Ni el sindicato mayoritario del catalán se fía de la Generalitat: "La inseguridad es máxima"

La mayoría de los profesores de Cataluña, muchos de ellos bajo el paraguas del sindicato USTEC, el mayoritario en temas de Enseñanza, llevan meses exigiendo al Departamento de Educación que asuma la responsabilidad legal que pueda recaer en los directores de los centros educativos cuando sus proyectos lingüísticos no se ajusten a las exigencias del TSJC.

El decreto lingüístico aprobado por el Gobierno catalán viene a responder a esa demanda al exonerar a los responsables de las más de 4.500 escuelas de Cataluña de cualquier responsabilidad legal que surja de desacatar la sentencia que blinda un mínimo del 25% de castellano.

Sin embargo, el profesorado no se fía. Tampoco de las instrucciones enviadas esta semana por el consejero de Educación, Josep Maria Cambray, a quien siguen exigiendo la dimisión por otros menesteres más allá del conflicto lingüísticos como son los recortes y el calendario escolar.

"Las propuestas descafeinadas que nos ha hecho llegar la administración hasta ahora muestran la incapacidad de la consejería para llegar a acuerdos, evidencian la incapacidad negociadora y la poca voluntad política de poner soluciones reales y prácticas a las problemáticas que hemos ido planteando de forma unitaria y con el total apoyo del personal en los centros educativos", critican desde USTEC, organización sindical defensora de la inmersión lingüística en catalán.

Instrucciones para 'blindar' el catalán

Según Ustec, el mismo día de la aplicación de la sentencia en contra de la inmersión lingüística sobre el 25% de castellano, los centros educativos y el profesorado recibieron una instrucción poco concreta y poco efectiva sobre cómo proceder. "La inseguridad del profesorado es máxima, no existe ninguna cobertura legal ni la garantía de una asunción de responsabilidad por parte de la administración", concluyen.

Además, los profesores de Cataluña critican que, a las alturas de curso, no se han publicado los currículos. "Aún se encuentran en exposición pública, después de recibir cientos de propuestas de cambios, algunos muy relevantes, que en buena parte no se han tenido en cuenta. Para el próximo curso es impracticable su aplicación desde el punto de vista pedagógico", consideran.

No existe ninguna cobertura legal ni la garantía de una asunción de responsabilidad por parte de la administración

La polémica está servida. A pocas semanas de que finalice el curso escolar, la 'batalla' lingüística resurge con fuerza. Lejos de acatar el fallo de los tribunales, las autoridades catalanas abogan por incumplirla e instan a los colegios a elaborar proyectos lingüísticos en los que no esté presente porcentaje o cuota alguna en cuanto a las lenguas.

De acuerdo a las instrucciones enviadas por Cambray, y a las que ha tenido acceso Vozpópuli, los centros deben acreditar antes de un mes que sus proyectos lingüísticos cumplen la normativa vigente. Una vez validados por el departamento, quedarán exentos de responsabilidad legal ante los tribunales.

¿Y cómo pretende la Generalitat validar los proyectos? A través de cuestionario con siete preguntas sobre la situación de las lenguas en el centro. Este cuestionario deberá ser revisado por la inspección educativa antes de ser enviado al departamento. Una de las cuestiones, la más conflictiva por el choque frontal que supone con el TSJC, emplaza a los centros a responder si evita la utilización de los porcentajes en la enseñanza y en el uso de las lenguas. Si la respuesta es 'no', es decir, si el centro apuesta por el empleo de cuotas para el castellano y catalán en su proyecto, este no será validado. Si el director contesta que 'sí', habrá luz verde por parte de Educación.

De la 'desobediencia' al 'nuevo marco normativo'

De esta forma, y en contra del reclamo del TSJC en sentencia firme, el Gobierno de Pere Aragonés rechaza expresamente los porcentajes. En virtud del decreto ley ya publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), y que debe ser ratificado por el Parlament antes de un mes, los profesores están abocados a la "inaplicación" de "parámetros numéricos" en el uso de lenguas en las escuelas.

De la "desobediencia" al "nuevo marco normativo". El Ejecutivo catalán, que cuenta en su haber con numerosas declaraciones en las que insta a desobedecer a los tribunales, cambia el tono y habla ahora de un "nuevo marco normativo". "Lo que estamos haciendo es legislar para proteger a los centros educativos y ninguna solución puede ser más democrática. Garantizamos el modelo de escuela catalana y lo reforzamos", defendió Cambray.

El consejero de Educación ha lanzado una advertencia a los docentes que utilicen una lengua diferente a la que conste en el proyecto lingüístico del centro en sus clases. "La fiscalización no me gusta, pero si una vez hacemos el seguimiento vemos desajuste en el cumplimiento, tomaremos las decisiones oportunas", ha respondido en un desayuno Nueva Economía Forum. Será la inspección educativa - la autonómica- la encargada de hacer un seguimiento y un acompañamiento para asegurar el cumplimiento del decreto de la polémica.

Cambray, en el punto de mira

Cambray lleva meses en el disparadero. Por primera vez en años, el sector de la enseñanza ha salido a protestar a las calles y no solo por el asunto del catalán. Aunque la mayoría de docentes integrados en sindicatos defienden la inmersión lingüística en catalán, muchos de ellos han participado en diversas huelgas por sus condiciones laborales, el calendario escolar y, en definitiva, los recortes en Educación sin revertir hasta antes de la crisis.

A diferencia de Clara Ponsatí y Josep Bargallo, el dirigente de ERC no procedía estrictamente del ámbito educativo. Es ingeniero técnico industrial y licenciado en marketing y, aunque ha impartido clases en la Universidad de Lérida y la UOC -la misma del ministro Manuel Castells- ha desarrollado el grueso de su actividad profesional en el ámbito de la administración pública de Cataluña.

Antes de hacerse con el mando de Educación en mayo de 2021, el político republicano ocupaba el cargo de director general de Centros Públicos en el mismo departamento. Fue durante esta etapa cuando se hizo más conocido, ya que le tocó responsabilizarse del dispositivo para volver a las clases presenciales en Infantil, Primaria y Secundaria en un contexto de pandemia. Su gestión de la crisis le sirvió de catapulta para convertirse en consejero y uno de los nuevos rostros que integran el Govern de Pere Aragonès. Sin embargo, las peticiones de cese son incesantes. Ni siquiera el sindicato mayoritario de profesores confía en sus palabras a la hora de desobedecer a los tribunales tal y como plantean.

La AEB pide multas a Cambray de 1.500 euros al día

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado un escrito con alegaciones al TSJC en el que insta a la sala a declarar que el Consejero de Educación no ha dado cumplimiento al Auto de 4 de mayo de 2022 en el plazo fijado por el TSJC y a requerir personalmente al Consejero de Educación para que de manera inmediata y efectiva dicte las instrucciones necesarias para que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en cada una de las lenguas oficiales en el curso 2022/2023.

"Que acreditada la voluntad incumplidora del Consejero de Educación se le imponga al Sr. González Cambray o a aquella persona que le sustituya en el cargo -en el supuesto de que ello aconteciere- una multa coercitiva de 1.500 euros diarios en tanto en cuanto no conste que, de manera efectiva, todos los alumnos catalanes reciben al menos un 25% de la docencia en cada una de las lenguas oficiales con carácter vehicular", reclama la AEB.