El Gobierno de Canarias presentó este jueves recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para que le permita acordar al cierre perimetral de las islas que se encuentren en nivel 3 y 4 sin el amparo del estado de alarma. El Ejecutivo regional renuncia, sin embargo, a presentar recurso por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de no ratificar el toque de queda.

El Ejecutivo canario acordó recurrir sólo el cierre perimetral porque el Ministerio Fiscal se mostró a favor de esta medida y porque, del conjunto de seis magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que tomó la decisión, dos formularon un voto favorable a la ratificación de esta medida.

El TSJC rechazó hace tres días la pretensión del ejecutivo regional, que quería mantener el toque de queda tras el estado de alarma y establecer limitaciones de entrada y salida de personas en las islas que se encuentran en los niveles de alerta 3 y 4.

En su resolución, el TSJC indicaba que no es su cometido la revisión de la oportunidad de las medidas acordadas, sino analizar cuáles de ellas limitan o restringen derechos fundamentales de los ciudadanos y si tal limitación encuentra cobertura legal.

El tribunal canario aseguró en su decisión que se trata de "un verdadero confinamiento por la sola razón del horario” para evitar determinadas conductas que puedan entrañar un mayor riesgo para la salud pública porque se considera que la misma habitualmente por costumbre social se desarrollan de noche y estima que los poderes públicos cuentan con otros instrumentos jurídicos de intervención menos lesivos.

Ahora el Tribunal Supremo designará un instructor y dará tres días a las partes para que presenten sus alegaciones. A partir de entonces, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo tendrá cinco días para deliberar y resolver el recurso.

También el Gobierno de Andalucía ha anunciado que presentará recurso con el objetivo de fijar criterios uniformes sobre la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales por las comunidades autónomas con motivo de la pandemia.

El procedimiento tiene carácter de urgencia y establece que debe ser resuelto en un plazo de cinco días, por lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se plantea incluso habilitar los fines de semana para la deliberación de estos recursos. La Sala que decidirá está presidida por el magistrado César Tolosa y formada por Pablo Lucas, Celsa Pico, Luis María Díez Picazo, Pilar Teso, José Luis Requero y Rafael Toledano.