España

El Congreso planea debatir el dictamen final de la 'ley Celaá' el 19 de noviembre

PSOE y Podemos, partidos que forman la coalición de Gobierno, pisan el acelerador para que la reforma educativa llegue al Senado antes de fin de año

La ministra de Educación, Isabel Celaá.
La ministra de Educación, Isabel Celaá. Efe

El debate del dictamen final de la LOMLOE (Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Educación), también conocida como 'ley Celaá', ya tiene fecha en el calendario.

Aunque se trata de un plazo provisional, la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este miércoles fijar la discusión del informe final sobre la norma en el orden del día del próximo jueves 19 de noviembre. Así lo han confirmado fuentes parlamentarias y gubernamentales a Vozpópuli

Antes de llegar al Pleno, el dictamen será previamente debatido para su aprobación el viernes 13 de noviembre por la Comisión de Educación y Formación Profesional. Lo hará sobre la base del informe elaborado por la Ponencia, que ha evaluado más de mil enmiendas en las últimas semanas.

Además se votarán las propuestas que no han sido aceptadas durante las distintas reuniones y cuyos grupos parlamentarios promotores han decidido mantener vivas.

Finalizado este proceso, el Pleno de la Cámara Baja someterá el dictamen a votación, así como también las enmiendas descartadas hasta la fecha. El proyecto iría después al Senado, donde el trámite parlamentario podría durar cerca de dos meses.

Votación en el Congreso

Al tratarse de una Ley Orgánica, también deberá someterse a votación en su conjunto en el Congreso de los Diputados. La 'ley Celaá' necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.

El objetivo principal de la LOMLOE es la derogación de la LOMCE y la actualización de la LOE. Entre las enmiendas más polémicas, pactadas por los partidos del Gobierno con distintas formaciones como ERC, se encuentra la que suprime el idioma castellano como lengua vehicular en la educación y la posibilidad de que las CCAA nombren inspectores educativos sin necesidad de examen de oposición.

Entre otras medidas, la norma también propone que la Religión no sea asignatura lectiva y la eliminación de la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares.

Los centros concertados, a los que acuden el 25% del alumnado, se sienten atacados por la reforma, ya que esa "demanda social" les permitía hasta ahora sacar más plazas si así lo solicitaban las familias.

Además, la ley fija un plazo de diez años para integrar a los estudiantes con necesidades especiales en centro ordinarios "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

El Gobierno insiste en que su intención no es cerrar los centros de educación especial y sí "incorporar a niños con cierta diversidad funcional" en colegios ordinarios "estableciendo recursos para ello" y siempre que sus familias así lo soliciten, pero estas no parecen estar convencidas y ya han iniciado diversas campañas contra la nueva norma.

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