La Fiscalía Europea reclama a Anticorrupción la investigación sobre el hermano de Ayuso

La Fiscalía Europea ha reclamado a España la investigación abierta por el contrato público de mascarillas del que se benefició el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El ente formuló esta solicitud hace más de una semana a la Fiscalía Anticorrupción alegando que se podrían haber malversado fondos europeos. El órgano que dirige Alejandro Luzón ha planteado una cuestión de competencia a la Fiscalía General del Estado ya que entiende que este asunto se debe seguir investigando en España.

De hecho, tras recibir esta solicitud, Anticorrupción respondió a Europa que no veía indicios de que se hubiera cometido delito de malversación del Fondo Feder (destinado al desarrollo regional europeo) puesto que el dinero fue para la compra de este material en plena pandemia. Además, expuso que la competencia es de la Fiscalía española en tanto se trata de esclarecer si se cometió algún tipo de tráfico de influencias con la licitación de este contrato de suministro de mascarillas a una empresa cercana a Tomás Díaz Ayuso.

Cuestión de competencia

Así lo confirman fuentes fiscales a Vozpópuli, las cuáles precisan que, ante esta disyuntiva, se ha planteado una cuestión de competencia que se estudiará el próximo lunes en la Junta de Fiscales de Sala convocada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Las fuentes consultadas explican que en España no se pueden negar a que se abran diligencias en Europa por estos hechos, si bien insisten en que para asumir toda la investigación tendrían que demostrar que se trata de delitos indisociables.

La Ley Orgánica 9/2021 recoge al respecto que las funciones de la Fiscalía Europea son las de investigar a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la unión. Ello implicaría la remisión expresa desde el punto de vista de los delitos que afectan directamente a la Unión, así como a los que está indisociablemente vinculados con ellos.

Un supuesto que no parece darse en este caso ya que, por un lado, se plantea una posible malversación con la licitación de este contrato por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por otro, un posible tráfico de influencias. Este último asunto hace que se trate de unas pesquisas de índole nacional y así se lo ha recordado la Fiscalía Anticorrupción a su homóloga europea (cuya representante en España es la fiscal Concepción Sabadell) en los oficios que se han intercambiado en los últimos días desde que reclamaran estas diligencias.

Tanto la Ley de 2019 como el Reglamento europeo precisan que, en caso de discrepancias entre la Fiscalía europea y la nacional decidirá la persona titular de la Fiscalía General del Estado; esto es, Dolores Delgado. De modo que la fiscal general tendrá la última palabra sobre si la competencia es de Anticorrupción o bien Europa puede asumir todas las pesquisas. La Ley respalda que esta última investigue el cómputo del asunto si se da delito de blanqueo o cohecho que afecte los intereses financieros de la Unión y ante posible malversación de capitales cuando perjudique "de cualquier manera" los intereses financieros de la Unión Europea.

El hermano de Ayuso

Este órgano abrió diligencias el pasado mes de febrero tras recibir varias denuncias de los partidos del PSOE, Más Madrid y Podemos en relación a este contrato para la adquisición de un lote de 250.000 mascarillas por un importe de 1,51 millones de euros. El mismo se tramitó por la vía de urgencia al tratarse de una situación de emergencia sanitaria y fue a parar a la empresa Priviet Sportive S.L. Los grupos parlamentarios de la izquierda denunciaron que el hermano de Ayuso cobró más de 280.000 euros a modo de comisión por su gestión en este asunto.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió diligencias en aras a esclarecer si hubo delito de tráfico de influencias con estos hechos. En su decreto del 22 de febrero apuntó que había una falta de concreción en las denuncias entregadas, pero dijo que era necesario investigar estos hechos ya que se expresaban "claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación" y el papel que desempeñó en ella Tomás Díaz Ayuso. Sobre la presidenta madrileña apuntó que las hipótesis con las que contaba hasta el momento no eran lo suficientemente determinantes como para enviar al asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Al respecto, se impulsaron unas pesquisas que se pretenden agilizar lo máximo posible y a las que se les quiere dar un perfil especialmente bajo debido a la repercusión mediática del asunto. Por ese motivo el foco se puso en el análisis de la información financiera y bancaria de Tomás Díaz Ayuso ya que se busca esclarecer si sus ingresos en el ejercicio del 2020 variaron mucho tras la adjudicación del contrario o, por el contrario, ya venía percibiendo pagos desde esta firma. Al respecto Ayuso admitió el cobro de estas cuantías pero negó que fueran comisiones por intermediar en la licitación del contrato.