La Fiscalía propone reformar la ley para frenar las donaciones encubiertas a los partidos

La Fiscalía quiere reformar la ley para frenar la corrupción. En la Memoria correspondiente al año 2021 el Ministerio Público recoge una serie de sugerencias entre las que se encuentran endurecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Se propone al respecto que se incremente el control a las aportaciones de los afiliados para evitar que, a través de ellos, se 'cuelen' donaciones irregulares.

De esta forma el Ministerio Público quiere que se introduzcan mayores controles para evitar esta práctica, que ha salpicado a algunos de los principales partidos políticos del país. Por ello sugiere que la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) castigue con pena de multa a quienes reciban donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, siempre y cuando se incumpla lo relativo a los límites de la cuantía y la justificación de las cuotas.

La Fiscalía alega que la Ley, en la actualidad, no sanciona todas las vías de financiación irregular de las formaciones, sino únicamente las donaciones que sean anónimas, finalistas, o que superen los 100.000 euros anuales por persona. "El escaso control al que se someten las aportaciones constituye campo abonado para que sean vehiculadas a través de afiliados que obren a modo de persona interpuesta", recoge la Memoria del Ministerio Fiscal.

Hay que seguir profundizando en políticas preventivas relacionadas con transparencia, en la rendición de cuentas, el fácil acceso a la información de interés público y una más rigurosa regulación de las puertas giratorias

El documento, que ha presentado este miércoles la número dos de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, en el acto de apertura del nuevo curso judicial, desglosa también a lo largo de 1.574 páginas una serie de propuestas como la protección de la intimidad de denunciantes, testigos y peritos y cambios legales en materia de delitos de odio, violencia doméstica o protección de las personas especialmente vulnerables. Además, también reclama una regulación más rigurosa de las llamadas 'puertas giratorias' y de los lobbies e insisten en que los fiscales de Anticorrupción sean aforados ante el Tribunal Supremo.

La investigación de Fiscalía al Emérito

Aunque no hace alusión directa a la investigación abierta en la Fiscalía del Tribunal Supremo por la fortuna del rey emérito, sí que se refiere a estas diligencias en la Memoria. En el apartado relativo a la asistencia judicial activa hace alusión a la comisión rogatoria emitida a Arabia Saudí. Asegura al respecto que fue "muy relevante" por la necesidad de contar con dicha asistencia así como por su vinculación "con otras relevantes diligencias tramitadas en la Fiscalía del Tribunal Supremo".

Se refiere, sin mencionarlo, a la comisión rogatoria librada a Arabia Saudí en el marco de las pesquisas que se siguieron en Anticorrupción por el presunto pagos de mordidas millonarias de un consorcio español para adjudicarles las obras del AVE La Meca-Medina. Las mismas tuvieron puntos de conexión con las abiertas en la Fiscalía del Supremo por la fortuna de Juan Carlos I. Ambas han sido archivadas este año.

Proteger al denunciante

Con todo, Fiscalía dedica gran parte de su memoria a los asuntos relacionados con la corrupción. Al respecto recuerda reivindicaciones pasadas tales como que se tipifique el delito de enriquecimiento ilícito o que se mejoren los mecanismos de control en lo que respecta a la contratación pública en las administraciones regionales y locales. Lanza un dardo al legislador, al incidir en que llevan años advirtiendo del problema y que el diagnóstico está identificado. "Solo falta que nuestros responsables políticos se pongan a trabajar en esta dirección", apelan.

El Ministerio Público hace hincapié en la necesidad de proteger la intimidad de denunciantes, testigos y peritos de las causas. Al hilo, propone que se elimine la posibilidad de que ninguna de las partes de un procedimiento tenga acceso a datos de carácter personal "con la única excepción del Ministerio Fiscal".

Nueva Ley de igualdad de trato

En lo que respecta a los delitos de odio, Fiscalía aboga por impulsar una serie de modificaciones que pasan por la elaboración de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación. El órgano pide seguir el ejemplo de Cataluña y aprobar una nueva norma que incluya enfoques preventivos pero también sancionadores. Por ejemplo, sugiere que se incluya un catálogo de infracciones administrativas para las conductas que por no revestir suficiente gravedad no merecen respuesta en el ámbito penal.

También ven pertinente endurecer las penas de cárcel con el delito de incitación al odio ante el aumento de causas penales incoadas por este asunto. Según los datos incluidos en la Memoria, en el año 200 constan 1.434 mientras que en 2021 la cifra aumenta a 1824. El perfil predominante tanto de autor como de víctima de estos delitos de odio es el de hombre con edad comprendida entre los 18 y 40 años y de nacionalidad española.

La Fiscalía también dedica buena parte del documento a lo relativo a la violencia doméstica. Alega que las mujeres víctimas de violencia de género han pasado por un "auténtico calvario" en pandemia al tener que vivir confinadas con sus agresores. Fiscalía, que adopta el término de 'feminicidio' para referirse a homicidios y asesinatos de mujeres y niñas por razones de género, explica que hay una tendencia a la baja desde 2010 en cuanto al número de víctimas. De 2020 a 2021 se ha producido un descenso de 34,4%, aunque las denuncias aumentaron en un 8%.

Víctimas de violencia de género

Por ello aboga por reforzar la plantilla en los juzgados sobre la violencia de la mujer, mejorar las instalaciones de los edificios judiciales (para que las víctimas no puedan ver a su agresor) o implementar más herramientas informáticas para una mejor gestión. Como cambios legales insisten en que se modifique la dispensa de la obligación de declarar para protegerlas por su condición de víctima.

Fiscalía propone introducir en el Código Penal la figura de 'ignorancia deliberada' para castigar a los que se sitúan en una situación de ceguera para eludir su responsabilidad criminal

"Las consecuencias que para estas víctimas pueden derivarse de su comparecencia reiterada ante los tribunales
para rememorar y narrar lo acontecido, son incuestionables. El Estatuto de la Víctima del Delito exige que se reciba declaración a las víctimas el menor número de veces posible, y solo cuando resulte necesario para los fines de la investigación penal, y se marca como un objetivo esencial, evitar la victimización secundaria", reza la Memoria.

En otro orden de cosas, sugieren también introducir el subtipo agravado para los casos en los que se produzca maltrato animal de manera continuada o introducir en el Código Penal la figura de "ignorancia deliberada". Se trata de castigar a todos aquellos que se sitúan en una "situación de ceguera" a fin de eludir su responsabilidad criminal. Pone como ejemplo las causas de prevaricación.