Puig aprueba un mínimo de 1.336 millones de ingresos 'ficticios' que elevarán la deuda

El Gobierno valenciano que lidera Ximo Puig anda enfrascado estas semanas en la negociación de los Presupuestos para 2023 con los tira y afloja habituales entre el PSPV, por una parte, y sus socios de legislatura (Compromís y Podemos), por otra. Disensiones al margen (que las hay) también es cierto que hay consenso en volver a registrar en las cuentas para el último ejercicio del mandato una partida de ingresos 'ficticios' por un importe mínimo de 1.336 millones de euros.

Estos ingresos son en realidad la partida reivindicativa de la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana con el actual modelo caducado y prorrogado desde 2014. Esa transferencia del Estado no va a llegar y contribuirá indefectiblemente a aumentar el déficit y con ello la elevada deuda de la región, 54.260 millones de euros, que pasa por ser la mayor de España en relación al PIB (45,85%), según los datos actualizados del segundo semestre de este año.

Compromís quería que esta cantidad simbólica de reivindicación fuera incluso más elevada porque, según las fuentes de la coalición consultadas, "la infrafinanciación ha ido creciendo y ya no es esa cifra". Pese a ello, el conseller de Hacienda, Arcadi España, ha impuesto su tesis de no 'inflar más el globo' y los 1.336 millones de euros serán la planificación de ingresos que la Generalitat presupueste a sabiendas de que no llegarán y que antes de que finalice el presente mes de octubre enviará a las Cortes Valencianas para su debate y aprobación.

Modelo que castiga a valencianos y murcianos

La prórroga del modelo de financiación autonómica es una garantía de que la deuda aumentará en la Comunidad Valenciana. Hay consenso de todos los partidos en la necesidad de actualizarlo pero siempre se han encontrado con las exigencias de los partidos independentistas catalanes que han provocado que el denominado 'modelo Zapatero' (el presidente que lo aprobó en 2009) prolongue su vigencia y perpetúe los desajustes que perjudican sobremanera a valencianos y murcianos.

El caso valenciano es preocupante porque su deuda respecto al PIB es casi 10 puntos superior a la siguiente Autonomía que es Cataluña con el 35%, Murcia con el 34,2% y Castilla-La Mancha con el 34,6% de su PIB regional. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, explicaba en su última visita a Valencia de esta semana que "si yo fuera valenciano incluiría en la mesa de negociación de un nuevo modelo la infrafinanciación sufrida y su relación con la deuda para que se estudiara su condonación". Sea como sea, mientras esa reforma llega la realidad indica que cada valenciano soporta año tras año una deuda mayor.

Puig acumula más deuda que Camps

En la época de gobiernos autonómicos del PP, encabezados por Francisco Camps, la deuda pasó de 7.876 millones de euros en 2003 a 21.659 en 2011 (13.783 millones de crecimiento) y la pretendida austeridad extrema de Alberto Fabra le pasó factura en términos electorales e incluyó cierres sonados como el de la Radiotelevisión pública autonómica.

Pues bien, en los primeros 7 años de mandato de Ximo Puig la deuda aún ha crecido más que en aquel periodo, un total de 14.197 millones de euros a fecha del segundo trimestre de este ejercicio. El presidente valenciano quiere huir del modelo Fabra y sabedor que la campaña electoral va a resultar apretada -como pronostican todos los estudios demoscópicos de los últimos meses- no va a escatimar esfuerzos en gasto social para que sea lo más perceptible posible por parte de los ciudadanos.

A la partida de 1.336 millones de euros de ingresos ficticios podrían sumarse otras partidas que tradicionalmente son más optimistas de lo que la realidad después indica. Es el caso del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) que se destina a compensar la atención sanitaria a pacientes de otras Comunidades Autónomas y que el Consell reclama por un importe superior a los 600 millones de euros, ya que estuvo suspendido por ley entre 2012 y 2017.

También habrá que sumar el desfase entre lo que marca la Ley de Dependencia como ayudas estatales (50%) y lo que en realidad llega que suele ser en torno al 20%. Y a los ingresos no garantizados habrá que sumar los 150 millones de euros que Puig ha anunciado que supondrá de ahorro para los ciudadanos (y de menor recaudación para la Administración autonómica) la reforma fiscal que estos días discute con Compromís y Podemos.

Entre 600 y 1.500 millones más sin garantizar

Y resta por conocer qué sucederá con la partida de mil millones de euros que el año pasado salvó el acuerdo presupuestario entre Puig y Oltra y que bajo el paraguas de los 'fondos de ayuda a la superación de la pandemia' alcanzó los 1.000 millones de euros. Este año, según el conseller de Hacienda, no tendrán encaje en los presupuestos, pero ya se están estudiando fórmulas para 'regar' a todos los departamentos del Gobierno valenciano y que puedan desarrollar al máximo el capítulo de gastos antes de la cita con las urnas.

Así pues, se puede concluir que el Presupuesto de la Generalitat para 2023 tendrá un mínimo de 1.336 de ingresos 'ficticios' y entre 600 y 1.500 sin garantizar, por lo que se puede convertir este capítulo en uno de los más importantes de las cuentas autonómicas. El Ministerio de Hacienda tiene previsto mirar hacia otro lado, como en los últimos ejercicios, y permitir estas previsiones sin respaldo real para que cuadren las cuentas del Gobierno valenciano.

Las cuentas de 2023 crecerán

El Presupuesto de la Generalitat va a crecer respecto al del año pasado tal y como han confirmado fuentes del Gobierno valenciano a Vozpópuli. El PSPV está más en la línea que ese crecimiento sea de un cariz moderado -en torno al 2-3%-, mientras que Compromís y Podemos abogan porque sea más expansivo -entre un 5-8%-. Estas dos formaciones consideran que es una "forma de ayudar a los ciudadanos en un momento de dificultad contribuyendo a la reactivación de la economía desde las cuentas públicas" y defienden además que la consignación de partidas de ingresos de difícil cumplimiento son necesarias para que "cuando llegue octubre no tengamos que cerrar los hospitales por falta de dinero", en referencia a la infrafinaciación que sufre el territorio.