Ayuso usará su ley de autonomía financiera para una batalla judicial con Sánchez

Isabel Díaz Ayuso aprueba este miércoles la ley de autonomía financiera de la Comunidad de Madrid con un objetivo claro: blindar su bajada de impuestos frente a la reforma fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta regional da por hecho que el Ministerio de Hacienda tratará de imponer una "armonización" que ataque directamente a la reducción de tasas de su ejecutivo, tal y como reclaman barones socialistas como Ximo Puig y también desde ERC, y ya se prepara para toda una batalla judicial.

"Con esta ley, nos protegemos". Así de tajantes se muestran altos cargos del gobierno regional, muy próximos a Isabel Díaz Ayuso, sobre la estrategia de Sol frente a la reforma fiscal de Sánchez. Las mismas fuentes, consultadas por Vozpópuli, recuerdan que en febrero el Ministerio de Hacienda presentará el informe de la comisión de expertos y, para entonces, "queríamos tener el texto aprobado".

Tal y como se informó en este diario, la ley que saca hoy adelante el Consejo de Gobierno regional pretende preservar la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 de la Constitución.

Según la Carta Magna, las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Ese "precepto constitucional", afirman las fuentes consultadas, estará en el texto de la ley autonómica.

Un 'arma' para la 'batalla jurídica'

De esta forma, el objetivo de Isabel Díaz Ayuso es poner negro sobre blanco a una evidencia -"la Constitución establece que las comunidades autónomas tienen la competencia de gestión y liquidación de una serie de impuestos"- para "estar armados jurídicamente si el Gobierno quiere cambiar eso".

En ese sentido, las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que la ley de autonomía fiscal es una "herramienta jurídica" de cara a una batalla legal con el Ejecutivo central que, en absoluto, se descarta: "En febrero conoceremos cuál es su plan, aunque su idea es no aprobarlo hasta 2023. Para entonces, nuestra ley llevará meses en vigor".

Ese texto, que "protege políticas como la reducción del IRPF y la eliminación de los impuestos propios", servirá como "principal argumento" frente a una reforma fiscal del Gobierno que, advierten desde Sol, "quiere arrebatarnos una competencia que está transferida a las comunidades autónomas".

Igual que con la 'Ley Celaá'

Desde el ejecutivo autonómico comparan esta estrategia con la que ya aplicó Isabel Díaz Ayuso para defender "las competencias en Educación" que quería "saltarse" el Gobierno de Pedro Sánchez con la reforma educativa, conocida como la 'Ley Celaá'.

Así, el pasado mes de julio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la Ley Maestra de Libertad Educativa, con la que buscaba blindar la enseñanza concertada y la libertad de elección del centro educativo frente al articulado de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en noviembre de 2020.

El texto, que llegó a la Asamblea de Madrid en octubre, servirá al gobierno regional para aplicar su propia norma y no la estatal, a la espera de cualquier litigio que, como con la reforma fiscal, no se descarta.

En todo caso, en esta ocasión la ley estatal llegará después que la autonómica, por lo que la Comunidad de Madrid ha tomado, en materia fiscal, la iniciativa frente al Gobierno de Sánchez.