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Cataluña

Los comunes mantienen el pulso por el Hard Rock y amenazan con echar por tierra las cuentas catalanas

En el arranque del trámite, la Mesa abrirá este miércoles dos períodos de enmiendas con 10 días naturales para proponer enmiendas a la totalidad y otro de un periodo para presentar las enmiendas al articulado

Ada Colau y Jessica Albiach

Empieza el trámite de los presupuestos catalanes de 2024 tras el pacto entre el PSC y ERC. Este miércoles, la consellera de Economia i Hisenda, Natalia Mas, le entregará a la presidenta de la Mesa del Parlament, Anna Erra, el proyecto de ley de las cuentas públicas para que empiece la tramitación parlamentaria. El president de la Generalitat, Pere Aragonés, espera poder atar los apoyos del tercer partido para conseguir los 68 diputados necesarios en total en la cámara catalana una vez se empiece el debate. Ahora mismo, las cuentas de los republicanos y socialistas necesitan dos votos más para hacerse realidad, una llave que tienen los comunes de Jessica Albiach en el Parlament.

El president de la Generalitat quiere colgarse el galón de haber aprobado presupuestos cada año y agotar el mandato hasta las elecciones catalanas con la alfombra roja, demostrando que es capaz de conseguir los apoyos necesarios en el Parlament a pesar de haber estado en minoría en el Govern desde 2022, cuando Junts rompió la coalición. Este fue su argumento cuando revalidó el liderazgo al frente de ERC hace un mes, donde descartó el adelanto electoral, y sería la primera vez que un president cumple los cuatro años de legislatura desde el tripartito de Montilla.

"Cambio de cromos"

Ahora se abre un plazo de negociación parlamentaria que no cuenta con la mayoría necesaria. Las cuentas de 2023 se aprobaron en primavera y ese es el horizonte de ERC, con la amnistía en ciernes y la campaña electoral pisando los talones de cara a los comicios catalanes. Por ahora, Junts ha cerrado la puerta a cualquier entendimiento con los presupuestos que presentan los dos partidos progresistas, que han dejado fuera la bonificación del impuesto de sucesiones tal y como pedían los posconvergentes. Para los de Puigdemont se trata de un "cambio de cromos" entre el PSC y ERC, vinculando los presupuestos de la Generalitat con los del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona. Una afirmación no tan desencaminada ya que este martes la portavoz de ERC, Patricia Plaja, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que el pacto presupuestario se dio la semana pasada, cuando se aprobaron los de Barcelona, por "el interés de la otra parte". La socialista.

En el arranque del trámite, la Mesa abrirá este miércoles dos períodos de enmiendas con 10 días naturales para proponer enmiendas a la totalidad y otro de un periodo no inferior a veinte días naturales para presentar las enmiendas al articulado y al estado de los gastos. ERC está convencido que en este tiempo podrá decantar la balanza de los comunes a favor de las cuentas públicas, argumentando que el proyecto del megacasino del Hard Rock, al que se oponen frontalmente los comunes y es muy "mediático" como ha dicho Plaja, sigue su trámite al haber sido un proyecto anterior a las negociaciones, impulsado por sectores privados, y ser aprobado por una mayoría parlamentaria. Sin embargo, los comunes siguen defendiendo que es una línea roja y no ceden aunque Aragonés defienda que el texto no reserva ninguna partida presupuestaria relativa a este proyecto.

Los comunes piden una renuncia explícita

Aunque ERC y el PSC defienden que los presupuestos no incluyen ninguna mención a este proyecto, los 'morados' quieren que el Govern haga explícita su renuncia a este proyecto del Camp de Tarragona por ser "incongruente con la situación de la sequía actual". Los de Jessica Albiach están decididos a mantener el pulso a Aragonés en la negociación parlamentaria y no se van a mover. El partido va exprimir al president exigiendo políticas sociales como planificar una "Cataluña de trenes", 1.000 millones para vivienda, la regulación de los alquileres de temporada, la puesta en marcha con 1.000 millones de la eléctrica pública para abastecer con renovables todos los edificios de la Generalitat y la dotación de un Fondo de 150 millones para el desarrollo de la Ley de Barrios Verdes.

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