Tribunales

La Fiscalía pide que se investigue a Podemos por sus contratos con Neurona

Sobre las otras cuestiones, reseña que algunas de ellas son “rumores, sospechas o suspicacias”, pero rechaza el argumento del partido de que sea una investigación "prospectiva"

La Fiscalía pide que se investigue a Podemos por sus contratos con Neurona
La Fiscalía pide que se investigue a Podemos por sus contratos con Neurona

La Fiscalía Provincial de Madrid ha dirigido un escrito al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid en el que por primera vez se pronuncia sobre el auto en el que se acordaba la apertura de diligencias de investigación relacionadas con determinadas actividades de Podemos. En concreto, pide que se investiguen los contratos con la consultora Neurona Consulting.

De los hechos denunciados por el antiguo empleado de la formación política, José Manuel Calvente, el representante del Ministerio Público pide que solo se siga adelante con la parte de la investigación referida al contrato suscrito ente el partido  y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril y al que alude el Tribunal de Cuentas en su informe 1380. Sobre las otras cuestiones, reseña que algunas de ellas son “rumores, sospechas o suspicacias” mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos. 

El procedimiento arranca a raíz de una denuncia presentada José Manuel Calvente, quien había trabajado como abogado en la formación política desde el 1 de agosto de 2014 al 2 de diciembre 2019, en la que ponía de manifiesto la existencia de hechos presuntamente delictivos cometidos en el seno de Podemos.

En concreto, aludía a cuatro: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular, el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación (Marta Flor Núñez), la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación “a dedo” de las obras de acondicionamiento del inmueble sito en la calle Francisco Villaespesa 18 de Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.

"Indicios suficientes"

En cuanto a los contratos con Neurona, la Fiscalía sí aprecia la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”. Como primera conclusión rechaza el carácter “prospectivo” del hecho investigado porque “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del servicio”.

Del mismo modo explica que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive)  por un importe total de 308.257,20 euros “cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”. Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de  prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad,  pero no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial .

A su vez, la Fiscalía rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos por no constar en la causa la grabación completa, una circunstancia que a juicio de la formación política le generaría indefensión, porque “si lo desea la parte ahora apelante no tiene más que solicitar una copia”. Del mismo modo descarta la obtención ilícita por parte del denunciante de la documentación aportada a la causa  dado que su relación laboral con Podemos “no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a portación de documentación relativa a cuestiones internas del partido”. Incluso niega que se trate de una investigación prospectiva como alega la formación política.

El límite salarial

Calvente también se refería en su denuncia a una serie de actos preparatorios que, desde su punto de vista, servirían como indicios de la comisión de hechos delictivos. Citaba, por ejemplo, el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y presupuestos de las campañas electorales de 2019, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido así como abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados y la desaparición de la auditoria externa y falta del control del gasto. La Fiscalía entiende que si bien estos hechos pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de la transparencia “es claro que no revisten caracteres de delito”.

Algo parecido ocurre con la mención que se recoge en la denuncia sobre los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos de miembros del partido. La Fiscalía recuerda que fue la propia formación política quien impuso un límite salarial para todos sus miembros que no excediera tres salarios mínimos interprofesionales. De acuerdo con la fecha de los hechos denunciados, según recoge el escrito presentado al juez, estaba en vigor esa normativa interna donde el límite se fijó para el año 2019 en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo. En ese sentido el Ministerio Público subraya que de las nóminas aportadas por el denunciante, ninguna supera el límite fijado en 2019 por el propio partido, salvo el de una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses.

“No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, precisa la Fiscalía. Es más, afirma que el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético podrá ser “discutible” desde su normativa interna pero “no constituye hecho típico alguno”. Y añade: “Más aun, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna”.

Rafael Mayoral

En relación a la adjudicación de fondos a #404, el denunciante sospecha de la entidad porque al buscar información en su página web, ésta carecía de avisos legales, información sobre el titular o política de privacidad. Calvente entiende que detrás de esta entidad pudiera estar el diputado Rafael Mayoral por cuanto intuye la intervención de una tercera persona que es asesor de una eurodiputada de Podemos. En este punto la Fiscalía afirma que una vez examinada la página web “se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales”. Puntualiza, además, que no hay ningún indicio de que  Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas “por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”.

Sobre el acceso inconsentido al disco duro de la abogada Marta Flor, el representante del Ministerio Publico pone de manifiesto que “teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona  afectada (…) no se puede acordar ninguna diligencia al respecto puesto que es necesaria la denuncia del perjudicado. También se pronuncia la Fiscalía sobre la adjudicación “a dedo” denunciada por Calvente de las obras de acondicionamiento de la sede de Podemos.

Las obras de la sede

Para expresar su postura la Fiscalía se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos. Así explica que, pudiendo hacerlo, Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque “al parecer”, según el denunciante, concluía el periodo de  arrendamiento de la oficina de la calle Princesa. De la infracción aportada resulta que Podemos incumplió sus propias normas internas de licitación “con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos” pero que dicha circunstancia no reviste carácter delictivo.

Otra cuestión es la diferencia entre el precio de adjudicación de 1.361.055 euros  y el de licitación era de 649.936,68 euros. Dado que la Fiscalía no cuenta con ningún elemento más para valorar la naturaleza delictiva de esta modificación al alza del precio final, se remite a la declaración del denunciante en sede judicial cuando señaló que “el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían”.

"Clara" animadversión de Calvente

La Fiscalía aprecia que “ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo”. Incluso alude a la falta de referencias sobre la existencia de vínculos personales o patrimoniales injustificados que determinaran la adjudicación “a dedo” por cantidades muy superiores a las que pudieran corresponder a las obras. 

Sobre otro de los hechos narrados por el denunciante referidos a los contratos “fraudulentos” con ABD y en los que Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral habrían intervenido como comisionistas, la Fiscalía señala que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de “rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante”. Para la Fiscalía, el hecho de acordar toda esta batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y a la “clara”  animadversión del denunciante, “es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”.

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