La nueva malversación no logra su efecto en el procés y además frena casos de corrupción

Doble varapalo al Ejecutivo con la aplicación de la rebaja de la malversación. La entrada en vigor este jueves de la rebaja de este tipo penal no solo no ha tenido el efecto esperado en la causa del procés, tal y como pretendían sus socios de ERC, sino que, en paralelo, está provocando la revisión de acusaciones en procedimientos de corrupción de la talla de Púnica o Acuamed.

Apenas han pasado unos días desde que el jueves entrara en vigor la reforma de la malversación (aparejada con la derogación de la sedición) pero el desconcierto generado con el cambio legal parece ir en aumento. El Ejecutivo defiende la modificación reiterando que ningún condenado por corrupción se beneficiará de estos cambios, pero la Audiencia Nacional ya ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise sus acusaciones en importantes procedimientos, sin llegar a descartar incluso archivos para algunos de los imputados.

El Gobierno de Pedro Sánchez activó a finales del año pasado dos cambios determinantes del Código Penal en pleno acuerdo con sus socios de ERC: la derogación de la sedición y una rebaja de la malversación en aquellos casos en los que el desvío de fondos públicos no va aparejado de lucro personal. Las modificaciones estaban hechas a medida para conseguir recortar las inhabilitaciones vigentes a los condenados del procés y también para beneficiar a dos exaltos cargos de ERC (Josep María Jové y Lluis Salvador), pendientes de sentarse en el banquillo por el 1-O.

La vía Llarena

Sin embargo, el primer pronunciamiento que ha hecho el Tribunal Supremo de este nuevo tipo penal no ha sido el que esperaba Moncloa. El mismo día que entró en vigor la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, dictó un auto en el que acordó modificar la situación para Carles Puigdemont y otros cuatro procesados por sedición y malversación que tienen pendiente sentarse en el banquillo.

La consecuencia directa para estos procesados ha sido la retirada de la sedición y la sustitución por desobediencia. Llarena entendió que el delito de desórdenes públicos agravados creado por el Gobierno en sustitución a la sedición no tiene encaje en los hechos probados del procés. Así pues, la primera sorpresa fue la no aplicación de este tipo penal para los políticos fugados, a los que sí les atribuye desobediencia.

Hasta aquí el horizonte de los procesados parecía esperanzador. Sin embargo, su futuro se complicará por la interpretación que hace el magistrado de la malversación. Llarena deja patente que no hay distinción entre la regulación vieja y la nueva, ya que no difiere el ánimo de lucro. Además, se impondría la pena en su grado superior al exceder de 250.000 euros el monto desviado por la Generalitat para organizar el 1-O. Es por ello que Carles Puigdemont podría afrontar hasta 12 años de cárcel.

El análisis que hace el magistrado de la Sala de lo Penal podría complicar el futuro político de Oriol Junqueras y el resto de condenados en el procés. ERC buscaba limitar a un máximo de 3 años la condena por malversación sin ánimo de lucro, pero el Gobierno lo elevó a un año más. Sin embargo, si el tribunal del procés opta por la 'vía Llarena' el resultado para el líder de ERC podría distar mucho de lo que negoció la formación independentista.

El tribunal del procés

Así pues, esta otra pata del procés, ya juzgada, queda en manos del tribunal del Supremo que presidió Manuel Marchena y que les condenó por delitos de sedición, malversación y desobediencia (éste último en el caso de los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó). Los magistrados también tienen que aplicar al relato de hechos probados los nuevos tipos penales. Por ello, el primer paso ha sido el de dar un plazo de ocho días a las partes para que formulen las alegaciones que consideren.

Si el tribunal del procés sigue la vía Llarena y contempla malversación agravada, se complica el retorno a corto plazo de Junqueras a la política

A falta de conocer el alegato de los condenados -algunos de los cuáles pedirán la revisión de las condenas en busca de la absolución- la Fiscalía opta por castigarles con el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Los fiscales se desmarcan de esta forma de la tesis de Llarena, aunque sí que contemplan también la condena por desobediencia y la malversación agravada.

Así pues, de aplicarse el criterio del Ministerio Fiscal o de seguirse el que Llarena marca con los huidos, Junqueras lo tendría especialmente complicado para concurrir a las elecciones. ERC buscaba que su líder pudiera cumplir con la inhabilitación impuesta y concurrir a las elecciones autonómicas de este año. El Gobierno le indultó tanto a él como al resto de ocho condenados con prisión, pero mantuvo las inhabilitaciones para ejercer cargo público. En el caso de Junqueras el alto tribunal puso como fecha límite de cumplimiento 2031.

Si la Sala Segunda entiende que no tiene cabida una rebaja de la malversación, se da por hecho que no habrá revisión sustancial de la inhabilitación. De los doce condenados, Junqueras fue el peor parado al atribuirle 13 años de prisión por sedición en concurso medial con la malversación. No obstante, también fueron condenados por malversación los exconsejeros Raül Romeva (12 años), Jordi Turull (12 años) y Dolors Bassa (12 años). La última palabra de su futuro político está ahora en manos del tribunal que les juzgó.

Fiscalía unificará criterio

Aunque el Gobierno cambió la Ley con el fin exclusivo de aplicarlo al procés, la modificación amaga por afectar a grandes causas de corrupción. Antes incluso de que entrara en vigor la norma, el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea preguntó a la Fiscalía Anticorrupción si mantenía su acusación por delito continuado de malversación agravada en el caso Acuamed. El Ministerio Público estudia ya si hay que efectuar modificaciones tras pedir que se juzgue a más de 40 imputados.

Mismo dinámica se sigue en las macrocausas Púnica y el cártel del fuego; ambas bajo la batuta del Juzgado Central de Instrucción número 6. El órgano ha pedido a Anticorrupción que revise las acusaciones ante la posibilidad incluso de que haya archivos de imputaciones. No obstante, el cambio legal afecta también a otros procedimientos, como la trama Kitchen que se investiga en el caso Villarejo y en la que Fiscalía tiene pendiente presentar su escrito de acusación.

Anticorrucpión aguarda a que el Ministerio Fiscal unifique criterio en relación a este asunto. El fiscal general está ultimando un decreto en el que dará directrices de actuación conjunta (como ya hizo con la aplicación de la ley del solo sí es sí) para que se siga una misma línea de actuación. Tras ello se trabajará en una circular que se estudiará en la Junta de Fiscales de Sala.