El "cliché" del Lawfare: el antecedente de la Justicia argentina para España

El recurso a lawfare que contempla el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez en favor de la amnistía de delitos de independentistas como la malversación de fondos del Estado en favor de su causa tiene un antecedente en sede judicial reciente en Argentina: las 1.616 páginas de la sentencia el pasado diciembre contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta del erario público.

La que fuera presidente de Argentina entre 2007 y 2015 alegó una persecución política del Poder Judicial para ser absuelta de las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por irregularidades en concesiones a un amigo de la familia y hombre sin mayor experiencia previa en la construcción Lázaro Báez, entre 2003 y 2015. Báez, de hecho, acabó siendo el adjudicatario del 79% de las obras concedidas en la provincia -el equivalente a las comunidades autónomas en España- de Santa Cruz -que Néstor había gobernado entre 1991 y 2003-, mientras los Kirchner presidieron Argentina. El empresario y presunto testaferro de CFK fue beneficiado con sobreprecios, anticipos y obras que en su mayoría no se terminaron, entre otras cuestiones. "Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional", según los fiscales.

"La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas" Fragmento del acuerdo firmado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno de España

La en 2019 candidata a vice llegó a esgrimir que los jueces iniciaron la causa a las puertas de las elecciones argentinas de ese año, cuando todavía gobernaba Mauricio Macri, para perjudicarle a ella y a su espacio. Y ello, pese a que la causa precisaba de años de investigación antes de obtener la firmeza para impedirle acudir a esas mismas elecciones. Ya durante el proceso, y con el apoyo del nuevo Gobierno kirchnerista, se mantuvo con lawfare como su defensa.

Pensemos solamente que en nuestro país hay elecciones, como mínimo, cada dos años, y que en los años sin comicios de todos modos hay una constante actividad preelectoral, lo que implica que siempre una investigación o un juicio penal podrá ser maliciosamente vinculado con aquellos actos de la política con la finalidad de deslegitimarlos mediáticamente"

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descritas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública", fue uno de los argumentos expuestos por el Tribunal Oral Federal 2 ante el planteo de la defensa.
"La fecha que terminó siendo de apertura del debate no surgió como producto de la casualidad, sino del devenir natural del proceso (...) ¿Cómo se puede decir años después con total desparpajo que la fecha fue elegida especulando con el calendario electoral? Dicha postura solo se explica en una defensa mediática y extrajudicial disociada de los reproches de naturaleza delictiva que constituyeron el objeto del presente juicio”, razonaron los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

"Pensemos solamente que en nuestro país hay elecciones, como mínimo, cada dos años, y que en los años sin comicios de todos modos hay una constante actividad preelectoral, lo que implica que siempre una investigación o un juicio penal podrá ser maliciosamente vinculado con aquellos actos de la política con la finalidad de deslegitimarlos mediáticamente", han razonado los jueces.

Lafware frente a 84.000 millones de pesos defraudados

Según constató el Tribunal tras más de tres años de investigación, la hoy vicepresidenta utilizó su poder para “influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan” y dañar el erario público por un valor superior al de 84.000 millones de pesos argentinos, equivalente a 225 millones de euros en el valor actual -al momento de la sentencia, la cifra en euros era superior al doble, al tiempo que los fiscales llegaron a cifrar los daños en 1.000 millones de dólares. Así las cosas, y a falta de sentencia firme, fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

En palabras de los tres jueces, Fernández de Kirchner tuvo una "intervención fundamental" por su rol "preponderante en la toma de decisiones" en estos fraudes ocurridos durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y su ciclo al mando (2007-2015, en dos etapas presidenciales). Desde 2001, la abogada desempeñó el rol de senadora de la Argentina, un cargo superior en la escala del Poder Legislativo, y ya desde 1991 era la Primera Dama de la Provincia de Santa Cruz, en la que operaba Lázaro, quien ya fue condenado en 2022 a 12 años de prisión por lavado de dinero.

El actual ministro de Justicia del Gobierno argentino, el abogado y militante peronista Martín Soria, llegó a reivindicar públicamente que los fundamentos de los jueces de la causa que encontró culpable a Cristina "son absolutamente políticos"

El actual ministro de Justicia del Gobierno argentino, el abogado y militante peronista Martín Soria, llegó a reivindicar públicamente que los fundamentos de los jueces de la causa que encontró culpable a Cristina "son absolutamente políticos", añadiendo el objetivo de marginarla de las elecciones que se resolverán el próximo domingo. Los abogados de CFK han reivindicado que no existen "pruebas directas" de su vinculación con las irregularidades de las concesiones más allá de decretos que pudieron favorecer a Báez como a otros empresarios y de relaciones comerciales "lícitas" entre la política y el empresario.

"Ya resulta un cliché de todo ex o actual funcionario público imputado en una causa penal -de cualquier espacio político, por cierto- el vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral”, esgrimieron los jueces del caso, recurrido por la defensa de la vicepresidenta ante Casación, que podría tardar dos-tres años en manifestarse.

Según resumieron los jueces del Tribunal Oral Federal, Cristina y funcionarios afines "dirigieron ataques a los medios masivos de comunicación que fueron identificados por los acusados, bajo esta lógica, como operadores aliados e imprescindibles para la formación de opinión de la sociedad. Así, sería suya la responsabilidad de instalar la idea de que los hechos denunciados, para ellos legales, constituían una maniobra de corrupción".