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La Fiscalía descarta que Juan Carlos I fuera beneficiario de un 'trust' en Jersey

Anticorrupción sostiene en el borrador del decreto de archivo que las donaciones originales se remontan a 1950 y que no consta que el emérito haya percibido cantidad alguna de estas cuentas

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El rey Emérito, Juan Carlos I. Gtres

La Fiscalía Anticorrupción descarta que Juan Carlos I fuera beneficiario de un 'trust' en la isla de Jersey. El Ministerio Público así lo constata en el borrador del decreto de archivo de estas diligencias que se han seguido junto con otras dos líneas de investigación más en la Fiscalía del Tribunal Supremo. El decreto, adelantado por la cadena COPE y confirmado por fuentes jurídicas a este diario, concreta que el rey emérito nunca fue beneficiario de este 'trust' nutrido de donaciones que se remontan a 1950.

En esta tercera y última línea de investigación (que se inició a resultas de una alerta del Sepblac por posible delito de blanqueo), el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que no existe indicio alguno que permita vincular al padre de Felipe VI con este 'trust' desde 2004 hasta la actualidad. Del mismo modo sentencia que en ningún momento ha tenido condición de beneficiario de este fondo (que amasaría un total de 10 millones de euros) ni tampoco consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas.

Aunque la Fiscalía General del Estado no confirma el contenido del mismo, las fuentes consultadas explican que estas conclusiones están sobre la mesa desde hace unas semanas y solo queda que el órgano que dirige Dolores Delgado dé su visto bueno final para decretar el archivo. Desde mediados de 2020 se han abierto en la Fiscalía hasta tres líneas de investigación por el patrimonio del emérito en el extranjero pero todas ellas apuntan al archivo debido a la prescripción de los delitos, a su condición de inviolable hasta 2014 y a las regularizaciones fiscales que ha hecho al fisco de 5 millones de euros.

Apoyo a la Corona

De hecho, las pesquisas estaban ya sentenciadas cuando en diciembre vencía el plazo de la instrucción pero se prorrogaron medio año más a la espera de recibir de Suiza información relativa a datos fiscales de 2015 y 2016 sobre las fundaciones gestionadas por el entorno del monarca como Zagatka y Lucum. En lo que respecta a las diligencias seguidas por el 'trust' abierto el 9 de marzo de 2004 en Jersey, el borrador recoge que los fondos con los que se constituyó proceden de la liquidación de los 'trust' Tartessos y Hereu, fundados en 1995 y 1997, respectivamente, y de los que fue beneficiario el entonces jefe del Estado.

El borrador detalla al respecto que no existe en la actualidad documentación soporte disponible, de manera que "nunca se conocerá con total certeza" el origen de los fondos con los que fueron creados. No obstante, precisa que estos dos 'trust' surgieron por iniciativa de Manuel de Prado y Colón de Carvajal (diplomático ya fallecido que fue muy cercano a la Familia Real) y que contenían donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar el sostenimiento del entonces príncipe. La finalidad -recoge el decreto- era apoyar a Juan Carlos I en caso de que fuera depuesto por golpe institucional.

Ausencia de delito

La información adelantada por la cadena Cope recoge que en 2004 la situación política en España era estable y el rey emérito decidió liquidar los 'trust' y traspasar los fondos a Joaquín Romero Maura; de forma que este historiador es el que figura a día de hoy a nombre de la estructura fiduciaria de la cual será beneficiara su esposa cuando fallezca. Las disposiciones de dinero que se han efectuado desde 2014 (año en que el monarca abdicó y dejó de ser inviolable) serían en unas cuantías tan bajas que, según reza el borrador, "en ningún caso" alcanzaría la cuota correspondiente para que se produjera delito contra la Hacienda Pública.

Así pues, el fiscal jefe Anticorrupción cierra la puerta a que estas diligencias acaben ante un juez. Un horizonte que también se vaticina para las otras dos líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del alto tribunal contra Juan Carlos I. Se tratan, por un lado, de la relativa a las comisiones por la adjudicación a un consorcio español del AVE de La Meca-Medina y, por otro, del uso de unas tarjetas opacas al fisco de las que disfrutaron varios miembros de la familia del rey emérito vinculadas a cuentas de las que no eran titulares.

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