El escándalo de los cuarteles salpica a la mujer del general Jarava: la Guardia Civil rastrea sus firmas

El escándalo por el presunto amaño en las obras de acuartelamientos de la Guardia Civil apunta al entorno más cercano del teniente general Pedro Vázquez Jarava. La unidad policial que destapó un presunto pufo en más de una decena de contratos puso el foco dos empresas que están a nombre de la mujer de este mando de la Guardia Civil.

Así lo confirman a Vozpópuli fuentes de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. En concreto, Asuntos Internos de la Guardia Civil solicitó a la juez instructora que reclamase a la Agencia Tributaria datos de M.D.S, mujer del mando imputado. Así, y según las mismas fuentes, el foco se puso en dos firmas concretas: Vázquez Sierra 2015 S.L y Sierra Martín Portugués.

Según ha podido constatar este medio, la mujer del general Vázquez Jarava figura como administradora única de las dos firmas, las cuáles tienen el domicilio social inscrito en la misma dirección: Gran Vía de Madrid, número 57. El objeto social de ambas es la compraventa de toda clase de bienes inmuebles y la parcelación y urbanización de terrenos.

Dos empresas en Gran Vía

La petición de la Guardia Civil se ciñe exclusivamente a los meses de enero y diciembre de 2015. Aunque esta no fue la única diligencia que solicitaron los agentes. También propusieron requerir a la Tesorería General de la Seguridad Social para que facilitasen información de la vida laboral del teniente general y de su esposa, la cual no está imputada por estos hechos.

Esta investigación penal aterrizó en Madrid en 2021 proveniente de Ávila, pero ha saltado a la palestra a tenor del caso Mediador que se investiga en Canarias. Ambos procedimientos tienen un nexo de unión; el empresario Ángel Ramón Tejera de León. Conocido como 'Mon', este inversor está imputado en las diligencias de los cuarteles por haberse beneficiado de decenas de contratos de obras de remodelación y pintura en 13 acuartelamientos de la Guardia Civil. Los investigadores apuntan a un pufo millonario con estos contratos menores que, en algunos casos, no llegaron ni a ejecutarse.

Su aparición en el sumario del 'tito Berni' ha impulsado el avance de en paralelo de esta investigación que tiene ramificaciones en otros puntos de España. Para entender el origen del escándalo hay que remontarse a 2019. Un anónimo advirtió a Asuntos Internos de la Guardia Civil de posibles irregularidades con este contrato y la unidad abrió unas diligencias que acabaron en los juzgados de Ávila por presunto delito de malversación.

Contratos troceados

Durante la causa se imputó a este empresario canario, además de su colaborador Salvador Gutiérrez Espinosa. También se interrogó al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien deslizó que se actuó por orden del teniente general Vázquez Jarava. Ello propició el envío de la causa a Madrid, ya que en el momento de los hechos Jarava estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en la capital.

Cuando aterrizó en los juzgados de Madrid, Asuntos Internos abrió una nueva vía de investigación que reveló que en 13 comandancias de la Guardia Civil se habrían llevado a cabo trabajos de pintura e impermeabilización, abultando el monto de estos contratos públicos por importe superior a los 3 millones de euros. En algunos casos, los trabajos se dejaron a mitad y en otros ni se empezaron.

Sin embargo, había un denominador común en casi todas y es el hecho de que se adjudicaron a Tejera de León. Por eso, Asuntos Internos reclamó información fiscal de cuatro de sus empresas: Canarycorck S.L, Impermercorck S.L, Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L. Y en paralelo, se centró también en indagar mercantiles vinculadas al general Vázquez Jarava. Algunas de estas adjudicaciones se trocearon para que no superaran el límite de 40.000 euros y pasaran como contratos menores. Al resolverse como expedientes administrativos evitaban un mayor control de la Administración.

Patrimonio hará el peritaje

En algunos casos, incluso se firmaron varios de estos contratos para reformar cuarteles en un mismo día. Así, consta por ejemplo que la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras adjudicó a un de las empresas de 'Mon' la reparación y el aislamiento de dos bloques de Tarifa por 25.000 euros cada uno. Hasta la fecha se han detectado adjudicaciones en Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Toledo, Valladolid y Tenerife.

En relación con este último, se detectaron reformas de los acuartelamientos de Guía de Isora, Valverde de El Hierro, Tijarafe y Santa Cruz de la Palma. Precisamente, desde el Ministerio del Interior ya se han tomado las primeras medidas. Esta pasada semana el ministro Fernando Grande-Marlaska cesaba al jefe de la Comandancia de Tenerife, José María Tienda, por el presunto pufo de los cuarteles. Se da la circunstancia de que su nombre sale, además, en el sumario del caso Mediador.

Con todo, la cifra de mandos salpicados por este escándalo asciende a cinco. Al nombre de Vázquez Jarava, Carlos Alonso Rodríguez y José María Tienda se suman dos más: por un lado, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (imputado en el caso Mediador y cercano a 'Mon') y por otro un teniente coronel del Ejército destinado en el cuartel de Valencia, que ejercía las funciones de interventor. Este último mando está imputado en una causa que se sigue en Valencia por estos mismos hechos, de manera que hasta el momento hay tres procedimientos abiertos por el presunto amaño de obras.

Con todo, el foco se ciñe ahora mismo en la investigación del juzgado de Madrid, ya que está pendiente de peritar todas las obras detectadas por la Guardia Civil. Tal y como informó este medio, será Patrimonio del Estado el que se encargue de este asunto después de que el Ministerio del Interior declinara peritarlo por el volumen de obras a estudiar.