Batet recula y opta por retirar el escaño a Rodríguez aunque la Mesa pide aclaración al Supremo

Un requerimiento del Tribunal Supremo a la presidenta del Congreso, Mertitxell Batet, ha bastado para que la situación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez cambie. La socialista se ha mostrado este jueves partidaria de ejecutar la sentencia del alto tribunal, según fuentes de la presidencia consultadas Vozpópuli, y despojar al parlamentario morado de su acta.

No obstante, la mayoría de la Mesa, los cinco diputados de PSOE y Podemos, han votado a favor de pedir al Supremo una aclaración, como paso previo, de la sentencia en la que el alto tribunal condenó a un mes y quince días a Rodríguez por agredir a un agente de policía en 2014. Los tres miembros de PP y Vox se han decantado por quitar ya el escaño al diputado morado.

Una vez se pronuncie el Supremo, que ya ha expresado que su sentencia está clara y que debe ejecutarse, las fuentes consultadas indican que, casi con total probabilidad, Alberto Rodríguez dejará de ser diputado en el Congreso.

La Mesa siguió el criterio de los letrados del Congreso que entendieron que la sentencia que no implica su inhabilitación

Este martes, la Mesa Cámara siguió el criterio de los letrados del Congreso que entendieron que la sentencia no implica su inhabilitación puesto que el juez Manuel Marchena conmutó la pena de prisión por una multa de 540 euros que Rodríguez ya ha abonado. Por eso, la mayoría de la Mesa salvó el escaño del morado que ahora peligra.

El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión (sustituibles por una multa de 540 euros) por un delito de atentado a agentes de la autoridad. En el fallo, que se firmó el 6 de octubre y contó con dos votos particulares, se hizo hincapié en que la condena por agredir a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) en 2014 llevaba aparejada la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo que durase la condena.

En el mismo fallo, el tribunal de la Sala de lo Penal que le juzgó dio orden de que se notificara a la Junta Electoral Central, teniendo en cuenta su condición de parlamentario. Ante las dudas sobre su correcta aplicación, el alto tribunal envió días después un auto de ejecución de la condena para que se procediera a inhabilitarle de su condición de parlamentario de Unidas Podemos.  

El tercer pronunciamiento de la Sala que dirige Manuel Marchena se produjo este mismo miércoles, cuando solicitó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que remita al Tribunal Supremo el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta, con el fin de realizar la liquidación de su condena. Este movimiento se produjo después de que los letrados de la cámara baja afirmaran que el exsecretario de organización del partido socio del Gobierno pudiera seguir conservando su escaño.