La demanda de Ayuso al Gobierno ante el Supremo por el plan del Tajo refuerza el recurso valenciano

El recurso que Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto en el Supremo contra el Gobierno por el Plan Hidrológico del Tajo refuerza la vía valenciana en el Alto Tribunal. La reacción inicial de los partidos de la oposición al presidente valenciano, como el caso del portavoz de Compromís en las Cortes autonómicas, Joan Baldoví, fue la de pensar que era una cuestión que erosionaba a Mazón. Es justo al contrario.

Las fuentes consultadas por Vozpópuli en el Gobierno valenciano confirman que el recurso de Ayuso "está impulsado por técnicos" y considera una "arbitrariedad" la estimación de los caudales ecológicos para los años 2026 y 2027.

Supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos que es pretender racionar el agua a casi siete millones de personas Isabel Díaz Ayuso

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid explicaba que el Plan Hidrológico del Tajo “supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos que es pretender racionar el agua a casi siete millones de personas”.

Sin acuerdo Puig-Mazón

En el caso de la Comunidad Valenciana los recursos presentados ante el Tribunal Supremo fueron dos por la falta de acuerdo entre Ximo Puig (entonces presidente de la Generalitat) y Carlos Mazón (presidente en aquellas fechas de la Diputación de Alicante).

El recurso de la Generalitat presentando en marzo fue tumbado por el Alto Tribunal que denegó adoptar una medida cautelar para suspender el escalonamiento del caudal del río Tajo previsto para 2026 y 2027.

Mazón aseguró entonces que "ya dijimos en su momento que no ir juntos en la defensa del trasvase nos podía perjudicar y esto es lo que pasa por el sectarismo de Puig a la hora de defender el agua que se merece la provincia de Alicante"

Ese fiasco provocó que, a día de hoy, la Generalitat, ahora liderada por Carlos Mazón, no tenga ese recurso vivo y sí los diferentes recursos ante la Audiencia Nacional por los aportes mensuales menguantes del trasvase Tajo-Segura.

Criterios técnicos

Por contra, en el Supremo el que sí sigue vivo es el que el propio Mazón impulsó el pasado 4 de abril desde la Diputación de Alicante. Al no tener acuerdo con Puig, buscó aliados en el presidente murciano Fernando López Miras y en el andaluz, Juanma Moreno, para unificar criterios.

En ese recurso a la decisión del Gobierno también emergen con fuerza los criterios técnicos que, según las mismas fuentes "deben garantizar los recursos hídricos cuando sea posible".

La línea básica de defensa es que los caudales ecológicos no deben ser fijados "por criterios políticos" sino que deben establecerse en función de pautas técnicas "objetivas" como es la pluviometría que se haya registrado en un periodo del año.

"Si llueve poco me fastidio y trasvasan menos agua y si llueve más se mantienen los aportes, así debería ser", señalaba gráficamente una de las fuentes consultadas por este medio en el Gobierno valenciano.

En el recurso de la Diputación alicantina, además, se adjunta un documento de varios expertos y académicos sobre las consecuencias de la nueva planificación hidrológica, que advierten que la primera elevación del caudal ecológico produce ya una merma de 28 hectómetros cúbicos de agua disponibles para la cuenca del Segura.

Miles de familias pendientes

El resultado de estos recursos en el Tribunal Supremo van a tener una incidencia muy importante sobre la vida de miles de familias que dependen de los aportes hídricos del trasvase para salvar sus explotaciones agrícolas. La resolución podría llegar en los próximos meses.

El agua desalada, por su elevado coste, y por los componentes que tiene que no son los mejores para los cítricos, no parece actualmente una alternativa fiable para ser la base de los riegos de los cultivos.

La última reunión de trabajo entre el Gobierno murciano y el valenciano se produjo el pasado mes de noviembre y en ella se propusieron unas nuevas reglas de explotación del trasvase que acopla "los trasvases a los nuevos caudales mínimos con fecha límite en el 11 de febrero de 2024”.