El Defensor del Pueblo catalán se lanza contra el fallo que blinda el 25% de clase en castellano

Tres días después de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregase en el Congreso de los Diputados su informe anual y, entre otras recomendaciones, pidiese al Gobierno catalán adoptar las medidas necesarias para la protección del menor de Canet de Mar cuya familia solicitó el 25% del tiempo lectivo escolar en lengua castellana, el Síndic de Greuges (la versión catalana de este órgano) ha presentado en el Parlamento de Cataluña un documento en el que se cuestiona la sentencia firme del TSJC que pide garantizar un mínimo del 25% de clases en castellano.

Con el título Derechos y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña: el escuela como garante de la igualdad de oportunidades, el análisis de Rafael Ribó concluye que "la aplicación de una proporción rígida para una determinada materia prevista en la jurisprudencia del TSJC entra en contradicción con el carácter global e integrador de los contenidos curriculares en la Educación Primaria (art. 18 LOMLOE), que desdibuja la división del currículo en materias y establece las áreas, que no necesariamente responden a materias específicas en el horario lectivo del alumnado"

Según el Síndic de Greuges, la "fórmula" prevista en la sentencia del TSJC "comporta más del 25% en castellano en las aulas". Sus conclusiones se basan en una encuesta que el propio órgano distribuyó por los centros escolares a finales del año pasado y a la que los menores de edad se vieron obligados a participar sin que los centros contasen con la autorización de sus representantes legales.

A partir de la Encuesta sobre los derechos de los niños y usos lingüísticos en Cataluña (EDIAC-2021) -explica el Defensor del Pueblo catalán- se ha realizado una simulación de cómo cambiaría la lengua de uso en el aula si se garantizara una asignatura no lingüística íntegramente en lengua castellana en el conjunto de centros de Cataluña, y el peso del castellano como lengua de uso en el aula alcanzaría el 35%.

El polémico sondeo fue dirigido a centros que imparten Primaria y/o Secundaria y, más específicamente, al alumnado de 5º de Primaria y de 3º de ESO. Contó, según recoge el Síndic, con la participación de 974 centros de Primaria, el 43,4 % del total, y 547 centros de Secundaria, el 51% del total, respondiendo hasta 52.522 alumnos.

Críticas al estudio y a la encuesta

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) considera que la encuesta fue ilegal y denuncia la instrumentalización del órgano catalán, demás de pedir el cese de Ribó. "En este caso por haber instrumentalizado a menores a fin de elaborar un documento de propaganda que critica las decisiones judiciales, interfiere con las competencias del poder legislativo y justifica la vulneración de los derechos individuales de los ciudadanos", apuntan desde la asociación.

"La distribución de dicha encuesta en centros educativos sin contar con la preceptiva autorización de los representantes legales de los menores, obligándoles no solo a relevar datos correspondientes a su intimidad, como es la lengua que utilizan en su ámbito familiar, sino también la lengua que utilizan los profesores en el centro, podría suponer la vulneración del derecho de los menores a su intimidad personal y familiar, así como a su libertad ideológica, al convertirse en instrumentos de un estudio que, dado el claro posicionamiento del Síndic de Greuges en favor del inconstitucional sistema de inmersión lingüística que se practica en los centros educativos catalanes, podría devenir en una herramienta de propaganda", sostiene la AEB.

Esta misma entidad puso en conocimiento del Ministerio Fiscal y del Defensor del Pueblo la realización de este estudio sin contar con el consentimiento de los representantes legales de los menores que participaban en él. Y advierten: "Ahora se ha dado a conocer el documento elaborado por el Síndic de Greuges a partir de esa encuesta, confirmándose que nos encontramos ante un panfleto propagandístico que pretende amparar la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y justificar el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020".

Según la AEB, el informe supone un desafío a los tribunales y compromete la posición del Síndic de Greuges con una actuación partidista a favor del nacionalismo y en desamparo de los catalanes no nacionalistas, que es ampliamente conocida.

La asociación defensora del bilingüismo en Cataluña cree que la promoción del conocimiento del catalán no puede hacerse a costa de vulnerar los derechos lingüísticos de los alumnos y también que no corresponde al Síndic determinar las opciones de política lingüística en este sentido, salvo si se trata de realizar las indicaciones que considere necesarias para la defensa de los derechos de los ciudadanos (art. 78 del Estatuto de Autonomía de Cataluña).

"Utilizar la institución como palanca para el proyecto nacionalista no solamente supone un uso torticero de la misma, sino también miserable, en tanto que se pretenden limitar derechos individuales para llevar adelante un proyecto político de transformación social que implica la modificación de la lengua que utilizan las personas en sus relaciones personales", critica la AEB.

Conclusiones del Defensor catalán

El informe presentado por el Defensor del Pueblo en Cataluña recoge que el catalán y, en menor proporción, el castellano son lenguas de uso en la enseñanza en el sistema educativo, "sin que esta presencia sea residual en ninguna de las dos lenguas, y con una presencia de la lengua catalana que no llega a doblar la presencia de la lengua castellana".

"Que el catalán sea la lengua de impartición de materia del profesorado y la lengua de interacción del profesorado con el alumnado contribuye a compensar el carácter dominante del castellano en el resto de usos lingüísticos dentro y fuera del centro", determina el estudio.

Además, señala que el modelo lingüístico escolar catalán ayuda a reducir las desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales. "El uso de las lenguas oficiales en la enseñanza puede garantizarse sin necesidad de aplicar una proporción mínima", insiste el Defensor catalán.

"El nivel de competencia en castellano del alumnado catalanohablante es más elevado que el nivel de competencia en catalán del alumnado hablando de otras lenguas. La escuela tiene un papel compensatorio determinante para los alumnos que no tienen ningún contacto activo con el catalán fuera del centro", considera Ribó.

Para el Síndic, el modelo lingüístico en Cataluña se ajusta a la Constitución y al Estatuto de Cataluña. "La subordinación del uso social del catalán al castellano está presente en la mayoría de ámbitos de interacción social de los adolescentes, y sólo es prevalente en el aula", puntualiza.

El TSJC ratifica su decisión

Ribó presentó este estudio en el Parlamento catalán tan solo tres días después de que Ángel Gabilondo entregase el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2021 en el que se recomendaba a las autoridades competentes adoptar las medidas precisas para la protección del menor de Canet de Mar (Barcelona), "en el marco del debido respeto y la protección de la pluralidad lingüística española".

Este mismo martes, las familias que rechazan el 25% del castellano en las aulas catalanas recibieron otro varapalo de la Justicia. El TSJC ratificó la aplicación de esta cuota en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar y denegó el levantamiento de forma cautelar de su decisión.

El tribunal sostiene que la sentencia que fija un 25% de castellano en toda la educación catalana es firme desde el pasado mes de diciembre y que la ley comporta "necesariamente el uso vehicular" de catalán y castellano. "No se puede identificar un daño a los alumnos del curso afectado por el hecho de que se aplique el sistema de conjunción lingüística en la medida en que esta circunstancia no vulnera un eventual derecho subjetivo", recoge el documento.

Huelga estudiantil de tres días

En línea con el argumentario de Ribó, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes ha convocado una huelga contra la sentencia del TSJC que arrancará este miércoles y se prolongará durante tres jornadas. Una protesta que también está motivada por los recortes en materia educativa. Piden la dimisión del consejero Cambray.

"Nuestros profesores y profesoras están luchando contra unos recortes que desangran la educación pública desde hace más de diez años y contra un consejero autoritario que los menosprecia y que, además, acepta las imposiciones de los tribunales franquistas contra el catalán y la inmersión lingüística. Este Gobierno no sólo ha dado la espalda a la movilización popular que lucha por la república catalana, sino que además acepta las continuas imposiciones antidemocráticas del régimen del 78. ¡Ya basta con normalizar la represión!", lanza el sindicato estudiantil.