Quantcast

Cataluña

Inhabilitan 4 meses a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament por tramitar las leyes del 1-O

La sentencia de la sala Civil y penal del TSJC condena también a Corominas, Simó, Barrufet y Guinó a una pena de multa a cada uno de ellos de dos meses, con una cuota diaria de 20 euros, es decir, un total de 1.200 euros.

La Fiscalía recurre la "grotesca" e "irrisoria" condena a la Mesa del 1 de Octubre por propiciar un "alzamiento".
La Fiscalía recurre la "grotesca" e "irrisoria" condena a la Mesa del 1 de Octubre por propiciar un "alzamiento". EP

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament en la época de Carme Forcadell, en 2017, a cuatro meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público electo por un delito de desobediencia al tramitar las leyes del 1-O.

La sentencia de la sala Civil y penal del TSJC, que ha contado con un voto particular, condena también a Lluís M. Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó a una pena de multa a cada uno de ellos de dos meses, con una cuota diaria de 20 euros, es decir, un total de 1.200 euros.

Borràs habla de "represión"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado este miércoles que ve confirmada la "represión" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya condenado por segunda vez a los exmiembros de la Mesa del Parlament por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) cuando ocupaban sus cargos bajo la presidencia de Carme Forcadell. "Represión rebajada, pero represión confirmada. Todo el apoyo a los compañeros de la Mesa del Parlament de la presidencia de Carme Forcadell", ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

El TSJC les ha impuesto una pena de cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.200 euros cada uno.

Simó, Corominas, Barrufet y Guinó ya habían sido juzgados en julio de 2020 y entonces el TSJC les condenó a un año y ocho meses de inhabilitación, además de a una multa de 30.000 euros, por desobedecer al TC al tramitar resoluciones relacionadas con el 1-O.

El juicio se repitió en marzo por orden del Tribunal Supremo al considerar que dos de los tres magistrados que juzgaron el caso habían vulnerado el principio de imparcialidad al exteriorizar sus posturas antes de dictar sentencia.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.