Antifraude ya investiga la denuncia de la diputada de Vox por presuntas irregularidades de Garriga

Las facturas por valor de 52.400 euros cargadas en el Parlament de Cataluña por el líder catalán de Vox, Ignacio Garriga, ya están en manos de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), como ha conocido Vozpópuli. Como confirman fuentes del órgano, la denuncia fue recibida el pasado 8 de abril y se ha activado el plazo de 10 días hábiles para decidir su admisión y envío a las áreas de investigación. La expresidenta provincial del partido en Tarragona y diputada autonómica esta legislatura, Isabel Lázaro, remitió una carta al Comité Ejecutivo Nacional hace unos días donde acusaba a Garriga de haber pagado con tarjetas del grupo gastos personales.

Los conceptos son variopintos: constan envíos de comida por Glovo, compras en supermercados, gastos en peluquerías y barberías, servicios de tintorería y hasta compras en heladerías. Unos gastos repartidos en un total de 10 facturas en 2021 y 12 en 2022 que ascenderían, respectivamente, hasta los de 14.316 euros y 38.085 euros, tal y como adelantó El Confidencial este lunes. "Facturas a nombre de Ignacio Garriga que no entiendo en concepto de qué servicios le puede pagar el grupo a su propio presidente", cuestiona Lázaro en la comunicación trasladada a la dirección nacional del partido.

Hablamos de unas subvenciones que la Cámara catalana otorga a todos los grupos y que, según regula el régimen jurídico del órgano, se asigna a su presupuesto con una dotación fija y otra variable que determina la Mesa del Parlament según la importancia numérica de cada partido. Si en 2021 ese presupuesto fue de 839.800 euros, en 2022 ascendió hasta los 1.032.815 euros, según recoge el mismo órgano. De ese presupuesto los grupos pueden justificar gastos comunes como desplazamientos en taxi, asesores, manutención o viajes. En alguna de estas áreas se habría facturado los gastos más ociosos y sin razón justificable, según denuncia Lázaro en la carta remitida a Bambú, madrileña sede del partido.

"Estamos muy tranquilos", contestan fuentes de la dirección de Vox en conversación con este periódico. "Los 52.400 euros en cuestión ya fueron auditados por el Parlament, como el dinero gastado por el resto de grupos, porque los gastos se someten a una auditoría obligatoria", aseguran. Como en los "15 parlamentos, 22 diputaciones provinciales y 700 y pico ayuntamientos" donde la formación de Santiago Abascal tiene representación, una vez auditados, los gastos auditados son remitidos a Bambú. Allí son "revisados", si bien el cotejo no es "uno a uno", y almacenados por si hay algún problema.

"Ignacio perdió mucho dinero por entrar en política y es un tío honesto", defienden al 'número dos' de la formación que, como en febrero de 2021, volverá a ser el candidato de Vox en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. No así Isabel Lázaro por Tarragona, para muchos, el verdadero motivo de que haya abierto la caja de Pandora. "Un despecho", zanjan desde la dirección nacional. Pero "un despecho" que puede traer cola para el líder indiscutible de la formación en Cataluña a un mes de las elecciones. "Tendrá el ruido que quieran darle los medios", desplazan la responsabilidad.

"Empezó a despotricar"

Diplomada en Relaciones Laborales y nacida en Zaragoza hace 57 años, los "problemas" con Lázaro, que había desempeñado su cargo con "normalidad" orgánica e institucional en el Parlament de Cataluña, comenzaron en vísperas de la conformación de las listas. "Después de cuatro años como presidenta del Comité Ejecutivo Provincial [de Tarragona], le comunicamos que íbamos a hacer un cambio en la provincia", reconocen en Bambú sobre lo que consideran un punto de inflexión en su actitud.

Sergio Macián, número dos en la lista por Tarragona hace tres años y también diputado autonómico, tomó el testigo y fue nombrado presidente del CEP el 20 de marzo. Además, también como 'número uno' en la lista al Parlament por la provincia. "Empezó a despotricar del partido cuando estamos haciendo las listas", justifican la no continuidad de Lázaro. "Intenté tener una reunión con Ignacio Garriga para aclarar todo esto directamente con él, pero no encontró el momento para atenderme, salvo para comunicarme mi destitución como presidenta", escribe en la carta.

Según explican fuentes de Vox en Cataluña, "las cuentas están en manos del Parlament de Cataluña y absolutamente todos los gastos están presentados y justificados en los órganos de control y fiscalización del Parlamento, que no ha detectado ninguna irregularidad ni gastos injustificados". Preguntado por este tema, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, hizo hincapié en el lunes en que las cuentas del grupo están "auditadas hasta el último céntimo" y que el Tribunal de Cuentas autonómico tiene las cifras. Expresó que eran "gastos ordinarios de funcionamiento del grupo parlamentario".

Sin embargo, según argumentan fuentes del Parlament a este medio, la cámara catalana no tiene competencias para controlar la actividad financiera de los partidos políticos, más allá de "cuadrar los gastos y las facturas" que les remiten. Expresan que existen "filtros internos" en los grupos y responsables de gestión económica financiera que deben velar por la atribución debida y justificada de esos gastos. Según el mecanismo establecido, los partidos deben rendir cuentas anualmente de su gestión ante la Mesa.

La competencia de fiscalización, le corresponde "en exclusiva" al Tribunal de Cuentas, afirma la cámara catalana, por la ley orgánica de financiación de los partidos políticos. De hecho, este órgano ya expedientó en enero a Vox con 233.000 euros de multa por donaciones irregulares para sufragar su querella contra Torra. La denuncia a la OAC sería el primer paso para luego, en caso requerido, elevarlo al Tribunal de Cuentas.