Publicado: 20/07/2022 20:07
Actualizado: 20/07/2022 20:53
El ex juez Baltasar Garzón ha solicitado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que inste a España a cumplir con el dictamen emitido hace un año por este organismo internacional, el cual declaró que se habían violado los derechos fundamentales del otrora magistrado e impuso a las autoridades españolas la obligación de proporcionarle una "reparación integral" del daño causado, una reparación que cree que debe incluir su restitución en la carrera judicial.
La abogada de Garzón en este caso, Helen Duffy, ha informado en un comunicado de que ha enviado un escrito instando a que "el Gobierno cumpla con la obligación de otorgar la 'reparación integral' indicada por el Comité, incluyendo la reinserción en la judicatura, reconocimiento y compensación, y medidas para garantizar la no repetición de la interferencia en la independencia judicial que ha tenido lugar en este caso".
En su dictamen del 25 de agosto de 2021, el Comité dio la razón a Garzón al concluir que el Tribunal Supremo (TS) vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.
El Comité consideró que la interpretación en este asunto de Garzón --"aún en el supuesto de haber sido errónea"-- "no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal", al tiempo que calificó de "arbitraria e imprevisible" la condena del TS "al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida" por la ley.
También vio vulnerados los derechos de Garzón por el proceso derivado del 'caso Franquismo' --donde investigaba desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco-- al estimar que el entonces juez hizo una "interpretación jurídica plausible" de la que no se desprende "una mala conducta o incompetencia que pudiera justificar su incapacidad para el desempeño de sus funciones".
En consecuencia, la ONU dictaminó que "el Estado parte tiene la obligación" de "borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido", de proporcionar al ex juez un recurso efectivo y de "adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro".
"Desprecio a los Derechos Humanos"
Para Garzón, la "reparación integral" indicada por el Comité debería verse materializada, además de en esas medidas, en "su restitución en su puesto de juez", "la emisión de una disculpa pública por parte del Estado y la publicación del dictamen en el Boletín Oficial del Estado", "el pago de una indemnización por los daños materiales y morales sufridos", y "la modificación de la ley española" para garantizar la no repetición.
El antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 hace este llamamiento al Comité porque "el Gobierno de España tenía de plazo hasta el 25 de abril de 2022 para implementar el dictamen condenatorio", sin que lo haya hecho. "Expresamos nuestra profunda preocupación por el llamativo desprecio de los Derechos Humanos y de la autoridad de mecanismos de la ONU que el silencio del Estado español representa", señala el comunicado.
De acuerdo con el mismo, "hace meses" que Duffy escribió al Gobierno "mostrando disposición a discutir formas constructivas de avanzar" para aplicar el dictamen de la organización internacional. "Sin embargo, observamos con gran preocupación que el Gobierno no ha mostrado ningún esfuerzo por abordar las graves cuestiones que sustentan este caso, ni por ofrecer ninguna forma de reparación por las violaciones identificadas por el Comité", asegura Duffy.
Por ello, explica la nota de prensa, "se ha procedido a presentar el escrito ante el Relator Especial para el Seguimiento de los Dictámenes del Comité, y a otras instancias internacionales, instándoles a tomar medidas que garanticen la implementación por parte de España".
"Hace tiempo que el Estado español debería haber abordado las notorias violaciones establecidas en este caso. Debe proporcionar a Baltasar Garzón la reparación exigida por la ley y comprometerse activamente para evitar la manipulación del derecho penal y el ataque a la independencia judicial que representa este caso", reclama.
Rechazo del Constitucional y Estrasburgo
Garzón presentó una queja contra España ante este Comité de la ONU en la que alegaba haber sido víctima de múltiples violaciones de sus Derechos Humanos durante los dos procedimientos que se dirigieron en su contra en el Supremo.
En el marco de su estrategia de defensa, el ex magistrado recurrió también al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ambos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo.
Por su parte, el TS fijó, en una sentencia de 12 de febrero de 2020 referida a otro asunto, que un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como el que le dio la razón a Garzón, no es equiparable a una resolución del TEDH.
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Jajajajajajajajajajajajajajaja, que gracioso es el prevaricador.
Garzón, Bermejo y los cuernos de los ciervos.
Título para un libro del seguimiento de la justicia de izquierda en España.
Hace muchos años. Este era el juez contra unos narcos en un barco apresado con toneladas de cocaína en aguas gallegas. En su forma habitual de extorsión a los acusados para que canten y poder medrar, alarga la instrucción y les mantiene a todos en prisión medio incomunicados. Muerde hueso, son tipos duros y nadie canta. Pero el capitán del barco no es del cartel y ahí hinca el diente: le promete, por escrito, todo tipo de beneficios e impunidad si delata y condena a los narcos. Así, el capitán se convierte en delator de unos peligrosos narcos.
En el juicio se demuestra que el sr Garzón grabó las conversaciones de los narcos con sus abogados, algo también habitual en el juez. Se anula la instrucción y el único condenado es el capitán que confesó pero su declaración no sirvió para condenar a los narcos. El juez Garzón se lava las manos, al menos tiene un condenado.
Epilogo: El cartel narco declaró públicamente que el capitán no peligraría EN la cárcel, le dejarían cumplir sus más de 20 años que le cayeron.
Las garzonadas son incontables y hacer macrosumarios y luego largarse a USA a cobrar las conferencias.Le gusta mucho el dinero y tiene mucho por ahí................
Las típicas garzonadas............
"Querido Emilio:..."
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un grupo de amiguetes de la onda de Garzón que se mete donde no tiene competencias para enmendar la plana a la Justicia española. Espero que esto no prospere, porque eso sí sería una vergüenza.
Totalmente de acuerdo.¿Que pinta la ONU haciendo de tribunal?.¿No tienen otras cosas que hacer,tal y como anda el planeta...?.