La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de reposición ante el Juzgado de Primera Instancia 104 de Madrid contra la decisión de dicho juzgado de admitir a trámite la demanda de una particular para paralizar la tramitación parlamentaria de la futura ley de amnistía en el Congreso, según fuentes fiscales.
El Ministerio Público considera que una demanda en la que se solicita la impugnación de decisiones o actos emanados de las Cortes, tiene la consideración de acto parlamentario y no de acto de naturaleza administrativa.
El escrito presentado por la Fiscalía defiende que el estudio de este caso "no es competencia del orden jurisdiccional civil, ni siquiera del orden contencioso-administrativo". El escrito mantiene que "el enjuiciamiento, tanto de las pretensiones que afectan al fondo, como de las referidas a la justicia cautelar del litigio" le corresponde al Tribunal Constitucional, en exclusiva.
En sus alegaciones, la Fiscalía pide que "dado que en el presente caso existe una manifiesta falta de jurisdicción", se revoque la diligencia de ordenación recurrida. Además, solicita que se dicte auto por el que se abstenga de conocer de las mismas y se proceda a la suspensión de comparecencia señalada.
El Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid había fijado, inicialmente, una vista para el próximo 13 de noviembre, pero finalmente ha sido aplazada para que las partes presenten sus alegaciones sobre si dicho juzgado tiene o no juridiscción para estudiar el caso, en un plazo de cinco días. En la vista estaban emplazadas las partes, entre las que se encuentra la Presidenta del Congreso y la Mesa de la Cámara Baja.
"Vulneración del derecho de igualdad"
La demanda presentada por una particular, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, apunta a una posible vulneración del derecho de igualdad, "ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia".
Dicha amnistía "puede estar vulnerando" sus derechos y "vulnera el principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" de artículo 9.3 de la Constitución. La demanda defiende, también, que "las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales, fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente determinadas".
La demanda insite en que la Mesa del Congreso y los partidos parlamentarios socialista, Sumar, ERC y Junts no pueden hacer "una interpretación laxa e interesada de los derechos fundamentales" que reconoce la Constitución, sin que en ningún caso se pueda afirmar que "lo que la Constitución expresamente no prohíbe, está permitido y entraría dentro del marco constitucional".
