El futuro judicial de Iglesias, en manos de tres magistrados de la Audiencia Nacional

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene que decidir si Pablo Iglesias es considerado perjudicado de las acciones del excomisario José Manuel Villarejo, como aseguran los letrados del exvicepresidente segundo del Gobierno, o no lo es, como ponen de manifiesto el juez que instruye el caso Dina, Manuel García Castellón, y la Fiscalía anticorrupción.

Los magistrados Félix Alfonso Guevara, María Teresa García Quesada y Carlos Francisco Fraile Coloma, este último como ponente, tendrán que decidir si hacen caso al recurso de los abogados de Pablo Iglesias, y le consideran afectado por el clan policial mafioso liderado presuntamente por Villarejo, o respaldan la decisión del juez García Castellón, que tiene el apoyo de anticorrupción, de expulsarle de la causa.

Esta decisión, según reconocen fuentes de la Audiencia Nacional, determinará el futuro judicial de Iglesias, sobre el que el instructor García Castellón tendrá que acordar si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo, el órgano judicial competente para juzgar a diputados, para investigar al líder de Podemos.

Los jueces

De los tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que se ocupa de los recursos del caso Villarejo, el que tiene mayor experiencia es Félix Alfonso Guevara, quien en su dilatada carrera como juez ha sentado en el banquillo a personajes tan variopintos como el banquero Emilio Botín, la cantante Lola Flores, la directora de cine Pilar Miró o numerosos integrantes de la Camorra napolitana y de la banda terrorista ETA.

Por su parte, María Teresa García Quesada, con destino en la Audiencia Provincial de Madrid, ha pasado a desempeñar la plaza de magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de forma muy reciente, el 2 de marzo pasado, mientras el titular Juan Carlos Campo Moreno ejerce de ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta magistrada , también con amplia experiencia, aunque no en la Audiencia Nacional, ha formado parte de numerosos tribunales, como por ejemplo el que absolvió al doctor Eduardo Vela por los bebés robados.

Y el tercer componente de la Sala que deberá decidir sobre el futuro judicial de Iglesias es Carlos Francisco Fraile Coloma, que será el ponente del acuerdo al que se llegue. Este togado, que ha pasado a integrar la Audiencia Nacional en diciembre de 2019, formó parte del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que obligó a que se repitiera un juicio contra el Pequeño Nicolás por una querella interpuesta por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que el polémico joven acusó de haberle espiado ilegalmente.

Declaración de Calvente

Si los jueces deciden mantener a Iglesias en el caso, impedirán que el instructor del caso Villarejo siga practicando diligencias, como la reciente declaración como testigo del ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente. Tampoco podría elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano competente para investigar a un diputado del Congreso.

Precisamente, el testimonio de Calvente ha aportado nuevas evidencias de la actuación presuntamente irregular de Podemos en el procedimiento, según explican fuentes jurídicas a este diario, que resaltan que Calvente mencionó una supuesta negociación entre el Equipo Legal de la formación morada y el ministerio público.

Y en este encuentro, siempre según el letrado despedido de Podemos, la Fiscalía anticorrupción habría aconsejado a los letrados que la denuncia por el robo del teléfono de Bousselham fuera presentada por el propio ministerio público. Y esta forma de actuar, ha explicado Calvente, al ser llevada a cabo por la Fiscalía, tenía la intención de acelerar la investigación de los hechos, y tendría mayor peso a la hora de convencer al juez, que hizo caso a los fiscales. La Fiscalía anticorrupción nieva la existencia de este acuerdo.

Nuevas declaraciones

También este viernes la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que vuelva a citar a Dina Bousselham, exasesora de Iglesias, y a su exmarido Ricardo Sa Ferreira para seguir indagando en el caso, han confirmado a Vozpópuli fuentes fiscales.

El caso Dina se abrió tras hallar la Policía en poder de Villarejo un pendrive que incluía una copia de la tarjeta del teléfono robado a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. En concreto, la pieza separada se abrió el 19 de marzo y dos días después, el 21 de marzo, la Fiscalía reclamó la declaración como perjudicados de Iglesias y Bousselham. Y esta fue acordada por el juez, que se llevó a cabo el 27 de marzo, apenas un mes antes de que se celebraran las elecciones de abril de 2019.

Sin embargo, tras avanzar en la investigación de los hechos, anticorrupción reclamó al juez García Castellón que Iglesias fuera expulsado como perjudicado en la causa, e incluso apuntó a la posibilidad de que pudiera haber cometido los delitos de revelación de secretos y daños informáticos, aunque finalmente lo descartó, habida cuenta de que considera que Dina Bousselham acusará a su jefe en Podemos.

Diligencias del juez

Sin embargo, el juez no ha hecho caso al ministerio público, y ha seguido practicando diligencias para esclarecer la participación de Pablo Iglesias, que recibió en enero de 2016 un pendrive con datos privados en una tarjeta telefónica propiedad de su asistente. El vicepresidente segundo del Gobierno no entregó la copia de la memoria SD a Dina Bousselham hasta pasados varios meses.

En el recurso ante la Sala de la Audiencia Nacional, el letrado de Iglesias defiende que su cliente sí es perjudicado por la cloaca, y pone de manifiesto que en una carta dirigida al juez el 2 de mayo de 2019 por Villarejo, "el propio investigado reconoce que el contenido del pendrive contenía datos comprometedores desde el punto de vista de imagen...”. Y esta frase, explica el abogado, convierte a Iglesias en un "claro perjudicado" en el caso Dina.

Además, el recurso del abogado del líder de Podemos recuerda que su cliente "no ostenta condición de investigado alguna, ni se ha realizado actuación alguna frente al mismo, ni se le ha denunciado por ninguna persona afectada por los delitos investigados en el presente procedimiento", en referencia a Dina Bousselham.