Con solo 28 palabras los servicios de la Moncloa y el propio Pedro Sánchez despacharon el acuerdo con el presidente de la Generalitat sobre una Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo. Pero Pere Aragonès fue más explícito al precisar que esa ley “també servirà per consolidar el model educatiu de Catalunya”. A esa consolidación se presta el Gobierno sanchista permitiendo que el Govern utilice fondos Next Generation UE para la implantación del catalán, excluyendo la lengua española. Así ocurre con el plan de digitalización en los colegios de Cataluña y con la adquisición de libros para bibliotecas públicas, todo ello con subvenciones millonarias libradas por Bruselas y adjudicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Durante 2024 el Departament d’Educació terminará de distribuir en 2.827 colegios miles de paneles, kits de robótica, equipos audiovisuales y concluirá el reparto de 100.000 ordenadores portátiles para alumnos de 1º y 2º de ESO. Es un material valorado en 126,3 millones de euros que, junto al distribuido en cursos anteriores, alcanza los casi 200 millones (197,60) con los que los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia han cofinanciado el Plan de Educación Digital de Cataluña, según resoluciones ministeriales de 2021. En la última presentación de dicho plan la consejera de Educación, Anna Simó, no aludió a que alumnos y profesores han de manejar unos dispositivos con programación monolingüe, pero el documento 'Estratègia d’impuls digital' editado por esa misma Consejería especifica que “Tot el programari dels equipaments està en llengua catalana”, es decir: todo el software de los equipamientos está en lengua catalana.
Se trata de una exclusividad lingüística que no está amparada por el Decreto-ley 5/2021 sobre gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la Generalidad de Cataluña firmado por Aragonés i Garcia, entonces vicepresidente y consejero de Economía del Govern. Tampoco hay mención alguna al empleo de lengua catalana en las demás disposiciones legales sobre el destino de estos fondos de la UE, tales como la convocatoria del plan de digitalización, las bases de la misma o los requisitos de solicitud. Ni siquiera en la resolución sobre concesión de ayudas destinadas a esta digitalización escolar dentro del ‘Pla Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea’, tal como recoge la documentación oficial de la Generalitat.
La normativa legal y común a toda España que regula estas subvenciones no solo no recoge nada sobre política lingüística, ni mucho menos identitaria, sino que la única mención nacional o territorial aparece en la Orden EDU5/2023, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en estos términos: “El principal objetivo de este componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español es aumentar el nivel de competencias digitales (…). La adquisición de estas competencias es fundamental para que España aproveche las oportunidades que ofrece la creciente digitalización de la economía y la sociedad”.
La utilización de recursos comunitarios por instituciones oficiales de Cataluña para la imposición lingüística, con una supervisión complaciente de los ministerios de Hacienda, Educación y Cultura, no se limita al plan de digitalización en la enseñanza. El reciente Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge la entrega de fondos para `Adquisición de libros destinados a bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de Cataluña´. Eso ha permitido al Departamento de Cultura del Govern gestionar 916.394,10 € recibidos de los Next Generation que, según la propia convocatoria, habían de cumplir el requisito de que el 50% de los libros adquiridos para cada biblioteca pública sea en lengua castellana (“les adquisicions, com a mínim, el 50% dels llibres adquirits per cadascuna de les biblioteques públiques ha de ser en llengua castellana”).
A falta de una rendición de cuentas desde el Departamento de Cultura sobre libros adquiridos en lengua española y en lengua catalana, un estudio llevado a cabo por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) con posterioridad a la concesión de la citada ayuda económica, desvela que las adquisiciones en las bibliotecas públicas de Cataluña no han respetado la proporción de 50% de títulos en castellano. El desequilibrio es más notable en las secciones infantiles, con solo un 19% en castellano de los libros comprados en 2022, un porcentaje que pasa al 36% en obras juveniles y sube al 49% en títulos para adultos. El destino de la subvención para libros recibida de Bruselas, aparte de no cumplir el requisito respecto a la lengua española, ha permitido a la Generalitat potenciar su ambicioso Pla Nacional del Llibre i la Lectura puesto en marcha en 2023.
Un eje de los millonarias ayudas de la UE en el Plan de Recuperación y Resiliencia donde sí aparece la lengua catalana es en la financiación, con 3 millones de euros, del programa AINA sobre tecnologías del lenguaje, dentro del proyecto estratégico `Nueva Economía de la Lengua´. AINA, según su propia definición, “es una iniciativa basada en tecnologías de datos e inteligencia artificiales cuyo objetivo es conseguir que la tecnología entienda y hable la lengua catalana (…) enseñar el catalán a las máquinas de modo que la ciudadanía pueda relacionarse con ellas y participar plenamente en el mundo digital con la lengua catalana”.
De acuerdo con ese objetivo, uno de los campos de trabajo en los que avanza ese programa es alimentar la inteligencia artificial con un corpus del catalán, a semejanza de lo que hace la Real Academia con el español en el programa LEIA. A tenor del marco institucional y organizativo en el que se desenvuelven estas tecnologías aplicadas al catalán, también se aprecian anormalidades en el destino final de los 3 millones de financiación recibida de los Next Generation UE.
Un Real Decreto de la exvicepresidenta Nadia Calviño regulando las subvenciones para `Nueva Economía de la Lengua´, en el anexo dedicado a los proyectos de lenguas cooficiales cita `las diferentes lenguas ibéricas´, `lenguas de la península ibérica´ y, en el caso del proyecto catalán, alude a `lenguas del entorno´, evitando así cualquier referencia textual a la lengua española o castellana. En algo semejante incurre la web de AINA cuando habla de traducción del catalán a otras lenguas como “el aranés, lenguas de la península o la inmigración”.
La singularidad se mantiene con el hecho de que esta subvención de la `Nueva Economía de la Lengua´ se canaliza a través del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación. Este organismo con sede en Barcelona y que se gestiona la Red Española de Supercomputación, es un consorcio de los ministerios de Ciencia y Universidades, Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Fondo Europeo de Desarrollo Regional y FECYT (red de cultura científica, Gobierno España).
La financiación de este centro de supercomputación se corresponde con su composición, de forma que el Gobierno de España aporta 7,4 millones y la Generalitat, 3,5 millones. Pero en el equipo de dirección no se mantiene la proporcionalidad, resultando que en un organismo de interés estratégico financiado mayoritariamente por la Administración General del Estado, su alta dirección está compuesta por tres representantes del Gobierno español frente a cinco de la administración catalana: 3 representantes de la Generalitat más 2 de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Los fondos europeos destinados por decisión de Sánchez y Calviño a tecnologías del lenguaje e IA con el catalán también quedan afectados por el sesgo nacionalista de imposición lingüística que impregna el programa AINA. Éste, que declara el triple objetivo de `soberanía tecnológica/control de acceso a los datos/presencia del catalán´, desarrolla otros proyectos con la lengua catalana y para todos, incluido el beneficiado con los 3 millones llegados de Bruselas, cuenta con un elenco de 33 entidades colaboradoras donde no faltan los bancos catalanes y Alexa (Amazon), siendo la mitad de ellas netamente independentistas y algunas beligerantes contra la lengua española, figurando entre las más conocidas Plataforma per la Llengua, Òmnium, Ateneu Barcelonés, El Cérvol, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, Verificat, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Parlament de Catalunya, Agència Catalana de Noticies, etc.
