Bruselas intervendrá si el PSOE acepta las enmiendas de Junts para blindar a Pujol, Borràs y Boye

Las enmiendas que Junts ha presentado a la amnistía amenazan la viabilidad de la ley pero también ponen en un aprieto al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea. De hecho, si finalmente son incorporadas a la proposición de ley, Bruselas intervendrá. Y es que estas aportaciones en solitario se dirigen a los dos asuntos que más preocupan al Ejecutivo europeo y sobre los que está vigilante: la corrupción y malversación y el lawfare.

Otras polémicas propuestas de los posconvergentes pretenden eliminar el delito de terrorismo como línea roja para aplicar la amnistía y blindar a Carles Puigdemont en el marco de la causa Tsunami Democràctic.

Junts, además, apunta de nuevo a las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil) porque considera que puede dinamitar la amnistía. Por eso, pretende, contra lo que dicen la legislación europea y la propia Constitución, una "cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE" no pueda dejar en suspenso la aplicación de la amnistía.

El pasado 22 de noviembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, advirtió al Ejecutivo español en el Parlamento Europeo de que fiscalizará las "enmiendas" a la amnistía y el resto de acuerdos de gobierno "que no hemos visto", en alusión al lawfare, "y elementos del Derecho criminal a nivel europeo", en referencia a la corrupción y malversación.

En su intervención final en el debate en el Parlamento Europeo sobre la "amenaza para el Estado de Derecho por un acuerdo de gobierno en España", Reynders lanzó un aviso al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el control político sobre los jueces o lawfare, que aunque no está de forma explícita en la proposición de ley de amnistía, sí lo está en el acuerdo con Junts, que presionará ahora por incorporarlo al texto de la norma.

En suma, Reynders advirtió de que la Comisión evaluará la ley de amnistía para verificar su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea. En calidad de guardiana de los tratados europeos, llevará a cabo un análisis "independiente y objetivo" tanto del texto de la ley como de sus enmiendas.

Las polémicas enmiendas

Junts quiere que se incluyan en la ley de amnistía todos los delitos de terrorismo, incluso aquellos que no están juzgados, lo que blinda a Puigdemont y evita que se impute a 'Tsunami Democrátic' la muerte de un ciudadano francés por un infarto tras el bloqueo de El Prat.

Los neoconvergentes también solicitan que se adelante dos meses la aplicación de la ley de amnistía, hasta el 1 de noviembre de 2011, para blindar el procés e "incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual", lo que beneficiaría al expresidente Jordi Pujol y su familia. El caso Pujol está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, por lo que en caso de que estas enmiendas se aprueben, se podría evitar la celebración de la vista, así como una posterior sentencia condenatoria. 

En una mención al 'lawfare', se habla en otro de "operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito". Un texto que podría ajustarse a la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por fraccionar contratos para un amigo.

Gonzalo Boye está acusado de blanqueo de dinero para el narco Sito Miñanco. En Junts se defiende que si no fuera el abogado de Puigdemont no se le habría procesado.

El expresidente catalán también quiere borrar los delitos cometidos en respuesta a los agravios por la 'operación Cataluña' y que en el redactado de las enmiendas figuran como "los actos en respuesta a operaciones policiales artificiosas".

Junts, además, insiste con las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil) porque considera que puede dinamitar la amnistía. Por eso, pretende que contra lo que dicen la legislación europea y la propia Constitución, una "cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE" no pueda dejar en suspenso la aplicación de la amnistía.

El texto que registró Junts busca amnistiar "todas las responsabilidades civiles y contables" derivadas de los actos y delitos del procés, incluidas las de la causa actual que se sigue en el Tribunal de Cuentas contra Puigdemont y sus compañeros por malversar fondos públicos. Esta causa ya se intentó parar. El problema es que se trata de una devolución por el uso indebido de esos fondos. Al no tratarse de un delito o una sanción, sino de una mera devolución, parecía complicado que se pudiera acoger en los efectos de la amnistía.

Además, Junts pretende que todos los encausados puedan reclamar que se les devuelvan las multas que ya han pagado.

Intereses comunes y contrarios de Junts y ERC

Las enmiendas de Junts sobre terrorismo coinciden con las de ERC, que se abre a transaccionarlas y a complicarle al PSOE a ponencia de la ley y la comisión.

Los socialistas intentaron hasta el último minuto que Junts no se desmarcara y firmara con ellos al menos una de las enmiendas. 

La proposición de ley no se tramita en lectura única, por lo que las enmiendas de los grupos dilatarán el proceso, lo que se ha interpretado que ha forzado ERC contra los intereses de Junts, para retrasar su aprobación y una vuelta a España de Puigdemont que le permita presentarse a las elecciones catalanas.

La tramitación en lectura única habría evitado el informe de los letrados que ve inconstitucional la amnistía.