Catorce meses han pasado ya. En diciembre de 2019 un tribunal de la Audiencia Provincial de Álava dictaba sentencia sobre el caso De Miguel. Es el mayor escándalo por corrupción en la historia reciente del País Vasco. Sin embargo, el Tribunal Supremo todavía no ha decidido si ratifica o no las condenas, que por lo tanto no son firmes y permiten, por ejemplo, que los principales acusados del caso sigan trabajando para empresa públicas del Gobierno vasco.
El caso versaba sobre una trama dirigida por Alfredo de Miguel, entonces alto dirigente del PNV alavés, para cobrar comisiones a empresas a cambio de favores de la administración. La red también conseguía contratos a dedo del Departamento de Cultura del Gobierno vasco. Además, intentaron un pelotazo urbanístico que acabó sirviendo para cavar su tumba.
Recoge la sentencia, y así lo contó en su día Vozpópuli , que los comportamientos de esta trama fueron posibles gracias a sus influencias y sus relaciones derivadas de su poder en el PNV. De hecho, todo fue obra de un grupo de dirigentes y militantes peneuvistas. Pura corrupción, pero todavía presunta porque el Supremo aún no ha ratificado la sentencia.
Ni penas más altas ni cárcel
Los principales acusados por este escándalo (el propio De Miguel, Aitor Telleria, Koldo Ochandiano y Javier Sánchez Robles) fueron condenados a penas de entre seis y 13 años de cárcel. La Fiscalía alavesa había pedido penas más altas durante el juicio y, de hecho, reclamó después al Supremo que elevase las condenas por un nuevo delito de coacciones. Pero los fiscales del alto tribunal hicieron caso omiso de esa petición. Esa decisión de la Fiscalía, que data de junio de 2020, es la última notica sobre el caso.
Políticamente el caso se da por amortizado tanto en Ajuria Enea como en Sabin Etxea, sedes de la Lendakaritza y el PNV, respectivamente. De hecho, estas condenas no afectaron en las elecciones autonómicas vascas del pasado año, cuando los 'jeltzales' aumentaron sus diputados en el Parlamento vasco
Asimismo, una vez conocida la condena de la Audiencia Provincial, los fiscales que llevaron el caso exigieron la entrada en prisión de los principales cabecillas de la trama. Petición que también quedó en saco roto hasta que decida el Supremo, sea cuando sea. Por supuesto, la defensa de los acusados reclama ante el alto tribunal la absolución de sus defendidos mediante sus recursos de casación que denuncian, entre otras cosas, errores en la investigación de la Ertzaintza.
Así las cosas, desde aquella sentencia histórica, sólo cabe esperar una decisión que confirme o no la corrupción de esa red del PNV, pero que tampoco parece provocar preocupación ni interés en la sociedad vasca. Entretanto, algunos de los condenados siguen a sueldo del Ejecutivo vasco, ya que trabajan para empresas públicas, como ya se ha dicho. Como si nada hubiera pasado. A la espera del Supremo.
Políticamente el caso se da por amortizado tanto en Ajuria Enea como en Sabin Etxea, sedes de la Lendakaritza y el PNV, respectivamente. De hecho, pese a su gravedad estas condenas no afectaron en las elecciones autonómicas vascas del pasado año, cuando los jeltzales aumentaron sus diputados en el Parlamento vasco. En su día, tanto el lehendakari, Íñigo Urkullu, como el presidente peneuvista, Andoni Ortuzar, pidieron perdón por las condenas al tiempo que intentaban desvincular al partido de lo ocurrido.
Al menos en el ámbito simbólico sí es relevante saber qué pasa con el caso De Miguel. Entre otras cosas porque aquellas condenas que ahora parecen olvidadas acabaron, al menos temporalmente, con el mito sobre la limpieza del PNV. Porque los condenados eran militantes jeltzales y se aprovecharon de sus cargos públicos. Porque todos formaban parte de un grupo que se formó en los años noventa precisamente en el seno de EGI, las juventudes peneuvistas. Porque el cabecilla era el número dos del PNV alavés. Y por otras muchas cosas que, a tenor de los sondeos y de la escasa relevancia mediática del caso, permanecen en el olvido de la sociedad vasca.
