Los contratos de Transportes con la compra de mascarillas a la trama de Koldo García están poniendo en el punto de mira todos los contratos que firmó la red en plena pandemia. En su análisis sobre las licitaciones del órgano que dirigía José Luis Ábalos, la Guardia Civil cuestiona también los contratos con Canarias y con Baleares, comunidad esta última que presidía Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso. De esta última avisan que la adjudicación pudo haberse realizado "en contra" de la ley.
Así se desprende del sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el cual la Policía Judicial cuestiona el procedimiento de licitación con Soluciones de Gestión, la empresa clave de esta trama de corrupción que obtuvo 54 millones de euros de los nueve contratos con la Administración, siendo el 32% de los mismos beneficios netos para los implicados.
Tras entrar en la Administración de mano del Ministerio de Transportes, esta firma instrumental detrás de la cual se encuentra Juan Carlos Cueto siguió contratando con el Ministerio del Interior y otras dos comunidades lideradas entonces por el PSOE. En lo que respecta a Baleares, el oficio policial indica que el 8 de mayo de aquel 2020 el Servicio de Salud le adjudicó el contrato del suministro de mascarillas por 3,7 millones de euros.
La orden de Armengol
Al igual que el resto, se tramitó por el procedimiento de negociado sin publicidad y carácter de emergencia. Los investigadores constatan que se efectuaron dos pagos, uno de ellos por importe de 3,7 millones de euros para el suministro de un millón y medio de mascarillas FPP2 y otro por importe de 56.715 euros por la gestión del flete de transportes desde la capital hasta Palma de Mallorca.
La primera de las irregularidades que destaca la UCO al respecto es que las mascarillas llegaron a Baleares el 27 de abril, pese a que la declaración de la tramitación de emergencia del contrato se solicitó dos días después, siendo el 4 de mayo cuando se produjo la resolución del órgano de contratación en la que se autorizaba la adjudicación.
Sobre ello, la Guardia Civil advierte que se entregó el material adquirido por Armengol "incluso antes" de acordar la tramitación de urgencia. Al respecto recuerdan que el artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que establece que salvo que la tramitación del expediente sea por emergencia no se puede proceder a ejecutar un contrato con carácter previo a su formalización.
No obstante lo anterior, los agentes recuerdan que el Consejo de Gobierno de Baleares firmó el 18 de marzo de aquel año, en pleno auge de la pandemia, un acuerdo mediante el cual se estableció que a todos los contratos suscritos por las necesidades derivadas de la covid se les aplicaría la tramitación de emergencia. Al hilo se acordó que se dejaba en manos del órgano de contratación la potestad para contratar sin sujeción a lo dispuesto en la Ley 9/2017.
La UCO explica que, aunque se podría deducir que el Gobierno de Armengol tenía vía libre para contratar con la empresa de la trama Koldo, su interpretación es que son los propios órganos de contratación los que deben discernir qué contratos quedarían bajo el paraguas de lo acordado en el Consejo de aquel 18 de marzo y cuáles no.
Sin documentos del contrato con la trama Koldo
"Por todo ello, dado que la declaración de tramitación de emergencia para la adjudicación del suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión tiene fecha de 4 de mayo de 2020, que es cuando el órgano de contratación dictó resolución, y no fecha de 18 de marzo de 2020 que es cuando se dicta el Acuerdo del Consejo de Gobierno, la adjudicación podría haberse realizado en contra del precepto a lo referido en el precitado artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público", reza uno de los oficios del sumario.
Además de ello, los agentes explican que no se han localizado documentos sobre la formalización de este contrato en los que se recoja información clave como la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato o las condiciones de los pagos. Tampoco consta que se fijara un responsable del contrato para supervisar su ejecución; actuación esta última que exige la citada ley.
Fiscalía Europea
A la advertencia de los contratos de Baleares se suma también los firmados con Canarias, comunidad que en 2020 presidía el actual ministro Víctor Ángel Torres. En este caso se firmaron tres contratos por más de 7 millones de euros que, al igual que los casos anteriores, se adjudicaron a dedo y por el procedimiento de emergencia. Tanto la investigación abierta por las compras de Canarias como por las de Baleares fueron remitidas a la Fiscalía Europea al afectar a fondos comunitarios.
En este caso se apunta a una modificación del precio pactado y también al hecho de que las mascarillas reflejadas en el acuerdo de la web de contratación pública no concordaba ni con las actas de entrega ni con la factura que presentó Soluciones de Gestión. Del mismo modo, y tras darse cuenta que una parte de las mascarillas estaban defectuosas, se confeccionó otro contrato para justificar la posterior entrega del material.
Cabe recordar que en el caso del gobierno balear se abrió un expediente de reclamación contra esta firma zaragozana por importe de 2,6 millones de euros al tratarse de material sanitario defectuoso. De las escuchas practicadas se infiere que Koldo García recurrió a su antiguo jefe, José Luis Ábalos, para que mediara y esta reclamación cayera en saco roto.
Los agentes le sitúan al respecto en un encuentro con su antiguo asesor el pasado 10 de enero concluyendo que hizo las labores de "intermediario" para tratar de frenar esta reclamación. Semanas antes, Koldo trasladó a Cueto que todo iba "por buen camino" en relación a este asunto y que utilizaría sus medios para frenar la reclamación.
