Dignidad y Justicia pide la dimisión de García Ortiz por su cercanía al Gobierno

La asociación Dignidad y Justicia pide la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por sus últimas actuaciones con respecto a la investigación de Puigdemont por terrorismo. Desde el colectivo piden que García Ortiz deje el cargo ya que su postura obedece "únicamente a una orden política dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", según denuncia en un comunicado.

Dignidad y Justicia acusa al Fiscal General del Estado de usar la institución, "clave en el Estado de Derecho", "para beneficiar intereses partidistas" de los socios del jefe del Ejecutivo.

La denuncia va más allá de García Ortiz, ya que el comunicado salpica también al que acusan de ser su "enviado político", el Fiscal del Supremo Álvaro Redondo. En este caso denuncian cómo la reunión entre ambos, "jefe" y "enviado", se saldó con un cambio de opinión por parte de Redondo: pasó de pedir abrir una causa por terrorismo contra Puigdemont a desdecirse tan solo 72 horas después, García Ortiz mediante.

Cambio de postura del fiscal del Supremo por intereses partidistas motivado por García Ortiz

Redondo, sin embargo, no ha marcado la tendencia en el Supremo. Este martes, los fiscales del Tribunal han avalado investigar a Puigdemont por terrorismo de forma mayoritaria (12 votos a 3). Desde Dignidad y Justicia recuerdan que lo reclamaron en su momento como acusación particular y que el propio Redondo reclamó en su primera interpelación. "El cambio de postura obedece por lo tanto únicamente a una orden política dada por el presidente del Gobierno", versa el comunicado.

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En la misma línea, Dignidad y Justicia ha criticado la actuación del fiscal Carlos García-Berro por "hacer el juego" a Bildu al frenar la investigación contra Sortu, en cuyos chats afloraron contactos entre el entorno de ETA y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, tal y como narró este periódico.

"Esta oposición a investigar hechos que claramente arrojan indicios delictivos, tanto en el caso de Junts como en el de Sortu, no revela otra cosa que un interés del Gobierno, que utiliza la Fiscalía General del Estado, por satisfacer las peticiones de sus socios parlamentarios, que son los que mantienen en el poder a Pedro Sánchez", sentencia a raíz de todo ello Dignidad y Justicia en el comunicado.

Para terminar, a todo esto se suma una denuncia a la "intervención del Ejecutivo en una institución clave", que la asociación denuncia como un elemento que degrada "sin precedentes" el ministerio público y que "evidencia" que los discursos contra los los jueces que se vienen repitiendo entre los socios de coalición "no sólo están promovidos por los indepedentistas", sino también por el propio ejecutivo.