El campo recela de la ley contra el desperdicio del Gobierno: "Puede dañar al granjero"

Un nuevo palo para el campo. Reducir el precio de los productos con fecha de caducidad próxima puede perjudicar al sector, que ya sufre desde hace muchos meses las consecuencias de la crisis de precios. Mientras que los consumidores lo ven como una oportunidad para ahorrar unos euros a su bolsillo, (y los ecologistas como un avance hacia un mundo más sostenible), el campo teme que reducir los precios, ya de por sí muy ajustados, pueda ser sinónimo de pérdidas.

La nueva Ley antidesperdicio, aprobada en el Consejo de Ministros y enmarcada en el Ministerio de Agricultura y Pesca, recoge en uno sus puntos que los mercados y los 'super' tendrán que reducir el precio de los productos cercanos a su fecha de caducidad. Este es precisamente el punto que genera el debate entre los trabajadores del campo, tanto en agricultura como en ganadería. Aunque en principio es una medida que puede hacer bien a la sociedad, porque se van a reducir los desperdicios y se van a conseguir productos con precios más asumibles, diversos representantes de asociaciones agrícolas, consultados por Vozpópuli, denuncian que el gobierno no les ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar esta ley.

Jordi Montfort, secretario general de la Asociación Interprofesional de Carne Avícola (Avianza), explica en conversaciones con este periódico que para su sector va a ser muy perjudicial, ya que la carne de pollo es especialmente vulnerable a caducar rápido, y reducir su precio supondría grandes pérdidas para los trabajadores del sector. "Creemos que no va a ser beneficioso para ningún eslabón del mismo, pues supone una presión más para unas compañías que ya están castigadas con precios de derribo, certificaciones medioambientales, de calidad, de bienestar animal, costes energéticos y de producción por las nubes", denuncia el representante de la Asociación.

El representante avícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Eloy Ureña, apunta lo mismo: "Lo llevamos claro. A la larga por supuesto que nos va a afectar. Como siempre, el granjero es el que sale perjudicado. Es un problema más que se suma a todos los que ya tenemos". Además, añade que como productor preferiría donar el sobrante a la beneficencia a que se venda más barato.

Desde el sector de la fruta, también consideran que va a perjudicarles. Óscar Moret, representante del sector en COAG, se queja de que deberían de estar tranquilos, pero "no lo estamos porque sabemos que la realidad es que las pérdidas van a terminar recayendo en los productores". Al igual que sus compañeros, cree que la medida va a provocar pérdidas en el agricultor.

Diferencia de opiniones en el campo

Todos los sectores contactados coinciden en que estas iniciativas, que buscan mejorar el medio ambiente y están a favor de la sostenibilidad, "son muy bonitas en palabras pero no son reales en el papel". Ureña destaca que medidas como la compra por proximidad son muy difíciles de aplicar en grandes ciudades. "Más que tomar estas decisiones, lo que tienen que hacer nuestros representantes políticos es fomentar la repoblación de otros territorios", añade.

Sin embargo, no todos los sectores se muestran igual de recelosos con respecto a esta medida. Andoni García, responsable de Organización de COAG y encargado de agricultura, considera que no tiene por qué perjudicar al agricultor, siempre que se haga bien. "Si queda muy detallado y muy claro que solo afecta a productos cercanos a su caducidad y se asegura que no haya presión sobre el resto de la cadena, en principio no tiene porqué afectar negativamente al productor", señala a este periódico.

Bajo su punto de vista, igual que señala Montfort, la clave es que la Ley de la Cadena se respete en todo momento. Esta medida contempla que todos los niveles del proceso tienen que cubrir los costes de producción. "Para que esto sea así, necesitamos responsabilidad por parte de la distribución para realizar una retribución más justa y acorde al incremento de materias primas, electricidad, mano de obra, plásticos y cartonaje, logística, etc. Por lo tanto, la distribución, deberá tener en cuenta este factor en la rotación de sus productos para no incumplir con la Ley de la cadena, en donde no se puede vender por debajo del precio que has comprado", apunta Montfort.

Pérdida de valor del producto

Otro de los aspectos que señalan los representantes contactados es que a largo plazo, su producto puede perder valor. Por un lado, porque "si el ciudadano percibe que el precio del producto es más bajo de lo que realmente cuesta, se pierde la percepción del valor del mismo, denigrando al producto incluso por debajo de su coste".

Y, por otro lado, porque para evitar que se reduzcan los precios en el supermercado final, las distribuidoras querrán vender a mínimos, solo lo que se vaya a comprar. "Y eso a nosotros nos retrasará las entregas y nos asfixiará con los precios", señala Ureña.