de Esteban, que afronta ahora un futuro muy borroso al frente del CNI tras el caso Pegasus. Ya no es solo el que supuestamente afecta a los líderes del independentismo catalán, sino también a los móviles de Sánchez y Robles. El Gobierno ha confesado una grave brecha de seguridad. Y, tal y como ha publicado este diario, ha provocado una enorme preocupación en varias embajadas occidentales ante la cercanía de la cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio.
Relato contra el CNI
Pero el relato sobre cómo han caído en la cuenta un año después del supuesto ataque se ha desmoronado por completo. Y solo se puede entender políticamente si Sánchez quiere dejar caer a la actual directora del CNI. El Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI y encargado de “garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información” en los diferentes organismos de la Administración ha estado al menos un año sin monitorizar la seguridad de los móviles privados de Sánchez.
Fuentes de La Moncloa venden casi como un "análisis forense" el estudio del móvil del presidente. De hecho, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha explicado que se siguen analizando los terminales del resto de miembros del Gobierno. Y que los resultados se darán a conocer en cuanto estén completos. Sin embargo, hay numerosos ejemplos de cómo se realizan y se han realizado análisis similares en bastante poco tiempo.
En agosto del año pasado, sin ir más lejos, Reporteros sin Fronteras informó de que cualquier periodista podía comprobar si su terminal estaba infectado con este software enviando un correo electrónico y algunos datos a Amnistía Internacional. La organización respondía en cuestión de semanas con el veredicto.
La caída del Jemad
El caso, dicen, recuerda a la caída del general Villarroya en enero del 2021. El exJemad solicitó el "cese a petición propia" -el equivalente a dimisión en el argot militar- tras hacerse público que él y otros mandos militares a sus órdenes se habían vacunado de la covid-19. En esta época apenas había vacunas disponibles y Sanidad había establecido unos grupos prioritarios.
Nadie, ni Robles, salió en Defensa del Jemad, que disponía de unos protocolos que supuestamente le permitían acceder a la vacunación. La dimisión de Villarroya fue la primera de un Jefe del Estado Mayor de la Defensa desde la creación del cargo en 1984.
