CCOO y UGT se movilizan contra la retirada de libros LGTBI en 11 institutos de Castellón

CCOO y UGT se movilizan contra la retirada de los libros de temática LGTBI que el Ayuntamiento de Castellón distribuyó por once institutos públicos. Tras promover diversas concentraciones, las áreas de Enseñanza de ambos sindicatos quieren convocar una reunión urgente del Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar y que este se pronuncie sobre la decisión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Castellón de retirar cautelarmente el lote de 32 títulos tras la denuncia de la Asociación Abogados Cristianos.

El Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar es un órgano consultivo adscrito al Ministerio de Educación y su función es la de asesorar al Gobierno sobre situaciones referidas al aprendizaje de la convivencia escolar. También elabora informes y estudio y hace diagnósticos en materia de convivencia escolar. Además, puede proponer medidas de cara a la elaboración de las distintas políticas estatales.

Rara vez se reúne de urgencia tal y como proponen las citadas organizaciones sindicales. Los docentes de ANPE y CSIF, al contrario, no consideran prioritario el asunto y llaman a no provocar enfrentamientos entre los distintos colectivos que puedan formar parte de la comunidad educativa.

ANPE y CSIF, al contrario, no consideran prioritario el asunto y llaman a no provocar enfrentamientos entre los distintos colectivos

Uno de los libros donados por el consistorio a los centros escolares destaca 'El fin del armario', escrito por el periodista argentino Bruno Bimbi. Algunos de sus capítulos son "Chaperos en el Vaticano", "Al obispo le dan por el culo", "Porno para todos", "¿Ser gay tiene cura? (¿Y ser hétero?)", "Dios y Pedro Zerolo", "Alá no es grande, Jesús no nos ama", "Proletarios, maricones, uníos", "Maricas y judíos: las dos caras de la discriminación", según publicó Vozpópuli.

Otro de los libros es 'Gay Sex: Manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales', del psicólogo, escritor y activista Gabriel J. Martín. Entre los temas que trata aparecen "Buscando pollas mientras paseas. El cruising", "Grindr, el Wallapop del sexo... y test de autoestima" y "La injustificada mala fama de la pornografía".

Tanto el Ayuntamiento de Castellón como los autores han recibido el respaldo del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ante la polémica. También el de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y del propio presidente de Argentina, Alberto Fernández. Un respaldo al que se han sumado CCOO y UGT.

CCOO carga contra las medidas cautelares

CCOO considera que la retirada de los libros de los institutos "no hacen más que criminalizar de nuevo todas las cuestiones relacionadas con la diversidad afectivo-sexual y nos retrotraen a tiempos que se creían superados". Estas medidas cautelares impuestas -señalan- no son más que una muestra de la LGTBIQ+fobia que está emergiendo en ciertos sectores de la sociedad al amparo de determinados discursos de odio lanzados por partidos políticos y asociaciones de una ideología concreta.

"Solo una mente llena de prejuicios y miedo al diferente puede entender que se aprecie riesgo grave, inminente e irreparable en que alguno de estos libros pudiera ser leído por el alumnado de los institutos castellonenses, y que la identidad no sea un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo y dependa única y exclusivamente de la lectura de un libro. Con estas iniciativas volvemos a las listas de libros prohibidos y al adoctrinamiento al decidir lo que puede leer o no el alumnado", denuncian.

UGT cree que la denuncia de Abogados Cristianos responde a "una estrategia de persecución contra los derechos humanos

Aunque no señalan a Abogados Cristianos de manera explícita, el sindicato carga a través de un comunicado contra lo que considera "colectivos integristas e ultrarreligiosos de pensamiento único y enemigos de la diversidad" y "la censura del radicalismo cristiano conservador".

UGT cree que la denuncia de Abogados Cristianos responde a "una estrategia de persecución contra los derechos humanos, contra cualquiera que defienda la libertad, la igualdad y la diversidad, y un uso perverso del poder judicial al servicio de la agenda política intolerante de la ultraderecha".

Fuentes del sindicato reconocen a este medio que algunas de las expresiones utilizadas en los libros no sean "del todo afortunadas", pero sostienen que "aprovechando eso se está tratando de hurtar a los alumnos el derecho a formarse en valores y en el respeto a la diversidad".

"Vivimos en una sociedad compleja y diversa y el hecho de que algunos capítulos no utilicen un lenguaje oportuno no puede servir de excusa para privar al alumnado de adquirir competencias en favor de la convivencia", consideran fuentes educativas de UGT. "Un libro es una herramienta que el profesor puede utilizar o no y siempre lo hará de manera responsable dentro de un proyecto educativo global, de tolerancia y respeto a la diversidad", zanjan las mismas.

CSIF apunta al rol de los inspectores educativos

Las posiciones de CCOO y UGT chocan con las de ANPE y CSIF. Según el presidente de ANPE en la Comunidad Valenciana, Lauren Bárcena, su organización no tiene problema alguno en organizar reuniones para hablar de educación, pero considera que el sistema educativo aún tiene muchas carencias que solucionar como para priorizar en polémicas de este tipo.

"Respetamos las decisiones judiciales y defendemos y defenderemos las libertades de todo tipo. Pero nunca los conflictos entre colectivos. Hay que alejarse de cualquier enfrentamiento y polémica de este tipo porque, precisamente, no son un ejemplo educativo para los alumnos", explica a Vozpópuli.

"Me gustaría hablar con la concejal de Educación del Ayuntamiento de Castellón para conocer cuál fue su objetivo al donar este lote de libros que al final ha derivado en esta polémica. Lo importante es avanzar hacia un sistema educativo de calidad", añade Bárcena.

Mario Gutiérrez, presidente de CSIF Educación, cree que "cualquier tipo de adoctrinamiento tiene que estar condenado desde las instancias de la inspección educativa". "Todos y cada uno de los materiales escolares deberían estar valorados por los inspectores para que cumplan con los objetivos que debe tener nuestra educación y que están basados en los valores constitucionales", sostiene.