El espionaje lingüístico sobre escolares en los recreos de colegios catalanes, que en su día fue un escándalo, lo ha hecho suyo la Generalitat de Cataluña que, de la mano de Plataforma per la Llengua, ha grabado conversaciones de 1.128 menores de edad y 285 monitores en acampadas y actividades recreativas de agrupaciones de scouts. Para determinar el uso que hacen entre los 5 y los 18 años del catalán y del castellano, han recogido “información de todas las conversaciones durante las actividades” y las “anotaciones que los observadores hacían de todos aquellos hechos (…), como los cambios de lengua por parte de los niños”. Así lo recoge un informe presentado por los autores de esa investigación, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya y la citada Plataforma per la Llengua, que la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha denunciado ante Protección de Datos.
Las conclusiones del informe se asemejan a las de otras encuestas sobre población adulta, con la particularidad de que en este caso se trata de quienes se encuentran en edad escolar, en pleno adoctrinamiento de inmersión lingüística. El Govern y los sectores independentistas de Cataluña utilizan como señal del arrinconamiento de la lengua catalana el hecho de que la mitad de los niños `observados´ en los campamentos y clubes recreativos utilicen el castellano para comunicarse con sus compañeros y que en los catalanoparlantes sea muy frecuente el cambio al castellano ante expresiones de su interlocutor en esta segunda lengua. El método empleado para la observación y recogida de datos de las conversaciones, grabaciones incluidas, ha sido desarrollado por el centro vasco Soziolinguistika Klusterra desde 2006.
El estudio, titulado `L'estat del català al cau i a l'esplai. Estudi sociolingüístic a l'associacionisme educatiu de base voluntària i comunitària a Catalunya´ (sin traducción al español), tenía cuatro objetivos: comprobar el uso del catalán por los niños en actividades de esparcimiento, medir sus cambios de lengua en las conversaciones, comprobar las variables que acompañan al uso del catalán y, por último, el papel que juegan los monitores de esas actividades como referentes lingüísticos. Los responsables del estudio destacan que “hemos visto algunos casos de niños con un alto grado de fidelización lingüística en castellano (…) que, incluso, hacen cambiar la lengua de sus interlocutores". Y añaden: “En cambio, hemos visto que hay pocos casos de niños que se adapten lingüísticamente hacia el catalán”.
Al Consell de la Joventut de Catalunya, ligado al Govern y corresponsable de este espionaje lingüístico junto a Plataforma per la Llengua, pertenecen de pleno derecho la Juventud Socialista (PSC), Jóvenes de la UGT de Cataluña, Joventut Obrera Cristiana, etcétera. Su estudio sociolingüístico ha sido denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos por Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que lidera el movimiento por la enseñanza en castellano.
Señala el escrito presentado por Losada que no consta que las escuchas y datos personales utilizados lo hayan sido con autorización de los padres/tutores y de los monitores, y aun así se han “recogido 1.413 conversaciones y se han registrado 138 notas de voz con observaciones sobre ellas (…) Los investigadores escuchaban y observaban los diálogos entre los menores, entre estos y los monitores, y entre los monitores”. Todo ello se hizo durante actividades de los menores en fines de semana y durante sus estancias en colonias o campamentos de verano, apuntando la denuncia de la AEB a la vulneración de cuatro artículos de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, así como del artículo 4 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Con un presupuesto de gastos de 494.302,25 € en el último ejercicio, cubierto en su totalidad con subvenciones de la Generalitat, el Consell Nacional de la Joventut está dirigido por miembros de la Intersindical-CSC, de agrupaciones de scouts, de Juventud Comunista y de Juventud Republicana. Su sintonía con Plataforma per la Llengua, también denominada `policía lingüística´, y con la política excluyente del español aparece en los propósitos de su Plan Estratégico de defender el uso del catalán en instituciones públicas y ámbito juvenil o en promocionar actividades lúdicas y culturales en catalán. Este Consejo de la Juventud catalana, que hace años abandonó el organismo homónimo del Estado español, en 2022 donó 8.798,43 € para una conferencia de Mediterranean University on Youth and Global Citizenship, centro del Consejo de Europa y del Observatorio Nacional de la Juventud de Túnez, y ese mismo año se posicionó contra la candidatura Pirineos-Barcelona para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.
El control sobre las conversaciones de 1.128 menores y 285 monitores adultos ha sido posible por la complicidad de las seis organizaciones de escultismo o movimiento scout que han puesto a los niños participantes en acampadas u otras actividades a disposición del espionaje de sus usos lingüísticos: Esplais Catalans (ESPLAC), Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya (MCECC), Federació Catalana de l’Esplai (FCE), Acció Escolta de Catalunya (AEC), Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) y Escoltes Catalans (EC).
Los denominadores comunes de esas agrupaciones, nacidas en la estela del Movimiento Scout Mundial fundado por Baden-Powell, son la identificación con el nacionalismo excluyente y gozar de generosas subvenciones de instituciones públicas. Destaca en este aspecto Minyons Escoltes i Guies, con patrocinio fijo de la Generalitat, del Fondo Social Europeo y del Servicio Público de Empleo de la Generalitat, que entre subvenciones de capital y por actividades en 2022 recibió 943.734,05 euros del gobierno catalán y la Diputación de Barcelona. Los Minyons Escoltes i Guies, que dicen ser 18.000 miembros en 150 agrupaciones, colaboran con las organizaciones hispanófobas Plataforma per la Llengua y Som Escola, además de con la Fundación Bofill, UAB, UB, UOC…
El Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya, que reúne 200 agrupaciones repartidas por las diócesis catalanas más Mallorca, Menorca y Andorra, cuenta con financiación de la Generalitat, de tres diputaciones, de cuatro de los mayores ayuntamientos de Barcelona, más la colaboración de la Obra Social La Caixa y Fundació Llegat Roca i Pi. Su ideario incluye “la conciencia de pertenecer a un Movimiento catalán arraigado en nuestro país” que le lleva al propósito, de cara a 2025, de “redefinir la visión y el compromiso del Movimiento con la opción cristiana y catalana”.
La intensificación de una política lingüística dirigida a disuadir a los más jóvenes del uso del castellano en sus relaciones sociales ha prendido también en el Ayuntamiento de Barcelona. Tras la presentación del informe sobre uso del catalán y el castellano en las acampadas de scouts, el Consistorio gobernado por el PSC, con Jaume Collboni al frente, acaba de crear una comisión para diseñar un plan dirigido al fomento de la lengua catalana entre los jóvenes y en los entornos digitales y tecnológicos.
La dirección de esta operación está en manos de Maria Eugènia Gay, del PSC y segunda teniente de alcalde y de la concejal de ERC, Elisenda Alamany. La identificación de los gobernantes del Ayuntamiento de Barcelona, paralela a la de la dirección del Partit dels Socialistes de Catalunya, con la estrategia de arrinconamiento de la lengua española, aflora notoriamente en las comunicaciones de su Servicio de Prensa. Todas redactadas exclusivamente en catalán y con un falso enlace a la que sería versión en castellano: regresan a las mismas páginas en lengua catalana.