Los fallos del Estado de alarma: el punto de inflexión en el PP y PSOE para controlar el TC

El Tribunal Constitucional ha sido el claro protagonista estos días por su pronunciamiento sobre la reforma del Gobierno para renovarlo por la vía de urgencia. La inédita prohibición a tramitar parte de esta reforma ha evidenciado la fractura que vive el órgano y las posturas inamovibles del bloque conservador y progresista. Un escenario resultado del control que el PP y el PSOE han intensificado en los últimos nombramientos y que tiene como principal motivo lo ocurrido en el TC con la votación de los dos estados de alarma.

Los principales partidos no quieren que se repita lo ocurrido hace algo más de un año, cuando el Constitucional tumbó varios preceptos del primer y el segundo Estado de alarma decretado por el Ejecutivo durante la pandemia. El Pleno se rompió en las deliberaciones de los recursos interpuestos por Vox debido a la complejidad y a lo inédito del asunto.

Finalmente, el Pleno tumbó artículos tanto del primer confinamiento como del segundo; ahora bien, lo hizo con un movimiento que sorprendió dentro y fuera del tribunal. En relación con el primer Estado de alarma, el TC lo declaró inconstitucional en julio de 2021. El resultado de la votación fue de 6-5, exactamente igual que ha ocurrido con la deliberación de esta semana pasada. Sin embargo, no todos los votos favorables a tumbar la actuación de Pedro Sánchez fueron del bloque conservador.

El Estado de alarma en el TC

El entonces presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, votó en contra de declarar inconstitucional los preceptos más duros del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. El conservador sorprendió y se sumó al bloque en minoría de los progresistas al considerar que esa era la figura jurídica que debía regir durante el confinamiento y no el estado de excepción. "Eran constitucionalmente admisibles las medidas que limitaron la libertad de circulación. No suprimían el ejercicio del derecho y eran proporcionales con el objetivo que las justifica", expuso.

A su decisión se sumó también el entonces magistrado del Constitucional Andrés Ollero. El conservador también se desligó del criterio mayoritario. Emitió voto particular y dijo que a lo largo de la pandemia se habían escuchado "majaderías" y que era "de Justicia reconocer que no se llegó al extremo" advertido por algunos políticos con relación a la limitación de derechos y libertades.

Con el giro de estos dos magistrados se hubiera conseguido mayoría de criterio partidario al Estado de alarma que acordó Sánchez, de no ser porque se produzco una tercera sorpresa: la vicepresidenta Encarnación Roca votó en contra del Gobierno. De hecho, su voto fue determinante, ya que desempató el 5-5 existente en el Constitucional e inclinó la balanza hacia el fallo final, que supuso un auténtico mazazo a las medidas del Ejecutivo adoptadas durante la pandemia.

Presiones a Encarnación Roca

Y por si fuera poco, el patrón se repitió en la deliberación y fallo del segundo Estado de alarma, que estuvo vigente entre noviembre de 2020 y mayo de 2021. En octubre de 2021, el Constitucional volvió a anular partes del Decreto acordado por Moncloa. En concreto, se declararon inconstitucionales la prórroga de medio año bajo esta figura y también la autonomía que dio el Ejecutivo a las comunidades para que aplicaran sus propias medidas en la lucha contra el coronavirus (la conocida como 'cogobernanza').

Encarnación Roca (exvicepresidenta del TC) votó a favor de los recursos de Vox contra el Estado de alarma. Tiempo después denunció presiones desde el Ejecutivo

El auto se aprobó por seis votos a favor y cuatro en contra. Votaron en contra los magistrados progresistas y el conservador Juan José González Rivas. Votaron a favor de estimar el recurso de Vox, la bancada conservadora a la que se unió en este caso el magistrado Ollero y la vicepresidenta Encarnación Roca.

La jurista catalana, que llegó al Constitucional a propuesta del PSOE y con el respaldo de CiU, se desmarcó de sus compañeros progresistas al considerar que con estos preceptos se vulneraron los derechos de los ciudadanos. Tiempo después, y ya fuera del tribunal de garantías, confesó que en aquellos momentos recibió llamadas telefónicas del Gobierno. En concreto, se habló de presiones que recibió en plena deliberación de los recursos contra los estados de alarma. Se apuntó a la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.

Un nuevo Constitucional

El resultado de estos fallos llevó tanto al PSOE como al PP a incrementar el control de los candidatos elegidos para integrar el tribunal de garantías. Así, en la siguiente renovación -que se produjo en octubre del año pasado- los principales partidos políticos intentaron elegir a perfiles de sensibilidad más marcada.

El Gobierno propuso a la juez Inmaculada Montalbán, símbolo en la lucha contra la violencia de género, y a Ramón Sáez Valcárcel, hasta ese momento magistrado de la Audiencia Nacional, referente en la lucha a favor de la memoria histórica y contra el franquismo. También integró el tribunal que absolvió al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero de los hechos derivados del 1-O.

El PP, por su parte, propuso al letrado de las Cortes, Enrique Arnaldo, y a la entonces presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel. Los cuatro venían a sustituir al presidente Rivas, la exvicepresidenta Encarnación Roca, el conservador Andrés Ollero y el progresista Fernando Valdés, que renunció a su plaza en 2020 tras abrirse su causa en el Tribunal Supremo por violencia doméstica. La misma se archivó este pasado verano.

El interés del Gobierno en renovar cuanto antes el Constitucional y su objetivo de que no se repita lo ocurrido con la deliberación del Estado de alarma le ha llevado a proponer perfiles especialmente marcados ahora que se trabaja en la renovación de cuatro cargos que están prorrogados desde verano. La elección del exministro de Justicia de este gobierno, Juan Carlos Campo, y de la exalto cargo de Moncloa, Laura Díez es una buena muestra de ellos.

No ha faltado la polémica a las propuestas del Ejecutivo, el cual ha tratado sin éxito de cambiar la ley del Constitucional para poder nombrar a sus candidatos, ya sin tener que esperar al CGPJ. Las prisas se entienden no tanto en el tiempo que lleva prorrogado el mandato los otros dos miembros nombrados por el Gobierno de Rajoy en 2013, sino por la intención de aumentar su cuota de control. Especialmente ante los asuntos que llegarán relacionados con el independentismo catalán.

Se trata de dos nombramientos clave, ya que inclinarán la balanza de la mayoría conservadora que ahora predomina a una progresista. Además, ello irá aparejado a un cambio en la presidencia del Tribunal Constitucional, cargo que ejerce en la actualidad Pedro González-Trevijano. Como potencial sustituto lleva meses sonando con fuerza el nombre del actual miembro y exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.