Piden al fiscal general que explique el futuro de Dolores Delgado tras el varapalo del Supremo

El nuevo mandato que arranca para Álvaro García como fiscal general del Estado va a ser especialmente convulso por los frentes abiertos en la carrera. Vocales del Consejo Fiscal le han pedido que se pronuncie expresamente sobre las últimas polémicas que salpican a la institución, entre la que se encuentran la decisión del Tribunal Supremo de anular el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala de lo Militar.

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo y vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado a García que se aborde en el próximo Consejo la situación de su antecesora en el cargo después del duro pronunciamiento del Tribunal Supremo en el que además le acusó de actuar con "desviación de poder" con el nombramiento de su antecesora ahora anulado.

Fuentes fiscales explican a Vozpópuli que el objetivo es que García Ortiz aclare en qué situación se encuentra ahora la actual fiscal de Sala de Memoria Democrática dado que, al haber sido anulado su ascenso a la máxima categoría de la carrera, no podría ostentar el actual de cargo en Memoria Democrática. Por ello reclama al fiscal general un pronunciamiento expreso de esta situación cuanto menos inédita que ha provocado un fuerte terremoto en la carrera fiscal.

El silencio del fiscal general

La petición, pendiente de respuesta, se suma a otras dos formuladas por los vocales de la Asociación de Fiscales y que tampoco han recibido contestación hasta el momento. Dichos vocales solicitaron el pasado 14 de noviembre que se convocara un Pleno extraordinario para valorar la amnistía.

Se trata de otra de las polémicas que afectan al fiscal general después de que denegara la petición de los fiscales del procés de defenderles en público ante las acusaciones veladas de lawfare que se incluyeron en el acuerdo de Junts y PSOE para investir a Pedro Sánchez.

El fiscal general respondió en una carta a la carrera que no se iba a pronunciar sobre la proposición de ley hasta su aprobación y apeló a la prudencia, neutralidad y separación de poderes. Con todo, no se plegó a lo solicitado por los cuatro fiscales del procés que querían un pronunciamiento expreso de defensa ante las acusaciones de que actuaron con imparcialidad contra los líderes del procés.

Su silencio ha terminado por enervar a muchos miembros de la carrera fiscal que se pronunciaron en comunicados firmados por casi la totalidad de los fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de otros órganos y provincias. Al respecto, los vocales de la asociación mayoritaria pidieron un Pleno extraordinario para abordar esta cuestión pero la Inspección Fiscal respondió interesando que se retirase la solicitud para abordar el asunto en la próxima reunión ordinaria convocada para el 20 de diciembre.

El varapalo del Supremo

Se trata de solicitudes todas ellas que están pendientes de respuesta y que llegan en un momento especialmente convulso para García. El pasado miércoles el Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó a la sentencia sin precedentes del Supremo y a la crisis con los fiscales anunciando que le volverá a ratificar como fiscal general del Estado.

El artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal determina que el fiscal general puede ser renovado en el caso de que hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, supuesto que se da para Ortiz porque ascendió a fiscal general en agosto 2022. García Ortiz ejercía entonces como jefe de la Secretaría Técnica, cargo para el que le había nombrado Dolores Delgado en su condición de fiscal general.

Con su cese, García Ortiz asumió el cargo de fiscal general del Estado, desde donde nombró a Dolores Delgado primero como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y después fiscal de Sala de Memoria Democrática, puesto de nueva creación y para el que sonaba como favorita desde el mismo momento de su dimisión. Ambos nombramientos se recurrieron ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado sobre el primero de ellos y lo ha hecho anulando el Real Decreto que la nombraba y también el ascenso que iba aparejado, ya que con su primera designación el fiscal general propició que Delgado ascendiera a fiscal de Sala. La anulación de estos dos movimientos le deja en una tesitura insólita puesto que ahora habría perdido la categoría requerida para ejercer como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

Fuentes fiscales consideran que el pronunciamiento del alto tribunal no afecta a su actual cometido pero otras fuentes entienden que habrá repercusiones a corto plazo. Tal y como informó este medio, el pronunciamiento del primer recurso tendrá una repercusión directa en la segunda causa abierta por su polémica designación como fiscal de Memoria Democrática.

A falta de que el Supremo se pronuncie sobre este segundo nombramiento, el vocal Salvador Viada interesa que el fiscal general aclare su situación toda vez que cuando la propuso apeló precisamente a que ya era fiscal con rango de Sala; un alegato que ahora mismo no concurre.

Cabe recordar que la sentencia supuso un duro varapalo para la actuación del fiscal general a quien le afeó que nombrase a Delgado bajo el pretexto de que una persona que ha sido fiscal general tiene que ascender a la máxima categoría. "La potestad del fiscal general del Estado consistente en hacer la propuesta de resolución de convocatoria de plazas de la primera categoría no tiene por finalidad reescribir las reglas de promoción en la carrera fiscal ajustándolas a sus personales preferencias", expuso el fallo.

El CGPJ valora su idoneidad

Con este caldo de cultivo, el Consejo de Ministros ratificó este martes a García al frente de la cúpula del Ministerio Fiscal durante cuatro años más apelando a su trayectoria impoluta. Tal y como determina el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, García Ortiz es propuesto y cesado por el Rey habiendo recabado precisamente criterio del CGPJ. El Pleno del órgano de gobierno de jueces se reúne este mismo jueves para valorar su idoneidad.

Fuentes del órgano consultadas por este medio explican que, lejos de resolverse por unanimidad, se espera un debate agitado y una respuesta dividida precisamente a tenor de los últimas polémicas que salpican su mandato. El trámite del año pasado se resolvió a favor de García, quien cosechó el respaldo de 12 vocales que concluyeron que cumplía los requisitos exigidos por la ley.

Por su parte, siete votaron en contra de su idoneidad por falta de cumplimiento de los estándares europeos y de neutralidad. Entre otros motivos apelaron a su vínculo directo con su antecesora Dolores Delgado, hecho que ahora ha constatado el Supremo en sentencia firme al apuntar a su "estrecha relación de confianza".

Superado este trámite, la primera prueba de fuego que afronta el fiscal general tras revalidar su mandato será la reunión del Consejo señalada para el 20 de diciembre, a tenor de las peticiones de los vocales de la APIF y de la Asociación de Fiscales que han pedido un pronunciamiento expreso sobre la situación de Dolores Delgado, las acusaciones de lawfare a los fiscales del procés y también sobre el texto de la amnistía.