La diputada que acusa a Garriga de irregularidades estudia una denuncia penal y pide una reunión con Erra

La 'pelota' de la denuncia a Ignacio Garriga sobre sus supuestas irregularidades está ahora en manos de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña. Así lo han confirmado fuentes de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que han remitido la denuncia del pasado 8 de abril por la diputada de Vox Isabel Lázaro a la presidenta de la Mesa, Anna Erra, porque, como explicita la misiva a la que ha tenido acceso Vozpópuli, es la entidad competente y que puede tener mayor conocimiento de los hechos denunciados por el artículo 33 del Reglamento de la cámara sobre "medios materiales y control". Una vez se indague en el asunto la Mesa podría dar luz verde a la OAC para iniciar las investigaciones.

Cabe recordar que la diputada del partido derechista envió una carta al Comité Ejecutivo Nacional a principios de abril donde acusaba al líder de Vox en Cataluña de haber pagado con tarjetas del grupo gastos personales con conceptos variopintos como envíos de comida por Glovo, el AMPA, compras en supermercados, gastos en peluquerías y barberías, servicios de tintorería, compras en heladerías y bastantes gastos en bares cercanos al estadio del RCD Espanyol, del que el portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, es socio. Unos gastos repartidos en un total de 10 facturas en 2021 y 12 en 2022 que ascenderían, respectivamente, hasta los de 14.316 euros y 38.085 euros.

Ahora, con la decisión en manos de la Diputación Permanente y en plena campaña electoral en Cataluña, Lázaro ha enviado un correo a Erra para conocer cuál es el procedimiento a seguir por parte del órgano "dada la gravedad del asunto" y la mala praxis que rezuman estos gastos al no encajar con la normativa. A pesar de que el dirigente catalán de Vox y candidato a la Generalitat por este partido de cara al 12-M ha recalcado que las cuentas están auditadas y que se trata de una campaña de desprestigio por parte de Lázaro tras su destitución como presidenta provincial de Tarragona, Lázaro sigue su lucha y le ha pedido, de hecho, una reunión a la presidenta posconvergente de la Diputación Permanente para informarle "personalmente" y "solventar dudas que pudieran derivar por ambas partes".

En su correo además pone en conocimiento a Erra de que se personará en el Juzgado de Guardia pertinente para cursar una denuncia penal. Según ha conocido este medio, la diputada autonómica ya trabaja en el redactado con sus abogados para dar este paso, ante la intención de indagar en cómo ha auditado el partido las cuentas, que pasan por la sede del partido en Madrid. La denunciante sigue afirmando que se trata de gastos indebidos de hasta 52.400 euros de dinero público asignado por la cámara catalana al partido en las dotaciones económicas anuales que se dan a todos los grupos.

Indagar en los "filtros internos" del partido

Según fuentes parlamentarias, la cámara catalana no tiene, en principio, competencias para controlar la actividad financiera de los partidos políticos, más allá de "cuadrar los gastos y las facturas" que les remiten. Sí existen "filtros internos" en los grupos y responsables de gestión económica financiera que deben velar por la atribución debida y justificada de esos gastos. Según el mecanismo establecido, los partidos deben rendir cuentas anualmente de su gestión ante la Mesa, que es precisamente lo que le ha pedido Antifraude al Parlament que mire con más detalle en este caso.

En lo que se refiere a estas subvenciones en específico, según regula el régimen jurídico del órgano se asigna a su presupuesto con una dotación fija y otra variable que determina la Mesa del Parlament según la importancia numérica de cada partido. Si en 2021 ese presupuesto para Vox fue de 839.800 euros, en 2022 ascendió hasta los 1.032.815 euros, según recoge el mismo órgano. De ese presupuesto los grupos pueden justificar gastos comunes como desplazamientos en taxi, asesores, manutención o viajes. En alguna de estas áreas se habría facturado los gastos más ociosos y sin razón justificable, según denuncia Lázaro en la carta remitida a Bambú, la madrileña sede del partido.

Choque con Lázaro con la llegada de Sergio Macián

Diplomada en Relaciones Laborales y nacida en Zaragoza hace 57 años, los "problemas" con Lázaro, que había desempeñado su cargo con "normalidad" orgánica e institucional en el Parlament de Cataluña, comenzaron en vísperas de la conformación de las listas. "Después de cuatro años como presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Tarragona, le comunicamos que íbamos a hacer un cambio en la provincia", reconocen en Bambú sobre lo que consideran un punto de inflexión en su actitud.

Sergio Macián, número dos en la lista por Tarragona hace tres años y también diputado autonómico, tomó el testigo y fue nombrado presidente del CEP el 20 de marzo. Además, también como 'número uno' en la lista al Parlament por la provincia. "Empezó a despotricar del partido cuando estamos haciendo las listas", justifican la no continuidad de Lázaro. Ante estos movimientos, lo que ha defendido Lázaro en todo momento es que intentó "tener una reunión con Ignacio Garriga para aclarar todo esto directamente con él, pero no encontró el momento para atenderme, salvo para comunicarme mi destitución como presidenta".