La CUP vuelve a ser determinante para la configuración de un nuevo Gobierno independentista. Pero, esta vez, la formación anticapitalista quiere imponer sus líneas rojas, que pasan por ejercer el "derecho de autodeterminación" con la celebración de un nuevo referéndum a finales de la siguiente legislatura. Si no hay el compromiso explícito por parte de ERC y Junts para sentar las bases de una nueva votación como la del 1 de octubre de 2017 y, posteriormente, defender el "resultado", no darán su brazo a torcer. Es decir, no garantizan ni entrar en el Ejecutivo ni apoyarlo desde fuera si no se pone fecha y pregunta a un referéndum.

Los de Dolors Sabater buscan contar en esta estrategia con En Comú Podem -explican las fuentes consultadas- para que no se les acuse de ser los únicos que, por tercera vez consecutiva, facilitan que un partido de derecha (Junts) forme parte del Ejecutivo sin avanzar hacia la "soberanía plena". En la legislatura de 2015, la CUP admitió haber aprobado unos Presupuestos "poco sociales" con el fin de no obstaculizar la independencia de Cataluña. Ahora no quieren repetir estos errores.

Mireia Vehí, portavoz de la CUP en el Congreso, ha afirmado este martes que las urnas muestran que hay una mayoría para el "referéndum, fin de la represión, amnistía y que hay que ir hacia la izquierda". Los anticapitalistas consideran que ERC y Junts renunciaron en la pasada legislatura a "trabajar" por la secesión y, en consecuencia, solo avalarán "un programa de gobierno" que vuelva a poner en el centro de la actuación de la Generalitat un referéndum de autodeterminación. Con o sin acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y empujan a los comuns a sumarse si creen en "la soberanía de los pueblos".

El punto en el que tanto CUP como En Comú Podem coinciden es en la necesidad de apartar a Joan Canadell, número dos de Laura Borràs, que estaría al frente del partido si finalmente Borràs es inhabilitada por el Tribunal Supremo. Canadell es conocido por sus comentarios en redes sociales a favor de Donald Trump y por mostrarse partidario de rebajar la presión fiscal de Cataluña o eliminar el impuesto de sucesiones. Representa un modelo de país y económico antagónico al que defienden desde la CUP y los de Jéssica Albiach.

"Plan de choque social"

Además de la cuestión secesionista, la CUP no quiere dejar en un segundo término la "agenda social". Y más después de que el procés no culminara en la independencia. En este sentido, han pedido un "plan de choque social" para que los más vulnerables no paguen las consecuencias de la pandemia y reforzar el sistema sanitario con la "nacionalización de los consorcios y mutuas sanitarias", entre otras medidas.

La victoria de ERC frente a Junts puede facilitar la entente en este sentido. Tanto ERC, como CUP y comuns se mostraron partidarios de subir el IRPF, aprobar una ley del precio del alquiler o quitar las ayudas a las escuelas concertadas. Los de Laura Borràs, tras la ruptura con el PDeCAT, también han abrazado posiciones de izquierda y, por ejemplo, no incluyeron en su programa electoral la propuesta de suprimir el impuesto de sucesiones que sí defendía la antigua Convergència de Artur Mas.

En este sentido, parece que será más fácil congeniar la política social, que la relativa a la independencia. La CUP cree que la propuesta de Junts de "levantar la DUI si superaban el 50% de los votos" no es viable. Pero tampoco confían en la receta de ERC de "ampliar la base" antes de volver a la senda de la unilateralidad.

El objetivo de los anticapitalistas para por reactivar el pulso con el Estado con una nueva consulta ilegal. Consideran que el 1-O fue un "éxito" de movilización sin precedentes y que la vía de los hechos consumados es la única efectiva para que más gente se sume al proyecto. Por esta razón, tampoco creen que la Mesa de Diálogo entre gobiernos tenga sentido, ya que creen que el Estado solo se sentará a negociar una vez la independencia sea imparable.

Portazo en Madrid

Este martes PSOE -con su voto en contra- y Unidas Podemos -con su abstención- facilitaban el portazo a la moción de ERC en el Congreso de los Diputados para la celebración de un referéndum en Cataluña. La coalición de Gobierno ha valorado que las soluciones políticas al conflicto territorial deben articularse a través de la mesa de negociación que no se reunirá hasta que haya un nuevo Govern.

La CUP forzará a ERC, Junts y comuns a "recuperar la iniciativa". Y esto pasa por una política de hechos consumados: que pongan fecha a una nueva votación secesionista. Este compromiso irrenunciable será el primera paso para, posteriormente, decidir si entran o no en el Ejecutivo -y qué consejerías ostentarían- y volver a poner la política catalana en la casilla de salida de un nuevo procés.