El Gobierno triplica las adjudicaciones en contratos opacos hasta los 6.000 millones en un año

El Gobierno de Pedro Sánchez disparó en 2023 el gasto en contratos públicos negociados sin publicidad hasta superar los 6.000 millones de euros. Se trata del procedimiento más opaco en la administración pública, donde se invita a un número reducido de empresas -en ocasiones sólo a una- y se aborda directamente con ellas las condiciones de la licitación. La cifra es notablemente superior a la de 2022, cuando los entes estatales licitaron menos de 2.000 millones mediante estos procedimientos. Cifras, todas ellas, sin incluir impuestos.

De acuerdo a los datos consultados por Vozpópuli a través de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), con dependencia orgánica del Ministerio de Hacienda, el Gobierno licitó contratos negociados sin publicidad en 2023 por un valor total de 6.092,62 millones de euros.

Los tres primeros trimestres arrojaron cifras similares a las que se venían registrando anteriormente, con procedimientos basados en estos contratos opacos por 675,1, 568,9 y 394,8 millones de euros. Fue en el cuarto trimestre cuando las cifras se dispararon, hasta repartir 4.453,6 millones mediante este procedimiento.

El grueso de esos 4.453,6 millones corresponde a un puñado de grandes contratos de armamento por parte del ministerio de Defensa. Durante los últimos tres meses del pasado año, el ramo que encabeza Margarita Robles contrató el suministro de aviones de combate a Airbus por más de 2.000 millones de euros.

Además, adjudicó otros 576 millones por lanzacohetes a la unión del accionista de la empresa Indra, Escribano, con la filial Expal de la gigante alemana Rheinmetall -a la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto recientemente una investigación precisamente por la compra de Expal-. También en el último trimestre del 2023, el Gobierno compró misiles y armas por más de 500 millones a las empresas MBDA y Pap Tecnos.

Los contratos negociados sin publicidad

Cabe recordar que el contrato negociado sin publicidad es el mecanismo de contratación pública donde se omite el periodo de publicidad y se invita directamente a las empresas a participar en el mismo, pactando con ellas las condiciones económicas y administrativas. La administración actualiza la información de estas adjudicaciones en la Plataforma de Contratación una vez han sido asignadas, constituyendo así el procedimiento más opaco para las licitaciones.

La ley de contratación pública permite la adjudicación mediante este procedimiento principalmente en los casos en los que en un procedimiento abierto no se haya presentado ninguna oferta, no haya ninguna oferta adecuada, ninguna solicitud de participación o ninguna solicitud de participación adecuada, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.

Los contratos negociados sin publicidad suelen ser el camino seguido por la AAPP cuando el contrato sólo pueda asignarse a una empresa determinada, por ser la única capaz de suministrar los bienes o servicios requeridos.

También cuando se considere que el contrato sólo pueda asignarse a una empresa determinada, por ser la única capaz de suministrar los bienes o servicios requeridos. O cuando haya sido declarado secreto o reservado, atendiendo a medidas de seguridad especiales. Bajo este supuesto se engloban mayormente las adjudicaciones relacionadas con los Ministerios de Defensa o de Interior.

Los 6.092,62 millones de euros licitados en 2023 mediante estos procedimientos suponen un incremento de más del 200% respecto al año anterior, cuando se abrieron expedientes por valor de 1980,05 millones en contratos negociados sin publicidad.

109.516 millones en contratos públicos

¿Y en el resto de procedimientos asignados por el Gobierno? Teniendo en cuenta todas las variedades de licitación, los organismos estatales también dispararon su gasto en 2023 hasta alcanzar los 36.295,39 millones de euros en 2023, la cifra más alta nunca registrada, repartidos en 49.001 expedientes.

En 2022 se destinaron 26.575,13 millones de euros en 41.724 expedientes; en 2021, 30.640,48 millones (34.391 procedimientos); en 2020, lastrado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus, el Gobierno licitó 19.225,09 millones (27.212 contratos); y en 2019, 30.580,04 millones (27.994 expedientes). Siempre sin impuestos.

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Si a los entes estatales se suman los autonómicos y locales, la administración pública licitó en todo el año 2023 contratos por valor de 109.516 millones de euros. Las autonomías fueron las que más invirtieron (44.008,81 millones), seguidas de los organismos estatales (36.295,39 millones) y los locales (29.212,46 millones de euros).

Todos ellos dispararon su gasto en el cuarto trimestre. “El aumento experimentado en el cuarto trimestre de 2023 frente al mismo período del año anterior, viene determinado principalmente por
el importante incremento en las licitaciones registradas por el Sector Público Estatal (23,68%) y
por el Sector Público Local (20,21%), mientras que el Sector Público Autonómico disminuye ligeramente su volumen licitado (0,50%)”, reza el informe de la OIRESCON.