El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que le entregó un sobre con 60.000 euros a la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El dinero, según ha dicho, procedía de una empresa de la construcción llamada Ploder, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
Bárcenas está cumpliendo con su promesa de colaborar con la justicia en todo aquello de lo que tenga conocimiento. Esta acusación se enmarca dentro de la investigación del caso Púnica en el que Esperanza Aguirre se encuentra formalmente imputada por la financiación irregular del partido en Madrid desde septiembre de 2019.
Ha explicado que esa entrega se hizo en torno a los años 2007 y 2008 y que a él se lo entregó previamente el presidente de la empresa Ploder, Luis Gálvez, en una visita a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Según su versión, luego acudió al despacho de la dirigente madrileña y le dio el dinero en un sobre en presencia de su antecesor en el cargo de tesorero, Álvaro Lapuerta, y el cabecilla de la trama Púnica y exdirigente del PP de Madrid, Francisco Granados.
Durante algo más de dos horas de interrogatorio no ha escatimado en detalles como al precisar que ni Álvaro Lapuerta ni él contaron el dinero, sino que se fiaron de la cantidad que les dijo el empresario. Ha llegado a apuntar que no era muy grueso el sobre por lo que debían ser billetes de 500 euros. No ha podido asegurar que esta donación al partido fuese finalista, es decir, que a cambio de ese dinero se le adjudicase a la constructora alguna obra pública en concreto, pero ha opinado que esas cantidades no eran donaciones altruistas.
Ploder, presente en la investigación
La empresa Ploder aparece en la investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como una de las firmas que financió ilegalmente al partido. En el auto dictado con motivo de la imputación de Aguirre, figura en una lista de empresas que pagaban un canon de un 1 por ciento por la construcción de centros de salud dentro del plan "Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004- 2007".
La trampa consistía en que las empresas adjudicatarias tenían que inflar el precio de su oferta ese 1 por ciento en concepto de publicidad para promocionar el nuevo centro hospitalario. Es decir, se encarecía el precio que se pagaba desde las arcas públicas y ese porcentaje luego se introducía en el partido. La publicidad no se hacía o costaba mucho menos de los que se declaraba por ella.
El pago se canalizaba a través de la Consejería de Sanidad a través de facturas falsas giradas a las empresas de publicidad del empresario Horacio Mercado, uno de los principales investigados. Todo ello, según determinó el juez en su momento, se hacía con el conocimiento de Esperanza Aguirre. La empresa Ploden pagó 19.241,71 euros a las empresas de Mercado.
Bárcenas accedió a esta declaración tras romper el pacto secreto de no agresión que mantenía con el PP. El motivo de la ruptura fue el ingreso en prisión también por el caso Gürtel de su mujer, Rosalía Iglesias. El extesorero consideró que el PP había incumplido su palabra al no evitarlo. El partido acusa a Bárcenas y a la Fiscalía de haber llegado a un acuerdo para perjudicarles. Desde ambas partes lo niegan. El ministerio público reaccionó con el escepticismo a la oferta de colaboración de Bárcenas y le instó a que presentase documentos.
Varias cajas de documentos
El extesorero, que ha declarado este miércoles en calidad de testigo –con obligación legal de decir la verdad-, ha afirmado que los documentos relevantes para esta investigación del caso Púnica estaban entre el material que le robaron en la operación Kitchen, presuntamente urdida por el Ministerio del Interior para arrebatarle ilegalmente información comprometedora para el partido. Ha añadido que finalmente se publicaron en la prensa. No obstante, Bárcenas ha amenazado con varias cajas de documentos que afectan al partido a nivel nacional.
Ha apuntado a que esos datos serán relevantes para la causa sobre los llamados Papeles de Bárcenas que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y que dirige el juez Santiago Pedraz. Este magistrado ya se ha interesado por escuchar en declaración al extesorero y lo hará en las próximas semanas. Según ha dicho, esas cajas las tiene una tercera persona y ha comunicado su intención de aportarlas.
En relación al PP de Madrid ha afirmado que el gerente del partido en la comunidad, Beltrán Gutiérrez, llevaba una contabilidad B como la que él y Lapuerta desarrollaron a nivel nacional y que esa forma de proceder era algo habitual en todas las territoriales. Siempre según su versión, a nivel nacional se les fijaba el tope de gasto en función de las subvenciones electorales y a partir de ahí, cada una tenía autonomía propia para recabar sus propios fondos.
Fundescam
En ese proceder ha enmarcado incluso la fundación pública madrileña Fundescam. Según ha dicho, se creó para canalizar las donaciones ilegales de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Era la forma de que aportasen dinero al partido y recibiesen una factura y además pudiesen desgravar. Bárcenas ha implicado en ese plan a los exdirigentes de la formación Pio García Escudero y Ricardo Romero de Tejada.
Este miércoles, minutos antes de que el extesorero prestase declaración, se ha conocido que la cárcel de Soto del Real le ha concedido dos permisos de seis días cada uno para salir de prisión al haber alcanzado el cuarto de su condena. El PP ha reaccionado a la noticia con un tuit ahondando en sus sospechas de pacto con una frase en latín: pacta sunt servanda (los acuerdos se cumplen).
El cambio de estrategia de Bárcenas también estuvo acompañado de un nuevo abogado llamado Gustavo Galán. El letrado ejerce la defensa de otros investigados en la trama Púnica que, como el extesorero, también ofrecieron colaboración y señalaron a Aguirre en sus declaraciones ante el juez. Se trata del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y la que fuera administradora de las empresas de Correa, en situación de semilibertad a pesar de haber encadenado varias condenas por el caso Gürtel, Isabel Jordán.
Tras conocer la declaración de Bárcenas en el Juzgado, la propia expresidenta ha emitido un comunicado en el que tacha la acusación de “rotunda mentira”. “Sólo tiene su explicación en el ofrecimiento hecho por el señor Bárcenas, en su escrito a la Fiscalía, con el evidente propósito de mejorar la situación penitenciaria de su esposa, en los mismos términos que ha sido beneficiada doña Isabel Jordán, condenada a más de veinte años y hoy en libertad gracias a la actuación del mismo abogado que, desde hace sólo unas semanas, defiende al señor Bárcenas y a su esposa e impulsa esta estrategia procesal”, añade. Anuncia una querella contra el extesorero.
La imputación de Aguirre se enmarca en la pieza número nueve de la trama Púnica, caso que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dirigido por el magistrado Manuel García-Castellón, el mismo que instruye el caso Villarejo. Las fiscales del ministerio público se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para argumentar la acusación presentada el pasado viernes.
Los agentes sitúan a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular del PP madrileño durante varias campañas electorales. En concreto, fueron el exconsejero Manuel Lamela y la ex directora General de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego quienes declararon que la expresidenta participó en reuniones con los empresarios acusados de financiar al Partido Popular madrileño.
