La Unión Europea sigue "de cerca" la situación de España y vigila las reformas en el contexto de su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de los países miembros. La Comisión Europea (CE) ha remarcado este martes que está al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional español para paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial y ha pedido a "todas las autoridades y partes nacionales" que actúen "acorde a las reglas y procedimientos" nacionales en esta situación.
"Normalmente no comentamos sobre decisiones judiciales. Esperamos que todas las autoridades nacionales y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional", ha anunciado durante la rueda diaria del Ejecutivo comunitario el portavoz de Justicia, Christian Wigand.
Fuentes comunitarias citadas por la agencia EFE han recordado además que los estándares europeos para las reformas judiciales de calado requieren que se consulte previamente a todas las partes implicadas, como a los órganos de jueces, a los fiscales o incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en ciertos casos, antes de presentarse a la tramitación.
El portavoz, por su parte, ha tratado con cautela el asunto para evitar comentar tanto de manera directa la decisión del Constitucional para congelar la reforma impulsada por los partidos del Gobierno y que afectaba a este mismo tribunal como el propio borrador de ley.
Los líderes de ambas cámaras del Parlamento y el Ejecutivo han anunciado que acatarán la decisión del Constitucional y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en una declaración institucional que el Ejecutivo adoptará "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al "injustificable" bloqueo del poder judicial y del TC.
Bruselas también puso el foco en el caso de Rumanía y Polonia
No es la primera vez que la Comisión Europea recrimina a un Estado miembro la tramitación de ciertas reformas de calado sin consultar con las partes, como sucedió en Rumanía o Polonia, y apunta al Tribunal Constitucional como el espacio adecuado para dirimir las dudas que pueda causar la tramitación de una reforma como la española.
La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de frenar la proposición de ley que cambia el sistema de elección de sus miembros y que se iba a estudiar esta martes en la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una crisis institucional en España
