'Barra libre 18' (24/02/21) | El desvío de donaciones de Podemos y el acercamiento de terroristas

Un nuevo miércoles y una nueva entrega de 'Barra libre', el programa de Vozpópuli dirigido por la periodista Ana Núñez-Milara. En esta ocasión, el redactor de tribunales, Alejandro Requeijo, trae las sospechas de la Audiencia Nacional sobre varias transferencias que se hicieron a miembros del partido con fondos provenientes de la llamada 'caja de solidaridad', en la que los cargos del partido depositan una parte de su sueldo para destinar a fines sociales.

Tras él, el redactor de política Gonzalo Araluce cuenta que en 2020 se ha trasladado al doble de terroristas, de ETA y el GRAPO, que en los años anteriores. El año pasado se trasladó a un total de 199, mientras que entre 2019 y 2018 se concedieron 125.

El periodista Joaquín Hernández explica que el precio de los alquileres de viviendas cae prácticamente al mismo ritmo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, pese a la entrada de vigor en el territorio catalán, el pasado mes de octubre, de la ley que fija topes a los precios en zonas tensionadas.

La nota económica en esta edición la pone la redactora Alejandra Olcese, que explica el destino que el Gobierno de Sánchez pretende dar a una parte de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Una parte del dinero de Bruselas se destinará al corredor ferroviario del Mediterráneo (que unirá la frontera francesa con Algeciras -Cádiz-) y al del Atlántico (que unirá la fachada atlántica con Madrid y con la frontera francesa por el paso de Irún -Guipúzcoa).

En la 'mesa de análisis' de esta entrega, el subdirector de Vozpópuli, Alberto Pérez Giménez, y la columnista Cristina Casabón debaten sobre los actos que han tenido lugar este martes en conmemoración del fallido golpe de Estado, ocurrido el 23 de febrero de 1981.

El broche final a esta edición del programa que conduce la periodista Ana Núñez-Milara lo pone el editor y fundador de Vozpópuli, Jesús Cacho, con 'el minuto del editor'. En este espacio compara el 23-F con el referéndum celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. En este sentido, plantea que al mismo tiempo que el Gobierno conmemora el intento fallido de golpe de Estado, pacta con los partidos separatistas que organizaron la consulta ilegal.