Los líderes independentistas ya han logrado apartar a dos jueces del Tribunal Constitucional de las deliberaciones que tengan que ver con el proceso soberanista. Tanto Antonio Narváez como este miércoles Cándido Conde-Pumpido han anunciado su abstención. De este modo, buscan blindar las condenas dictadas por el Tribunal Supremo ante los recursos que acabarán en la justicia europea. No obstante, el movimiento no está exento de riesgos, según advierten diversas fuentes a Vozpópuli.

Uno de ellos tiene que ver con el quorum necesario que marca la Ley para que el Tribunal Constitucional pueda deliberar. Como mínimo se necesitan ocho jueces de los doce que integran el órgano. Desde hace meses intervienen solo once tras la dimisión del magistrado Fernando Valdés, acusado de malos tratos a su mujer. Ahora hay que descontar los otros dos tras los incidentes de recusación presentados por los abogados de los independentistas. Quedan nueve disponibles por lo que el tribunal cuenta solo con un pírrico colchón de dos jueces para seguir con sus deliberaciones sobre el procés.

La situación daría algo de aire si se desactivase la parálisis en la que se encuentra la renovación de la Justicia por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Es la misma que afecta a otros órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo. Las elecciones en la Comunidad de Madrid no permiten aventurar cambios a corto plazo. En noviembre de 2019 tendrían que haber renovado a cuatro jueces del Constitucional, entre ellos el propio Valdés, a quien no se le ha sustituido por este motivo.

Calendario

La siguiente fecha de renovación toca en julio de 2022 cuando el Gobierno ya sí podrá nombrar dos puestos nuevos sin necesidad de pacto. Uno de los jueces que tendrá que salir es precisamente Narváez, designado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Su plaza sería ocupada por un juez sin la espada de Damocles de la recusación. En cualquier caso, el calendario que se marca el Tribunal Constitucional respecto al procés es más inmediato

Según fuentes de este órgano, la previsión es que en dos semanas el Pleno estudie ya el primer recurso de uno de los condenados por sedición, concretamente el que atañe al exconseller Jordi Turull. Lo que salga de esa deliberación marcará el camino para los siguientes, previstos para los próximos meses.

La recusación es un derecho que asiste a todo encausado cuando entiende que hay pruebas de que el juez que va a resolver su asunto no es imparcial. En los casos de Narváez y Cándido Conde-Pumpido, dirigentes como Oriol Junqueras o Carles Puigdemont alegaron declaraciones sus públicas en las que se alinearon con las tesis de las acusaciones del procés. Las fuentes del Tribunal Constitucional consultadas ven poco probable que se llegue a la situación de perder el quorum, pero admiten que no es imposible.

El precedente de Narváez

A la vista de lo sucedido, algunas voces ven ahora como un error la decisión que en su momento adoptó el propio Conde-Pumpido como coordinador de los asuntos del procés en el Tribunal Constitucional. En un intento de mandar un mensaje de fuerza a Europa, apostó por que todas estas cuestiones se abordasen en el Pleno y se buscase la unanimidad de todos los jueces en lugar de discutirlo en una de las dos salas que tiene el órgano. 

El hecho de que dos magistrados ya hayan decidido apartarse para no poner en riesgo la sentencia ha generado malestar en sectores de la carrera judicial. Creen que aceptar la abstención de Narváez para salvar la sentencia sentó un precedente peligroso al poner demasiado bajo el listón y por tanto la decisión de Conde-Pumpido era inevitable. Auguran que esa vara de medir tendrá consecuencias más allá del procés y afectará a incidentes de recusación de otros asuntos. 

Además, defienden que los jueces del Tribunal Constitucional son los máximos garantes de la Carta Magna y por tanto unas declaraciones en defensa del Estado Derecho frente al desafío que supuso el procés no pueden ser nunca consideradas un motivo de recusación. Otras fuentes jurídicas consultadas apuntan que Narváez no tenía previsto apartarse, pero en el seno del tribunal había magistrados que sí lo consideraban oportuno y por tanto se abstuvo para no dar señas de división en un asunto tan sensible. 

Los independentistas 'peinan' la hemeroteca

Advierten de que se ha abierto una puerta a más abstenciones. Fuentes independentistas confirman a este periódico que llevan meses escrutando la hemeroteca en busca de más manifestaciones como las que han apeado a estos dos jueces y se muestran optimistas de que tendrán base para plantear nuevas reclamaciones. 

Otra incógnita que se plantea tras las dos abstenciones es qué pasa ahora con las decisiones en las que ya han intervenido Narváez y Conde-Pumpido. Este último, por ejemplo, firmó la ponencia que se dictó hace unas semanas en relación con Meritxell Borrás, condenada por desobediencia, y que confirmó todos los extremos de la resolución del Tribunal Supremo sin encontrar tacha constitucional alguna. Varias fuentes remarcan que ninguno de los dos magistrados han llegado a ser recusados porque se han apartado antes de forma voluntaria lo que de facto supone asumir las tesis sobre su falta de imparcialidad, un argumento a utilizar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 

El Tribunal Constitucional confirmó en una escueta nota de prensa la decisión de Conde-Pumpido. Según dice el comunicado, “ha presentado  el escrito de abstención en los recursos de amparo promovidos en la causa especial nº 20907/17 seguidos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo”. Es la que tiene que ver con la sentencia de los líderes del procés.

Queda saber qué hará con las deliberaciones que tengan que ver en el futuro con el expresidente huido de Cataluña Carles Puigdemont en el caso de que finalmente sea entregado a España. De momento sigue su periplo judicial internacional con próxima parada en los tribunales belgas. Fuentes del Tribunal Constitucional explican que tras el anuncio de renuncia de Conde Pumpido, el Pleno del órgano tendrá que aceptarlo y delimitar en un auto cuáles son las causas concretas en las que no podrá intervenir.