La Fiscalía del Supremo investiga si Rufián cometió revelación de secretos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado investigar las denuncias presentadas por Ciudadanos y Manos Limpias contra el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, por un delito de revelación de secretos. El Ministerio Público ha decido incoar diligencias para esclarecer si el parlamentario cometió delito a tenor de las declaraciones pronunciadas ante los medios tras participar en la comisión de secretos oficiales del Congreso en la que compareció la entonces presidenta del CNI, Paz Esteban.

Según consta en una diligencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el fiscal de Sala de lo Penal José Javier Huete ha decidido incoar diligencias de investigación sobre estos hechos a tenor de las denuncias presentadas ante la Fiscalía del alto tribunal tanto por Manos Limpias como por Ciudadanos. Además, designa como fiscal instructor a Antonio Pablo Rives y ordena comunicar la resolución al parlamentario de ERC.

La formación que lidera Inés Arrimadas recogió en su denuncia que la filtración de detalles de la intervención de Esteban podría derivar en un delito recogido en el artículo 598 relativo al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional. Manos Limpias, por su parte, apeló al artículo 417 del Código Penal relativo a un delito de revelación de secretos, tal y como consta en la denuncia presentada el pasado viernes y recogida por este diario.

Comparecencia de Paz Esteban

El sindicato plasmó en su denuncia que la filtración del diputado relativa a una comparecencia que la Ley declara secreta, habría causado un perjuicio tanto para el Centro Nacional de Inteligencia como para el Ministerio de Defensa, del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Del mismo modo recalcó que el bien jurídico protegido era el buen funcionamiento de la Administración Pública y que la revelación había causado "un daño grave" al respecto.

La denuncia se ampara en las declaraciones que pronunció Rufián para la televisión autonómica catalana. Según expone, sus manifestaciones en relación a la comparecencia a puerta cerrada de la entonces jefa de los espías tuvo una "amplísima repercusión mediática". En concreto, confirmó que la expresidenta del CNI se refirió a las escuchas a líderes independentistas con el programa Pegasus y dijo que las infecciones a Pedro Sánchez y Margarita Robles "tenían dos posibles nombres: una nación extranjera o elementos descontrolados del Estado".

Al margen de las palabras pronunciadas por el diputado de ERC, los medios se hicieron eco del contenido de esta reunión de la que trascendió que Esteban admitió que se espió a un total de 18 líderes independentistas (entre ellos el presidente catalán, Pere Aragonés) y que se actuó con aval judicial. De hecho, trascendió que la antecesora de Esperanza Casteleiro enseñó a los diputados miembros de la comisión todas las autorizaciones individuales que se requieren del Tribunal Supremo para actuar en ese sentido. También se supo que no se pronunció sobre nada relativo al espionaje con Pegasus.

Tal y como informó este medio un día después de celebrarse la comisión, la Ley recoge específicamente el carácter secreto de esta comisión, constituida para controlar el uso de los fondos reservados por parte del CNI. De hecho, la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservado, plasma en su artículo 7 que las sesiones de la Comisión "serán en todo caso secretas" y sus miembros están "obligados a no divulgar informaciones obtenidas".

El Reglamento del Congreso

Del mismo modo el Reglamento del Congreso de los Diputados dictamina, en su artículo 16, que los parlamentarios están obligados a "adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias así como a no divulgar las actuaciones que puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas", recoge.

Al respecto, expertos Derecho Penal consultados por Vozpópuli expusieron que, aunque la actuación del diputado de ERC tuviera visos de ser delictiva, es muy poco probable que la Sala Segunda del Tribunal Supremo abriera diligencias penales por este asunto. Con todo, el asunto está ahora en manos de la Fiscalía del alto tribunal la cual decidirá, tras la práctica de las diligencias oportunas, si presenta querella para que se abra una investigación judicial de los hechos o, por contra, decreta el archivo.