Publicado: 06/06/2022 04:45
Ione Belarra seguirá adelante con su plan de acreditación para las residencias caiga quien caiga. Las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales en el Congreso esta semana han hecho volar por los aires lo poco que quedaba de los puentes del Ministerio y la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). En un ataque sin precedentes por parte de un ministro al sector de las residencias, Belarra a las empresas privadas que ofrecen tales servicios de la siguiente forma: "Son un lobby muy poderoso que lo que quiere es hacer negocio con nuestras personas mayores".
Parece claro que la ministra no va a contar con el sector empresarial de la Dependencia para imponer su nuevo modelo residencial, un modelo que según la FED, en declaraciones exclusivas a Vozpópuli, pone en riesgo 36.000 puestos de trabajo. "Teniendo en cuenta que se perderán 72.500 plazas, estaríamos hablando de cerca de 36.000 puestos de trabajo menos", afirma Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.
Recordemos que el modelo de Belarra pasa por dos pilares clave. Uno consiste en limitar el número de plazas por residencia. El borrador del Ministerio plantea un máximo de 75 plazas para residencias de zonas rurales, 90 para las que se encuentren en zonas de densidad poblacional media y 120 para las de zonas urbanas. Este punto es el que más críticas desata en la patronal, pues califican de inviable la propuesta y encima tiene carácter retroactivo. Es decir, que no se aplicará solo a residencias de nueva construcción, sino también a las ya construidas, que tendrían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2029 para hacer las reformas necesarias. El segundo pilar es el establecimiento de un ratio de un trabajador por cada dos residentes.
Las matemáticas de Belarra
El principal problema de la ministra de Unidas Podemos es, tal como aducen desde el sector de la Dependencia, número. El borrador de Belarra no presenta un cálculo sobre las consecuencias económicas de sus exigencias. Este factor no solo preocupa a los empresarios, también a comunidades autónomas gobernadas por el propio Partido Socialista (PSOE). El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, ha incidido precisamente en la potencial pérdida de empleos que las medidas de la ministra de Derechos Sociales puede suponer: "Es un cambio de modelo importantísimo, con buena intención seguramente, pero puede poner en riesgo miles de trabajos del ámbito residencial".
La aplicación del modelo Belarra supondría eliminar el 25% de las plazas residenciales del sector privado, unas 72.500. Una pérdida de plazas que España no se puede permitir porque incluso ahora, sin limitaciones normativas, hacen falta 70.000 más. Si finalmente se impone el criterio de la ministra de Podemos, el déficit de plazas en nuestro país ascendería a 142.500.
Económicamente supondría, además, un incremento del 50% en las tarifas de las residencias privadas, como advierten desde la FED, unos 1.000 euros más por plaza. "En los términos económicos actuales las familias no pueden permitirse un incremento en el gasto tan monumental por lo que se aumentarían las listas de espera para acceder a una plaza pública", explica Fernández-Cid. Además, denuncia que la inseguridad jurídica que se está creando ha ralentizado la creación de nuevos centros.
Otra de las exigencias inviables es la de los ratios de personal. "Pueden poner el ratio que quieran, no hay suficientes profesionales", explica la patronal. Efectivamente, ahora existe una gran escasez de profesionales sociosanitarios y de Enfermería, un problema que se extiende al sector sanitario. Esta escasez se debe, principalmente, a dos factores: la necesidad de mejorar las condiciones laborales de estas profesiones para atraer a más personal y la de acelerar las homologaciones de títulos".
Las CCAA se oponen
Por el momento, Belarra se ha visto obligada a aparcar el proyecto al no conseguir suficientes apoyos de las comunidades autónomas en el último Consejo Territorial. Aun así, la ministra asegura que quiere tener listo el proyecto en un mes. El proceso, pese a sus deseos, está bastante estancado.
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Que te construyan una residencia en el pueblo quiere decir que los abuelos no se tienen que ir fuera, crea puestos de trabajo... y si son de más de 75 más gente a trabajar. El pueblo que tiene una residencia tiene un gran activo.
Muy de los comunistas, destruir para que no quede nada, atacar y arrasar a lo privado para que solo quede los público ¡ pero si no hay capacidad para que atienda lo público ! ¡ Cuantos impuestos habría que pagar ! Me temo que es esto lo que quieren, quedarse con el 100% de nuestro dinero, comunismo 100%.
He oído que lo que quieren es que los ancianos estén en la casa de sus hijos o en la casa que dejaron. Pues hay ancianos que ese imposible que puedan pagarse una atención 24 horas x 7 días, a los comunistas ricos les da igual, ellos sí pueden.