El CGPJ busca el acuerdo para renovar el Constitucional antes de que acabe el mes

Los dos bloques del CGPJ han reactivado este jueves las negociaciones para renovar el Tribunal Constitucional con el serio compromiso de intentar nombrar a sus dos candidatos antes de que acabe el mes. Los vocales progresistas y conservadores dan un paso de calado en relación a estas negociaciones que se han retomado después de que saltara por los aires cualquier posibilidad de pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo.

Según confirman a Vozpópuli fuentes del órgano de gobierno de jueces el compromiso entre los 18 vocales es firme y prueba de ello es que querrían llevar ya los dos candidatos consensuados al Pleno convocado para el próximo día 24. Por ello se reanudan los encuentros en aras a concretar los dos nombres, uno de corte conservador y otro progresista, que se designarán para el tribunal de garantías.

El bloque progresista ya ha trasladado cuál es el candidato elegido. Se trata de José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Esta facción de vocales, minoritaria dentro del CGPJ, ha comunicado este mismo jueves que tras una "profunda deliberación y un riguroso examen" del currículo de los aspirantes, se ha decidido por amplia mayoría respaldar la candidatura de Bandrés, quien cuenta con más de 19 años de experiencia en el alto tribunal.

Sin candidatos en el bloque conservador

El bloque conservador no se ha pronunciado sobre esta propuesta, la cual van a estudiar detenidamente. Este sector todavía no ha formalizado ningún candidato. Ya en septiembre dejaron claro que estaban teniendo problemas para encontrar el perfil adecuado dentro del Tribunal Supremo, pese a que Carlos Lesmes, el entonces presidente, aseveró que sí había potenciales candidatos. Además, este sector del CGPJ advirtió de que la elección de dos miembros del Tribunal Supremo para el Constitucional todavía abocaría más al colapso al alto tribunal.

No obstante, el cuarto y último fracaso entre PP y PSOE para renovar el CGPJ ha tenido como consecuencia inmediata la reactivación de las negociaciones para el TC. En la última de ellas, celebrada a principios de octubre, los vocales progresistas decidieron romper la baraja y explorar "vías alternativas" ante la imposibilidad de acuerdo con el resto de vocales. Este grupo instaba a la renovación urgente del TC teniendo en cuenta que la reforma legal les emplazaba a hacerlo antes del 13 de septiembre.

Nueva reunión el día 16

Frente a su criterio se encuentra el de los vocales conservadores, mayoritarios en este Consejo. El sentir en este grupo era de enfado mayúsculo con el Ejecutivo por retirarles primero su facultad otorgada por Ley de efectuar nombramientos y después revocar esta decisión en lo que respecta únicamente al tribunal de garantías. El objetivo del Ejecutivo es renovar cuanto antes el mandato de cuatro de sus miembros que caducó este verano.

No obstante, no pueden hacer por separado. El artículo 159 de la Constitución establece que los miembros del tribunal de garantías se designan por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes de tres. Ello implica que se tendrá que nombrar a la vez los dos candidatos a propuesta del Gobierno y los dos del CGPJ.

Pese a las discrepancias y la falta de avances en las reuniones celebradas entre septiembre y octubre, los equipos negociadores retoman los contactos con el compromiso de elegir cuanto antes a sus dos candidatos. El sector más conservador así lo acordó en una reunión celebrada en la última hora del miércoles. Los vocales no solo dieron luz verde a desatascar las conversaciones, sino que insistieron en la necesidad de que el Gobierno les devuelva su facultad para efectuar nombramientos.

Los vocales son plenamente conscientes de la problemática que se vive en la cúpula del Poder Judicial, debido, principalmente, a la no renovación en las presidencias de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. Solo en este último hay un total de 68 plazas sin renovar y se teme que, para finales de año, se llegue al 25% de la plantilla de magistrados sin cubrir. Especialmente perjudicadas están la Sala de lo Contencioso y de lo Social, cuya presidenta María Luisa Segoviano, se acaba de jubilar.