El recorte del Tajo-Segura aboca a movilizaciones contra Puig y recursos ante el Supremo

La guerra del agua provocada por el recorte del Tajo-Segura, latente en los últimos años, ha vuelto a surgir con fuerza y amenaza el equilibrio que Ximo Puig quería establecer antes de las próximas elecciones autonómicas. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha disparado la tensión entre las miles de familias que viven de los cultivos en zonas de Alicante, Murcia y Almería.

La 'huerta de España' está en peligro y Puig ayer, durante la sesión de control en las Cortes Valencianas, trata de sumarse a la corriente del Gobierno para tratar de subvencionar el agua desalada y rebajar los 0,34 euros que promete Sánchez en 10 céntimos más para situarla en 0,24 euros por metro cúbico de agua. Es un esfuerzo baldío. ¿Por qué? Sencillamente porque los regantes no quieren el agua desalada para regar sus cultivos salvo que sea una cuestión de emergencia extrema.

Puig no ha decidido aún qué hará

El presidente valenciano ha tratado de tranquilizar los ánimos desde que se conoció la decisión del Consejo de Ministros asegurando que "todo lo que sea lesivo para los intereses de la Comunidad Valenciana lo vamos a recurrir" y también que hará seguimiento de las infraestructuras prometidas por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.

No quiere Puig avivar la guerra del agua porque "el gran objetivo no es la utilización política permanente del agua sino tener agua para siempre, y eso lo vamos a conseguir" a través de la reutilización, la depuración y la desalación.

La realidad, sin embargo, indica que el agua desalada contiene un exceso de boro que es un elemento que si supera unos límites puede dañar los cultivos. Los cítricos son especialmente sensibles, como es el caso de los limoneros y los naranjos.

El exceso de boro mata las plantas

No son las únicas especies sensibles al exceso de este elemento químico sino que también el manzano, cerezo, peral, melocotonero, pomelo, aguacate, olmo, albaricoquero, higuera, vid, ciruelo, judías, cebada, alfalfa, repollo, zanahoria, lechuga, cebolla, patata, calabaza, espinaca, tabaco, olivo, rosal, tomate y trigo presentan mucha sensibilidad al exceso de boro.

La toxicidad por boro es similar a las toxicidades por otros micronutrientes, según informes de diversos catedráticos en Ingeniería Química, en las que las hojas comienzan a mostrar clorosis marginal o en las puntas que pronto se vuelven necróticas o se queman. Esa necrosis progresa hacia el interior de la hoja y causa su muerte y defoliación.

Y es que hay mucha coincidencia entre los expertos en que el agua desalada, sin un tratamiento adicional que encarecería todo el proceso, puede afectar a la productividad de los cultivos (mermándolos) y a la propia conservación de suelos agrícolas.

Los regantes consultados por Vozpópuli se niegan a tener este agua de menor calidad que la que llega a través del Tajo-Segura (conducción consolidada desde hace más de 40 años). Hay otras cuestiones como el elevado precio del agua desalada (cuya subvención está aún por ver) y también refieren el alto coste energético que tiene este proceso de desalación.

Otro de los grandes inconvenientes del plan del Gobierno será hacer llegar el agua de las desaladoras a los cultivos. Habría que acometer nuevas infraestructuras, serían muy numerosas porque las conducciones del Tajo-Segura no sirven en su mayoría para este cometido y eso tendría un elevado coste medioambiental.

Movilizaciones contra Sánchez y Puig

Con esos argumentos los regantes de Alicante, Murcia y Almería ya preparan movilizaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez (ya hicieron una recientemente) y también contra el de Ximo Puig (a quien consideran culpable por inacción al abstenerse su consellera de Agricultura en el consejo Nacional del Agua que dio lugar luego a la decisión final del Consejo de Ministros de esta semana).

El PP autonómico valenciano liderado por Carlos Mazón siempre ha hecho frente a cualquier recorte y se ha puesto del lado de las familias que dependen del Tajo-Segura. Por ello, la portavoz en las Cortes, María José Catalá ha calificado la decisión del Gobierno como "el mayor ataque a los regantes que se ha hecho en la democracia" y considera que Puig se muestra ante Sánchez como "débil y sumiso".

La Diputación de Alicante recurrirá al Supremo

Fuentes de la Diputación de Alicante han confirmado a este diario que "vamos a seguir adelante" con el recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de "rematar" el Tajo-Segura. Una vez solventada la cuestión de si la institución estaba legitimada para recurrir –finalmente sí lo está porque subvenciona a comunidades de regantes alicantinas y se considera parte perjudicada– la Diputación de Alicante está ya analizando todos los fundamentos de derecho del escrito que dirigirán al Alto Tribunal.

La iniciativa jurídica corresponderá de manera individual a la Diputación de Alicante, aunque el argumentario irá en la misma dirección que el que presentará el Gobierno autonómico murciano, y que también estudia Andalucía. Habrá una misma línea de actuación.

Puig tiene un problema de primer orden social que resolver a cuatro meses de las elecciones y es difícil abordarlo porque entran en colisión sentimientos de pertenencia, supervivencia económica, coste medioambiental e intereses políticos contrapuestos. Un cóctel de difícil ingestión en el que el dinero para subvencionar el coste del agua desalada no parece que haya calmado los ánimos en las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana.