El Gobierno canario envió también vacía al juzgado la carpeta con los correos del sobrino de tito Berni

Segunda carpeta vacía que se remite al juzgado del caso 'tito Berni'. La juez que investiga una presunta trama de corrupción y amaño de contratos en Canarias ha recibido completamente en blanco la carpeta remitida por el gobierno canario que debía contener los correos de Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería y sobrino del exdiputado del PSOE que da nombre a la causa.

En este caso ha sido la Intervención General del Estado, a la que el juzgado le había ordenado el estudio de este material, la que ha dado la voz de alarma. Según consta en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el interventor designado para el estudio de los expedientes de la red de tito Berni ha trasladado por vía telefónica que el DVD recibido no contiene documento alguno.

De esta forma, el juzgado de instrucción número 4 de Tenerife avisa que no se puede proceder al estudio de la información solicitada sobre los expedientes presuntamente amañados. Por ello, ordena que se recabe de nuevo la documentación para que la Intervención pueda realizar el informe oportuno.

El sobrino de tito Berni

Cabe recordar que no es la primera vez que el juzgado se topa con dispositivos vacíos. Como informó este medio, la magistrada que investiga el 'caso Mediador', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, apercibió en julio a una de las funcionarias imputadas en la causa tras constatar que el CD donde debía adjuntar unos expedientes de la Consejería de Agricultura estaba vacío.

Ante esta situación, la instructora ordenó a la UDEF que recabara directamente los expedientes del gobierno canario y avisó a la encargada de remitir este material que podía añadirle el delito de obstrucción a la Justicia. Se refería la instructora a la jefa del Servicio de la Dirección técnica de la Viceconsejería del sector primario, Estefanía González Núñez, a quien imputó en el procedimiento semanas antes de ordenar la diligencia.

La Policía apuntó al "interés y el quehacer" de Taishet Fuentes y tito Berni por ayudar a un empresario quesero que habría pagado mordidas a la trama para que le eliminaran una sanción

En este caso, los investigadores ordenaron recabar los correos corporativos de Taishet Fuentes mientras ejerció como director general de Ganadería. Se trata de un cargo que 'heredó' de su tío, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El bautizado como 'tito Berni' ostentaba dicho puesto hasta que fue nombrado diputado nacional en febrero de 2020.

En este caso los expedientes solicitados -y que sigue sin poder recabar el juzgado- son sobre los procedimientos incoados a Biogranja Montesdeoca, actualmente conocida como Quesería Montesdeoca. El negocio pertenece a uno de los empresarios identificados por los agentes como miembro de la trama ya que habría pagado mordidas a la red para evitar que le tramitaran un expediente sancionador a su negocio.

Los investigadores sostienen que ganaderos y empresarios fotovoltaicos recurrieron a la trama por la influencia que ejercían 'tito Berni' y Taishet Fuentes en el gobierno canario y a nivel nacional. Al respecto, la Policía apuntó en un informe del pasado mes de mayo al "interés y quehacer de ambos funcionarios públicos" por ayudar a este empresario quesero.

Los agentes llegaron a esta conclusión tras analizar nuevas conversaciones interceptadas a los imputados y muy especialmente a los dos políticos canarios. En el oficio recordaron que el Servicio de Reintegro de Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca tenía dos expedientes abiertos contra la quesería de Alberto Montesdeoca.

Presunto amaño de expedientes

"A pesar de que ambos procedimientos partían de los mismos hechos, uno prosperaría y el otro no. Concretamente se observaría como el expediente de reintegro incoado a la mercantil de Montesdeoca habría seguido su curso normal, mientras que el sancionador caducaría", reza el informe. Los agentes advirtieron que se trataba de extremos "altamente relevantes" al contrastar las conversaciones de 'tito Berni' y su sobrino.

Tras ello, la magistrada citó al exdiputado del PSOE y a Fuentes para el pasado 29 de junio, e imputó también a dos cargos públicos en activo en el gobierno canario: el viceconsejero del sector primario de Canarias Álvaro de la Barcena Argany y Estefanía Margarita González Núñez.

Del mismo modo ordenó recabar el expediente que se incoó a Montesdeoca por las subvenciones con fondos europeos y el expediente sancionador a Biogranja. Cinco meses después, la causa sigue sin contar con esta documental. Con todo, tanto 'tito Berni' como Fuentes comparecieron en la fecha señalada pero se negaron a declarar.

Los cargos políticos, por su parte, declinaron irregularidad alguna y descartaron haber seguido órdenes de Taishet Fuentes. Antes de su comparecencia, tanto la Policía como Anticorrupción solicitaron a la magistrada que recabara sus correos corporativos para investigar este presunto amaño. Los dos cargos se negaron asegurando que saldrían a la luz datos sensibles, pero la magistrada accedió a la diligencia. No obstante, acordó proteger todo este material bajo secreto de sumario.

Nuevas comparecencias

La causa, que arrancó a comienzos de año con las detenciones de los cabecillas de la trama, se prepara para iniciar una nueva ronda de declaraciones. Se trata de citaciones que se han reagendado tras suspenderse previamente. Así, para el 7 de noviembre están llamados como testigos Natalia de Luis Yanes García, Interventora General del Gobierno de Canarias, y otros tres cargos del área de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Administración canaria.

Un día después comparecerán Rubén Fuentes (presunto testaferro de la trama); el matrimonio formado por Cristian Mauricio Lillo y Gemma De Los Ángeles Venegas (salpicados por girar pagos a imputados de la trama) y Sergio de Frutos. Este último es el dueño del local madrileño donde 'tito Berni' y otros políticos y empresarios de la trama celebraban sus fiestas con prostitutas.

Al respecto la Policía ha evidenciado en uno de sus últimos informes que el empresario pagó a la trama 25.850 euros con el objetivo de conseguir ayudas para la licencia de su terraza. Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción determinó que su declaración como imputado es "imprescindible".