El Gobierno, acorralado por el caso Koldo, resucita una investigación de hace 13 años para salpicar a Feijóo

La desesperación del Gobierno ante las numerosas pruebas que relacionan a varios ministros y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con el 'caso Koldo' ha llevado hoy al titular de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, a resucitar una vieja investigación judicial que, en su opinión, todavía salpica al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo por supuestos fraudes cometidos hace más de una década en subvenciones destinadas a cursos de formación.

Se trata de la llamada Operación Zeta, que comenzó en 2011 y se archivó de manera provisional en 2018, volviéndose a reabrir una de las piezas hace cuatro años. En la misma figuraban más de 50 investigados entre empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos tanto de la Xunta del PP como del Gobierno bipartito del PSOE y el BNG.

Puente ha recordado dicha investigación este martes durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, cuando el senador popular Alfonso Serrano lanzó al ministro una pregunta sobre los motivos que habían llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a nombrar a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, como consejero de empresas del Estado. Ante esta cuestión, el ministro de Transportes ha optado por salir por la tangente y resucitar los supuestos fraudes que afectan en Galicia al empresario Gerardo Crespo, que según él contaba “con un conseguidor o abrelatas”.

Ese conseguidor “se llamaba Pachi Lucas”, ha explicado Puente, que ha definido al mismo como un gran aliado del actual líder nacional del PP. “No era un amigo cualquiera, sino alguien inseparable del señor Feijóo durante 15 años. Se le conocía como el amigo del jefe. Seguía todas las campañas, estaba en todas las noches electorales, en todos los mítines, iba a los toros con el señor Feijóo y con el señor Rajoy también, y frecuentaba la residencia oficial del presidente de la Xunta, donde se dice que también pernoctaba", ha sostenido Puente.

El ministro ha afirmado que "el amigo del jefe cobraba del cabecilla de la trama 3.000 euros mensuales por transferencia para conseguir contrataciones y reuniones, y alguna consiguió. ¿Sabe lo que hizo el señor Feijóo, su líder? Lo de siempre. Se negó a votar una comisión de investigación en el Parlamento gallego, rechazó comparecer de manera monográfica sobre el tema y mintió diciendo que la Xunta era la que había llevado este asunto a los tribunales cuando fueron unos trabajadores de la propia administración los que tuvieron que hacerlo. Esa es la historia del PP en materia de producción. Ustedes en esa materia no pueden dar lecciones de ningún tipo a ningún partido político", ha sentenciado.

Y bien, ¿de qué va exactamente la Operación Z? Para explicarlo hay que retroceder en el tiempo hasta 2011, aunque la fecha clave más reciente del proceso se sitúa en 2020. Fue entonces cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña decretó la reapertura de las actuaciones sobre el caso, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones para actividades de formación. La reapertura se dictó tras recibir el juzgado el informe que había solicitado hacía dos años a la Intervención General del Estado sobre dichos cursos y que motivó el sobreseimiento provisional del caso durante ese tiempo. El documento apuntaba a supuestas irregularidades en la concesión y realización de esas iniciativas por parte de empresas vinculadas a Gerardo Crespo Riestra, propietario del grupo Azetanet, quien recibió subvenciones cifradas en 3,6 millones de euros para llevar adelante 38 cursos. Esas subvenciones procedían tanto del Estado como de diferentes comunidades autónomas y la Xunta de Galicia aparecía relacionada en 23 de los cursos.

Pero la Operación Zeta no solo salpicó al PP de entonces, sino también a varias decenas de políticos de diversos signos, a sindicatos y a colectivos empresariales.

El Gobierno bipartito repartió más dinero

De hecho, las investigaciones situaron a Gerardo Crespo y al empresario Eliseo Calviño como presuntos cabecillas de la organización. La mayor parte de las actividades subvencionadas por la Xunta recibieron fondos de la Consellería de Traballo, tanto en el periodo del bipartito PSOE-BNG, en el que estaba dirigida por Ricardo Varela, como en el primer gobierno del PP de Alberto Núñez Feijóo, en la que la titular del departamento era Beatriz Mato.

En 2014, el entonces presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, denunció en una sesión parlamentaria que durante el Gobierno bipartito del PSOE y el BNG las empresas de Crespo recibieron un 30 por ciento más de dinero que con el PP. “Y nadie lo investigó. Todo el mundo miró para otro lado”, declaró entonces reprochando las acusaciones de la oposición.