El fiscal del Supremo se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo en 'Tsunami Democràtic'

El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo se opone a que el alto tribunal investigue por terrorismo a Carles Puigdemont y el resto de imputados en la causa de Tsunami Democràtic. El fiscal se adhiere de esta forma a la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que el pasado viernes volvió a mostrar su reticencia a enviar las diligencias al Supremo por presunto delito de terrorismo.

Así lo confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, las cuáles explican que el informe del fiscal Redondo tiene ahora que deliberarse en la junta de fiscales. Su proyecto se debatirá el próximo martes, de manera que el documento todavía no es definitivo ya que tiene que someterse al examen de la junta.

La Sala de lo Penal del alto tribunal dio traslado hace apenas unas semanas a la Fiscalía para que informara acerca la posible admisión de la exposición razonada que derivó el pasado mes de noviembre el magistrado que instruye el caso Tsunami, Manuel García Castellón. De esta forma, la Sala que preside Manuel Marchena dio el primer paso para decidir si admite la exposición del instructor o bien la devuelve a la Audiencia Nacional, donde arrancó por delito de terrorismo en el año 2019.

Puigdemont, en el foco

El magistrado decidió estimar la solicitud de Dignidad y Justicia y en noviembre derivó la causa al alto tribunal ante la condición de aforados de dos de los imputados: el diputado de ERC Rubén Wagensberg y Carles Puigdemont, este último diputado del Parlamento europeo desde el año 2019.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 expuso entonces que, tras cuatro años de instrucción, los investigadores habían recabado indicios suficientes para actuar contra los impulsores de Tsunami Democràtic por presunto delito de terrorismo. En relación a Carles Puigdemont expuso que tuvo un rol de liderazgo y una posición de dominio en las acciones de la plataforma radical. El magistrado se basa en las anotaciones del jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, quien fraguó un encuentro clave en Suiza con los cerebros de Tsunami antes de que el movimiento comenzara a operar, en agosto de aquel año.

Del mismo modo se apoyó en una conversación incautada al empresario Josep Campmajó en el marco de la cual el líder de Junts le expresó su preocupación por las protestas que convocó Tsunami Democràtic en Barcelona los meses de octubre y noviembre contra la sentencia del procés. Consciente de que muchas de esas acciones terminaron en batallas campales, Puigdemont advirtió de que perderían la batalla si se producía algún fallecimiento.

"La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior. De momento, la opción generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes pero que no alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perdemos", expuso Puigdemont.

La Fiscalía no ve terrorismo

Para el magistrado García Castellón estos indicios constituyen prueba suficiente para que el alto tribunal asuma el procedimiento que también se dirige contra una decena de personas, entre las que se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Frente a su criterio se encuentra el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que considera que no se han recabado los indicios suficientes para actuar contra Puigdemont por terrorismo y que los hechos serían constitutivos de desórdenes públicos graves.

Con todo, en un escrito avanzado por este medio, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, respaldó hace apenas unos días la prórroga de la instrucción acordada por el magistrado instructor y avisó que todavía no se había concretado la definición jurídica de los delitos investigados.

Se trata de un criterio que comparte también el fiscal del alto tribunal encargado del informe sobre Tsunami y que, como ha avanzado El Confidencial, se opone igualmente a que el Supremo asuma el procedimiento. Frente a ello el magistrado García Castellón ha insistido en sus últimos pronunciamientos en que los indicios contra los imputados se han consolidado a medida que avanza la instrucción.

El instructor pone el foco no solo en las batallas campales de la ciudad condal en las que tres policías resultaron heridos de gravedad, sino también en la ocupación de El Prat. La plataforma logró convocar a más de 8.000 personas en el aeropuerto el 14 de octubre de 2019 en un asedio que, a juicio del instructor, se debe investigar por presunto delito de terrorismo al tratarse de una estructura del Estado.